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El Diputado del Común lamenta la reacción del grupo de gobierno de Mogán ante su recomendación

Jerónimo Saavedra
Jerónimo Saavedra

El Diputado del Común ha salido al paso de la críticas del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán sobre el posicionamiento de esta institución ante el reglamento municipal que prohíbe, con carácter general, la grabación de imagen y sonido de las sesiones plenarias, advirtiendo de que no tolera ni comparte “los términos en que se ha dirigido a esta institución sobre el personal técnico de la misma, ni las descalificaciones vertidas sobre los representantes de los ciudadanos en la oposición en el Ayuntamiento”.

Jerónimo Saavedra recuerda al grupo de Gobierno municipal que la recomendación y sugerencia realizada por este comisionado del Parlamento de Canarias al Ayuntamiento de Mogán, tras la queja presentada por algunos ediles y que se puede consultar en la página web del Diputado del Común (www.diputadodelcomun.org), “coincide con lo que ha resuelto el Defensor del Pueblo estatal el 19 de junio de 2012 y el defensor del pueblo de Euskadi (el Ararteko ) en marzo de 2013, entre otros defensores, así como, el fundamento de la sugerencia enviada a la Corporación municipal es similar al criterio que sostiene la Fiscalía en los recursos sobre Derechos Fundamentales números 111/2013 y 76/2013, este último, ante el Recurso de apelación planteado por el Ayuntamiento de Mogán contra la sentencia desfavorable de 31 de julio de 2013”.

El Diputado del Común ha querido aclarar, además, que ante la apreciación del alcalde de Mogán de que en los demás municipios de Canarias existe la misma norma prohibitiva de acceso a los plenos municipales mediante medios audiovisuales, que “esta cuestión estaba en estudio por el personal técnico del Diputado del Común para la apertura de una investigación de oficio de todos los municipios del Archipiélago.

Por último, Jerónimo Saavedra recuerda que el Diputado del Común refleja en su Informe Anual ante el Parlamento de Canarias los criterios de funcionamiento inadecuado de las distintas Administraciones Públicas, denunciados por los ciudadanos.

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