Román Rodríguez
Román Rodríguez, portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias

Presupuesto de 2018, un fracaso en políticas sociales (1)

Una ley de presupuestos es una de las de mayor contenido ideológico y político. En ella se plasma qué papel se le asigna a la fiscalidad, qué preponderancia se da a los servicios públicos, qué modelo económico se defiende, qué lugar ocupan las personas y sus problemas; cuáles son, en definitiva, las políticas prioritarias del Gobierno. Por eso, un análisis riguroso de las cuentas públicas de Canarias para 2018 nos llevó a presentar, como organización que pretende ser alternativa, una enmienda a la totalidad. Rechazada en el Parlamento por los grupos que apoyan al Gobierno, CC, PP y ASG, con la muy curiosa abstención del PSOE.

Continuaremos intentando modificar los presupuestos mediante las enmiendas parciales. Aún a sabiendas de que no se pueden incrementar los ingresos ni tampoco los gastos y con enormes limitaciones para mover los créditos presupuestarios entre secciones y capítulos. Es imposible cambiar los grandes parámetros y lograr que estén más dirigidos al bienestar de la mayoría y a la lucha contra las desigualdades sociales, así como la apuesta por una economía sostenible y diversificada.

Nos encontramos ante un presupuesto en el que crecen significativamente los ingresos estatales. Especialmente, por las medidas para Canarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, aprobados en junio; medidas de las que Nueva Canarias (NC) es corresponsable y que determinaron nuestro apoyo a esas cuentas públicas estatales. De manera relevante al poder Canarias acceder al Fondo de Competitividad del sistema de financiación, eliminando los recursos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) del cómputo de la capacidad fiscal de la comunidad canaria para el acceso al mismo. Por esta modificación, Canarias ha recibido 216 millones de euros más en 2017 y le corresponderán 416 millones de euros más en 2018 y, al menos, 550 millones de euros en 2019 y años siguientes.

Incluso en el caso de que no haya presupuestos estatales para 2018 y continúen prorrogados los actuales, los efectos de los PGE de 2017 se proyectan para el próximo ejercicio y se garantizan ingresos por encima de los 660 millones de euros para Canarias. Gran conquista en la que tuvo mucho que ver el diputado de Nueva Canarias en el Congreso Pedro Quevedo.

Pese a ello no compartimos estos presupuestos canarios para 2018 porque los ingresos que dependen del Gobierno de Canarias caen en 125 millones de euros por decisión del Ejecutivo de Clavijo y los partidos que le apoyan. Las rebajas fiscales implementadas hacen perder esos 125 millones de euros en ingresos y, consecuentemente, en el gasto que puede efectuar nuestra comunidad. Debieron ser compensadas, y así lo planteamos en nuestra enmienda a la totalidad, mediante el incremento de los tipos del IGIC del consumo de lujo, la revisión del impuesto de sucesiones y donaciones a partir de ciertas cantidades y eliminar la reducción del IGIC de la telefonía, para evitar que perdiéramos 100 millones de euros.

Prioridades del gasto

Tampoco compartimos la orientación que se ha dado al gasto, en los servicios públicos y, de manera especial, en el conjunto del área de atención social, cuando nuestra tierra presenta datos intolerables de pobreza y exclusión social.

La sanidad se incrementa en 231 millones de euros, al pasar de 2.698 millones de euros a 2.929 millones de euros. Un aumento inferior al experimentado a lo largo de este año respecto al presupuesto inicial porque, a través del crédito extraordinario aprobado en el Parlamento canario el pasado mes de julio (155,6 millones de euros) y modificaciones de crédito (casi 105 millones de euros), la sanidad canaria ha recibido 260 millones de euros más de los 2.698 millones de euros presupuestados inicialmente. Además, no se aborda el desarrollo del Plan de Salud de Canarias, respecto a investigación sanitaria y formación de los profesionales. Es muy escasa la dotación para las acciones frente a la diabetes -enfermedad de gran prevalencia en Canarias- y la salud mental.

La educación se sitúa en el 3,57% del PIB, lejos del 4% reclamado para 2018 por distintos sectores educativos y el Parlamento así como del 5% que la Ley Canaria de Educación obliga en 2022. No hay un solo euro para la educación infantil de cero a tres años, etapa clave en la conciliación de la vida familiar y laboral, en la detección precoz de problemas y en el combate contra la desigualdad. El daño causado por las políticas de austeridad y recortes está lejos de ser superado.

Pero el mayor fracaso se da en las políticas sociales. En el Presupuesto que más incrementa el gasto (11,8%) no se apuesta, lo más mínimo, por tomar medidas frente a la pobreza, pese a los datos recientes de la Tasa Arope que, con el 44,6%, colocan a Canarias de forma destacada a la cabeza de la pobreza en España. A un problema tan grave, que causa una fractura social, solo se le dedican 15 millones de euros y se congelan el resto de las partidas sociales.

En la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la principal herramienta propia con que cuenta nuestra comunidad, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), continúa con los escasos 52 millones de euros destinados a aquellos que no tienen empleo o recursos en su unidad familiar. No aumentan nada las ayudas de emergencia social. Tampoco lo hacen las transferencias a los ayuntamientos en los programas dirigidos a los que menos recursos tienen. No hay un solo euro adicional a la aplicación de la ley de la dependencia, pese al significativo retraso que tiene Canarias en este ámbito.

Frente a la absoluta inacción del Gobierno en esta área, hemos propuesto la creación de un nuevo instrumento: la renta básica canaria, que garantice un ingreso mínimo a las unidades familiares más vulnerables; destinada tanto a desempleados y pensionistas como a personas que trabajan pero que cuentan con salarios ínfimos. Los pobres con empleo que han aumentado de forma significativa en el período reciente. Una medida de impacto que ya funciona en varias comunidades, siendo un referente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en el País Vasco.

En nuestra enmienda a la totalidad proponíamos dotarla con 170 millones de euros, con una financiación integrada por los fondos que actualmente se destinan a la PCI (52 millones de euros), los específicos para planes de empleo social formación (18 millones de euros), y otros 100 millones de euros a través de los incrementos del IGIC, la supresión de la reducción del IGIC a la telefonía y de nuestra propuesta sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

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