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La Justicia vuelve a fallar en contra de la política de recursos humanos de Onalia Bueno

  • La alcaldesa Onalia Bueno recibe un nuevo varapalo judicial por los traslados forzosos impuestos a funcionarios del Consistorio
  • Hasta cinco sentencias ha recibido ya el Grupo de Gobierno de Ciuca-PSOE anulando decisiones “arbitrarias e inmotivadas” en contra de trabajadores municipales

La Justicia anula el traslado forzoso al Negociado de Patrimonio de la exjefa del Servicio de Urbanismo y de la Asesoría Jurídica Municipal, reconociendo, además, la vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y moral.

Para el portavoz del Partido Popular en Mogán, Maicol Santana, “es evidente la nefasta política de Recursos Humanos desarrollada por la alcaldesa Onalia Bueno y su equipo de gobierno”. Estas declaraciones han sido realizadas por los populares de Mogán tras recibirse una nueva sentencia condenatoria de las prácticas laborales del concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, que estima una demanda presentada por una funcionaria en contra del traslado forzoso de departamento y cambio de puesto de trabajo.

Con este último pronunciamiento judicial, ya son cinco las sentencias que, desde mayo del año 2017 hasta la fecha, ha recibido el Grupo de Gobierno de Ciuca-PSOE anulando decisiones “arbitrarias e inmotivadas” sobre traslados forzosos de funcionarios, “algo que el Partido Popular ha estado alertando durante estos años en diversas ocasiones”, recuerda el portavoz Popular.

En todas las sentencias condenatorias de las prácticas laborales sobre traslados forzosos de funcionarios impuestos por la alcaldesa Onalia Bueno se falla sobre la nulidad del acto por falta de motivación en base al siguiente fundamento: “la simple alusión a la titularidad de la potestad de autoorganización, como motivación del acto, no expresa sino un inaceptable voluntarismo subjetivo, sin aporte alguno de racionalización objetiva, lo que es impropio de un Estado de derecho, en el que está constitucionalmente vedada la arbitrariedad (artículo 9.3 de la Constitución Española)”, Estado de derecho que obvia el grupo de gobierno de Ciuca-PSOE con su inadecuada gestión de recursos humanos.

“Es indiscutible que ni Mogán merece un gobierno así, ni los trabajadores municipales merecen este maltrato constante”, afirman los populares tras haber tenido acceso a la última sentencia, en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas censura, de forma expresa, la resolución del concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, que acuerda trasladar a la ex Responsable de la Asesoría Jurídica al Negociado de Patrimonio, anulando el traslado forzoso de la funcionaria por falta de motivación, concluyendo la Juzgadora que “el traslado de la demandante no se encuentra debidamente motivado”, pues, es obvio que “la decisión de la Administración estuvo motivada, no por una necesidad del servicio, sino por la intención de adscribir a la funcionaria demandante al negociado de patrimonio, apartándola del Servicio de Asesoría Jurídica”; y, por tanto, no existiendo razón objetiva alguna que, hipotéticamente, pudiera justificar el traslado impugnado, éste es nulo de pleno derecho.

Pero es que, además, la sentencia reconoce que la resolución dictada por el concejal Mencey Navarro vulnera el derecho fundamental a la integridad física y moral de la funcionaria demandante, concluyendo, literalmente, que: “debe censurarse la decisión del Ayuntamiento de ubicar a la actora en un puesto de trabajo situado en el sótano del edificio de las dependencias municipales, que no reunía las necesarias condiciones de seguridad y salud (…) Siendo, pues, evidente que el puesto de trabajo al que fue trasladada la actora no contaba con las necesarias condiciones higiénico-sanitarias, se considera infringido su derecho a la integridad física y moral …”, lo que sin duda constituye una conducta absolutamente reprochable que debe ser censurada en un Estado Social y Democrático de Derecho en el que la dignidad de los trabajadores debe ser una premisa en la actuación de cualquier empleador.

“No hay que olvidar que las cinco sentencias dictadas hasta el momento, que anulan la actuación municipal del grupo de gobierno de Ciuca-PSOE en materia de traslados forzosos del personal funcionario, condenan al Ayuntamiento al pago de las costas dimanantes del proceso judicial, cuya tasación supera la cantidad de 5.000,00 euros, que saldrán de las arcas municipales para pagar las arbitrariedades del actual grupo de gobierno Ciuca-PSOE”, señala Santana.

Para los Populares de Mogán estas sentencias que anulan los arbitrarios traslados forzosos de funcionarios municipales acreditan la “nefasta gestión política que Onalia Bueno y su concejal, Mencey Navarro, desarrollan en el Ayuntamiento de Mogán, “quienes han provocado un verdadero caos, al no haber planificado con objetividad la estructura organizativa municipal, aplicando caprichosamente la figura del traslado forzoso para presuntamente beneficiar o perjudicar, según el caso, a empleados públicos, pero nunca en base a una política eficaz y eficiente de gestión de recursos humanos, y a las sentencias anulatorias de los traslados forzosos, que han tenido la valentía de impugnar algunos funcionarios”.

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