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Román Rodríguez, portavoz en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias
Román Rodríguez, portavoz en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias

Nuevo ciclo conservador

Las posibilidades de configurar un Gobierno progresista y transformador que, además, respete las especificidades de Canarias, han quedado prácticamente anuladas. Los recientes acontecimientos en el PSOE abren la puerta a su abstención en la investidura y, por tanto, a la continuidad de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo estatal. Y, si no fuera así, las expectativas del conjunto de la izquierda, ante unas elecciones generales en el próximo mes de diciembre, son muy negativas por la baja participación que los sondeos auguran entre sus tradicionales votantes y por la concentración del voto conservador en el PP.

Nueva Canarias, fiel a sus compromisos con los electores y al programa con el que concurrió a los comicios del pasado mes de junio, votará en contra de quien ha desarrollado las políticas de austeridad y recortes, debilitado los servicios públicos, mirado para otro lado en graves escándalos de corrupción y maltratado a Canarias con sus decisiones. Ni el PP ni Rajoy se merecen ser apoyados.

El tiempo ha confirmado lo que veníamos planteando desde las elecciones de diciembre. Se perdió una oportunidad histórica de conformar un Ejecutivo de cambio, transversal, capaz de revertir las políticas que tanto daño social han causado en los últimos años. De regenerar la vida democrática, ganando en transparencia y limpieza en las instituciones. De llevar a cabo progresistas modificaciones fiscales o implantar una renta básica para las personas sin ingresos.

Frustrado cambio político

No ha sido posible alcanzar ese gobierno de cambio y de progreso, reclamado por muchos sectores políticos, sindicales, intelectuales y movimientos ciudadanos. El PSOE sólo consiguió sumar el apoyo de Ciudadanos a principios de año, tras las elecciones de diciembre de 2015. Pero no bastó para que Pedro Sánchez pudiera superar la investidura. Un Ejecutivo que se frustró por los vetos cruzados de los partidos emergentes, tanto en la anterior legislatura como en esta.

En medio, además, las relaciones entre las dos principales fuerzas progresistas en el ámbito estatal no han ayudado nada a desbloquear la situación. Más bien todo lo contrario. Líneas rojas y vetos de una y otra parte, acusaciones graves, divergencias internas sobre los pactos y preocupaciones electoralistas, con las ambiciones de sorpasso o el intento de impedirlo, han caracterizado el período reciente de relaciones entre las dos grandes fuerzas progresistas.

Desde uno y otro lado parece que no han entendido lo que la gente ha votado. Con el nuevo panorama político-electoral, tras el 15M y la aparición de nuevos partidos, especialmente Podemos en la orilla izquierda, todo ha cambiado.

En el ámbito estatal, la nueva realidad política impide que el PSOE pueda considerarse la única referencia progresista. Resulta muy difícil pensar que por sí solo pueda gobernar España. Sucede lo mismo en varias comunidades autónomas y ayuntamientos de numerosas capitales de provincia donde se han fraguado acuerdos programáticos entre las formaciones progresistas tras las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015. Ese modelo no se ha querido trasladar al ámbito estatal.

Y, asimismo, no parece lógico que Podemos pueda imaginarse que sin los socialistas sea posible establecer una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno estatal y en otros espacios institucionales.

En nuestro caso, se forjaron pactos en el Cabildo de Gran Canaria y en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre Nueva Canarias, PSOE y Podemos, formando gobierno sobre la base de programas consensuados que responden al interés general de la ciudadanía. Ese es el camino si aspiramos a establecer gobiernos transformadores.

Mayorías parlamentarias progresistas

Aunque muchos presagiaban que el nuevo paradigma, con el debilitamiento del bipartidismo y la presencia de nuevas organizaciones y actores políticos, iba a suponer un cambio profundo de lo padecido en el período reciente, acabando con los recortes, la corrupción o las agresivas políticas laborales; lo cierto es que no ha sido así. Al contrario, puede alargarse el ciclo conservador y causar una enorme frustración.

La situación en el campo de la izquierda estatalista es hoy de mucha mayor debilidad. El descrédito del Gobierno del PP –que perdió tres millones de votos y medio centenar de escaños, que ha desarrollado políticas injustas que han aumentado la pobreza y la desigualdad, que está inmerso en escándalos como la trama Gürtel- no ha sido aprovechado por las formaciones progresistas, que están dando hoy, además, una imagen de profunda división interna y de falta de voluntad a la hora de buscar entendimientos entre ellas, aunque sea con un programa de mínimos.

A pesar de ello, siguen existiendo mayorías parlamentarias de oposición a las vigentes políticas conservadoras. Se demuestra, por ejemplo, cuando el Congreso de los Diputados acaba de votar, de forma mayoritaria, contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la aplicación de las reválidas y la aprobación de una comisión de investigación sobre los comportamientos antidemocráticos del ministro del Interior.

Desde Nueva Canarias consideramos que es preciso enfrentarse al continuismo conservador que profundizará el deterioro de los servicios públicos, la desigualdad social y la pérdida de derechos y libertades. Es necesario seguir articulando la resistencia ante las políticas de austeridad y recortes, la reforma laboral, la ley mordaza y la Lomce. Hay que continuar defendiendo el empleo de calidad y rechazando los actuales contratos basura y los elevados niveles de explotación laboral. Modificar la actual e injusta fiscalidad, garantizar la sostenibilidad de las pensiones y establecer grandes pactos por la educación y en contra de la violencia de género.

Además, como señalaba, Canarias ha sufrido especialmente al Gobierno de Rajoy. Con la desaparición de los planes de empleo e infraestructuras educativas y los 800 millones de euros detraídos del convenio de carreteras; lo que ha impactado negativamente en nuestra economía y en nuestro empleo.

Seguiremos defendiendo los contenidos de nuestra Agenda Canaria que pretende situar a los ciudadanos y ciudadanas de las Islas en igualdad con los del resto del Estado. Cuyos contenidos afectan, entre otros aspectos, al imprescindible cambio en el modelo de financiación, al Régimen Económico y Fiscal (REF), al estatuto político del Archipiélago y a la modificación de su sistema electoral. Pese a las crecientes dificultades, continuaremos impulsando el cambio político en Canarias y en el Estado.

Source: Román Rodríguez, portavoz en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias
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