Seguridad privada
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Gobierno de Canarias fomenta pobreza y precariedad en el empleo con las contrataciones de seguridad privada

Maspalomas News publica el escrito íntegro de los sindicatos denunciando al Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos por facilitar adjudicaciones en materia de seguridad privada a las ofertas más baratas y a empresas que no aplican el convenio del sector, aun teniendo sentencias en contra de sus convenio de empresa.

Desde los sindicatos UGT, USO, Intersindical Canaria, Alternativa Sindical y CC.OO. acusamos al Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos por facilitar adjudicaciones en materia de seguridad privada a las ofertas más baratas y a empresas que no aplican el convenio del sector, aun teniendo sentencias en contra de sus convenio de empresa. Por ello, denunciamos que nuestros gobernantes vienen asumiendo una dejación de sus funciones al no velar por el cumplimiento de la norma, permitiendo que empresas que no pueden aplicar sus convenios de empresa lo apliquen fomentando con ello el recorte de salarios, recorte en mejoras sociales y permitiendo el establecimiento de la precariedad y la pobreza más absoluta en nuestro sector, pobreza y exclusión social que se esta implantando como cosa normal en miles de familias canarias.

Denunciamos a los mayores usuarios de la seguridad privada, al Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos por permitir que Seguridad Integral Canaria subrogue a sus trabajadores a empresas como Sinergias de Vigilancia con salarios aun más precarios y que les dé igual permitiendo que se incumpla la norma en su propia casa.

Nuestro Gobierno fomenta y permite que se establezcan nuevos salarios en nuestro sector con más de 400 euros por debajo de los contemplados en el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad (convenio del sector). De este modo se fomenta el retraso en el abono de las nóminas, que los Concursos Públicos sean subastas puras y duras, dándole los servicios de seguridad al postor más barato. A estas instituciones les da igual si luego pagan o no a sus trabajadores, con esta permisividad y dejación el Gobierno de Canarias rompe toda garantía de condiciones laborales.

El Gobierno de Canarias olvida que el servicio que se presta lo realizan personas, hombres y mujeres profesionales de nuestro sector que entre otras deben garantizar y velar por la seguridad de la ciudadanía canaria. Por ello, los sindicatos solicitamos al Gobierno canario que en la nueva Ley de Cláusulas Sociales que se quiere implantar para los pliegos de condiciones en la contratación pública, se garantice las condiciones económicas, laborales y sociales de la mano de obra.

Solicitamos que la propia Administración sea el garante principal del cumplimiento de los pliegos de condiciones, solicitamos que el cumplimiento del convenio del sector sea objeto primordial del contrato y de obligado cumplimiento. Solicitamos que se establezcan comisiones de control y seguimiento sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones donde estén representados empresas, gobierno y sindicatos.

En este sentido y dentro de la Ley de Contratos Públicos tramitada en el Congreso, los sindicatos venimos solicitando y exigiendo la implantación de elementos de salvaguarda, así como la responsabilidad subsidiaria de los propios clientes que acaben con la explotación laboral de los vigilantes de seguridad que toma su inicio en su máxima expresión con empresarios de nuestras islas que, lejos de catalogarse como modélicos, en la práctica demuestran ser todo lo contrario.

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