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Puerto de Mogán

Caso Góndola, el fin de la escapada (II)

El Caso Góndola es uno de los tres asuntos en los que se ha personado el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (OCC). Además estamos personados en el caso “Abornasa”, de Crevillent, en el que se investigan irregularidades en los contratos de concesión de retirada de basuras de algunos municipios, y solicitada y aún no aceptada en el caso “Algeciras”, Ecodragas o UTE isla verde, que cualquier nombre vale, en el que existe denuncia de un empresario al Tribunal de Cuentas, OLAF, -Oficina de investigación del Fraude de la Unión Europea- y al juzgado correspondiente, en un caso que en estos momentos está con la denegación del juez instructor a la personación del OCC, y con un recurso planteando incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Cádiz por el cúmulo de irregularidades que atesora la instrucción y a los que ya nos hemos referido en boletines anteriores.

El caso Góndola trata de investigaciones llevadas a cabo por personal de la Brigada Provincial de Información, cumpliendo órdenes del jefe superior de Policía y la autoridad judicial, ante la negativa del mando de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas a asumir las investigaciones alegando que no disponía de personal suficiente para ello.

La primera denuncia sobre las irregularidades en el Ayuntamiento de Mogán la hicieron dos concejalas del PP, Carmen Delia e Isabel Santiago, que no aceptaron las irregularidades que veían y se fueron a la fiscalía anticorrupción provocando el inicio de la investigación. Era el verano de 2006, han pasado más de 10 años y parece que por fin, en el mes de enero, va a celebrarse el juicio oral, pero en estos diez años han pasado y siguen pasando muchas cosas en Mogán.

La primera denuncia sobre las irregularidades en el Ayuntamiento de Mogán la hicieron las concejalas Carmen Delia e Isabel Santiago

Tras una complicada investigación policial sometida a muchas presiones de todo tipo, internas, políticas y mediáticas, aquel asunto acabó, pasaron los años y algún vecino de Mogán se dirigió al OCC trasladando denuncia y datos coherentes, indicios sólidos, de que se había podido producir una compra de votos en las elecciones municipales de 2015. Se analizó, se consideró que merecían credibilidad y se remitió a la Delegación del Gobierno, que según informaciones posteriores lo había remitido al juzgado de instrucción correspondiente. Por una suerte del destino volvíamos a estar ante lo que podía ser una trama mafiosa unos años después y en la misma trinchera: defendiendo la legalidad y combatiendo prácticas corruptas llevadas a cabo en el mismo escenario del caso Góndola.

Solicitada la personación en el caso Góndola y los juicios que se celebrarán por piezas separadas del mismo, y presentada la denuncia por la presunta compra de votos en 2015 en Mogán, encontramos también noticias de prensa en las que se denunciaba compra de votos en las elecciones municipales de 2007, y en fechas recientes hemos encontrado algo que debería disparar todas las alarmas de la instrucción judicial: una noticia de prensa que informa de presunta compra de voto en las elecciones municipales de Mogán en el año ¡1995! Que 21 años después de aquello sigan habiendo denuncias de compra del voto no puede ser casualidad y exige agilidad y rigor en la investigación judicial.

En la operación policial del caso Góndola llevada a cabo en el Ayuntamiento de Mogán en el año 2006 fueron detenido, el alcalde, Francisco González, del PP, y la entonces teniente alcalde y antes concejal de vivienda, Onalia Bueno, en aquel tiempo militante del PP y hoy alcaldesa de Mogán con Ciuca, gracias al apoyo del PSOE local con el impulso de la socialista María del Pino González Vega. Difícil será explicar cómo se pasa de denunciar en los medios de comunicación presuntas prácticas mafiosas en los años posteriores a 2006 a apoyar a una alcaldesa imputada y que era miembro del partido al que se acusaba de dichas prácticas en Mogán. Pero la política en España admite esto y cualquier otra cosa, ante la mansedumbre que evidencia la ciudadanía y la falta de autoridad de los políticos para impedir este tipo de giros rocambolescos, autoridad que solo demuestran si se trata de luchar por el poder interno, nunca para limpiar de prácticas corruptas las instituciones.

La instrucción del caso Góndola ha llevado más de 10 años y se ha dividido en distintos sumarios, del que la causa principal va a iniciar el juicio oral el próximo mes de enero, si no sufre un nuevo retraso. En estos diez años los empresarios y políticos implicados en el caso Góndola han seguido protagonizando la vida política de Mogán. El empresario Antón Martín, implicado también en el caso Faycán, Santiago Santana Cazorla, empresario que quiere construir negocios en la zona costera, Onalia Bueno, alcaldesa, Isabel Santiago, una de las denunciantes desde el PP del caso de corrupción hoy concejal de Nueva Canarias, y se han sumado otros protagonistas como el director general de costas que permitió determinadas actuaciones de remoción de tierras en la playa de Anfi, preparando el terreno para las obras previstas, que ha sido cesado y recibido una querella de la fiscalía hace escasas semanas.

Así pues el OCC está actuando en Mogán, de una parte, personado en el sumario principal del Góndola y en todos los demás juicios que se celebren por piezas separadas del mismo, y como denunciante, con datos muy sólidos, de una presunta compra de votos en Mogán en las elecciones municipales de 2015.

Transcurridos ocho meses de las últimas actuaciones al juzgado, y de que algunos vecinos de Mogán hayan declarado en el mismo y hayan manifestado en medios de comunicación y redes sociales que conocen la compra de votos, la justicia sigue su lento camino hacia el esclarecimiento de los hechos.

Con la información aportada al sumario con indicios de la compra de votos se podrían completar varios boletines como este, pero una elemental norma de prudencia y respeto a la autoridad judicial y la previsible investigación aconsejan mantener dichos datos en la reserva (continuará).

Source: Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción
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