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Ayuntamiento de Mogán

NC denuncia que la alcaldesa propone como interventor a un funcionario simpatizante de Ciuca

MasNews -La concejala y portavoz de Nueva Canarias (NC) en Mogán, Isabel Santiago, asegura que fuentes municipales le han confirmado que “la alcaldesa ha remitido a función pública una propuesta de nombramiento de Salvador Álvarez como interventor municipal, ante la más que probable renuncia del funcionario que fue nombrado con anterioridad”.

Para NC, la designación de este funcionario como interventor municipal, supone “el desprecio de la alcaldesa a los más elementales principios de la objetividad y la imparcialidad que se esperan de cualquier servidor público”.

Según la formación nacionalista, “Salvador Álvarez, en su anterior etapa de interventor ya fue expedientado y sancionado por desarrollar actividad empresarial incompatible con su cargo, lo que motivó la presentación de denuncias por permitir que una de sus empresas construyera el actual centro de día de Arguineguín con fondos municipales. Además, este funcionario tiene actualmente abierto un nuevo expediente disciplinario por desarrollar actividades privadas incompatibles con su puesto de funcionario, y cuya resolución, parece estar dilatando intencionadamente el grupo de gobierno de Ciuca-Psoe, pues han trascurrido seis meses sin que haya un pronunciamiento al respecto”.

Isabel Santiago añade que los datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, ponen de manifiesto que el funcionario elegido como interventor por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, confirman la actividad de Álvarez como administrador solidario, apoderado y administrador único, en las empresas Formosa dos S.L, Transportes Tafira Baja S.L, Carpinteria Barranco Seco S.L, Inmobiliaria Torrencial S.L, Islas Canarias salud S.L y Sergio Álvarez S.L.

Para NC, que puso en conocimiento de la alcaldesa las actividades privadas que desarrollaba el funcionario, este nombramiento es un salto al vacío de Ciuca-Psoe, pues a pesar de haber incumplido con el artículo 20 de la Ley 53/1984, al eludir su obligación de prevenir y resolver posibles causas de incompatibilidad de los funcionarios, no sólo le aprobaron en pleno una subida salarial de unos 27.000 euros anuales sino que ahora lo nombran interventor municipal.

La concejala nacionalista destaca que las funciones de control y fiscalización que debe desarrollar cualquier interventor, son de las más importantes en cualquier administración, pues su trabajo garantiza que los impuestos municipales se destinen a solucionar los problemas de los ciudadanos. “El nombramiento de Onalia Bueno, genera una clara inseguridad jurídica en todas las actuaciones en las que participe el funcionario, y dada su simpatía política con el partido de la alcaldesa, la objetividad queda en entredicho”, sentencia la portavoz de NC.

Además, este funcionario ha sido nombrado en numerosas ocasiones presidente de los tribunales para la contratación de personal interino con los que la alcaldesa al parecer podría estar pagando más de un favor político.

Para la política nacionalista el criterio de la alcaldesa, Onalia Bueno, para elegir a los funcionarios de confianza “es incompatible con los de mérito y capacidad y produce los resultados que todos los vecinos perciben”. Por todo esto, cree que lo que procede ahora es dar marcha atrás, y designar a otro funcionario, que vele por la objetividad en la gestión de los fondos públicos, para el cargo de interventor.

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