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El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana bloquea la recuperación de la jornada laboral de 35 horas

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) denuncia la situación de bloqueo de la Mesa General de negociación en San Bartolomé de Tirajana para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales de los empleados públicos.

“Mientras la mayoría de las administraciones locales están recuperando, cuanto menos, situaciones anteriores al Decretazo de 2012 (como por ejemplo el vecino Ayuntamiento de Mogán), en San Bartolomé, nada de nada”, sostiene Manuel González, secretario general de Sepca.

Desde Sepca, no solo se culpa a la Administración por no convocar mesas de negociación para aplicar lo previsto en la Ley de Presupuestos del Estado de 2018, como es establecer la jornada de 35 horas sin condición alguna, así como el no descuento en situaciones de baja por IT, sino que existe un bloqueo alimentado por las demás organizaciones sindicales con motivo de la existencia de un comité de huelga que se hace eterno en el tiempo. “Este comité está influyendo en la no celebración de mesas de negociación sobre asuntos que no han sido objeto de la huelga, debido a

la estrategia de las organizaciones sindicales de no asistir a ninguna mesa, mientras no se resuelvan las reivindicaciones del referido comité, que, insistimos, son distintas de los asuntos pendientes de tratar en la mesa general y que afectarían a todo el personal y no a unos pocos”, agrega Manuel González.

Sepca anuncia denuncia, por tanto, la urgente necesidad de reactivar las mesas de negociación como herramienta legal necesaria para poder tratar y resolver en la medida de lo posible todos los asuntos que afecten a la plantilla.

“Apelamos a la responsabilidad de todos los representantes sindicales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a fin de que acudamos todos a las mesas generales de negociación y les transmitamos a la Administración un único mensaje y la urgente necesidad de cerrar asuntos que afectan a la totalidad de la plantilla y por supuesto desde el conocimiento y consentimiento del personal al que se representa”, concluye Manuel González.

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