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Julio Ojeda Medina
Julio Ojeda Medina, concejal socialista de Cultura y Vivienda del Ayuntamiento de Santa Lucía

Se busca piso de alquiler

“Se busca piso de alquiler donde formar un hogar con dignidad y sin hipotecar mi vida”. Anuncios como este aún no se pueden encontrar visiblemente pero en la mente y alma de muchos de nuestros conciudadanos están presentes desde hace un tiempo. El impacto que produce el auge del mercado de la vivienda turística sobre el uso residencial, se evidencia en la dificultad (o imposibilidad en muchos casos) de acceder a una vivienda residencial en régimen de alquiler. Caro, inaccesible o invisibles. Con estos calificativos podríamos acuñar la nueva tendencia en oferta inmobiliaria.

Para entenderlo de una manera práctica, he querido meterme en la piel de alguien que busca un piso de alquiler tipo residencial y para ello decidí navegar en internet a través de una conocida página de compra venta, alquileres, etc. He tomado como referencia de la búsqueda Vecindario- Encuentro 102 referencias con un alquiler medio que ronda los 600 euros. Constato que la mayor parte de los anuncios corresponden a particulares que buscan desesperadamente un alquiler residencial en la zona, familias que por razones laborales se ven obligadas a trasladar su lugar de residencia, jóvenes que inician la aventura de la emancipación…, incluso quienes se quejan ante la imposibilidad de poder encontrar alquileres acordes con el mileurismo, “cómo creen ustedes que con un sueldo de 1000 euros vamos a poder pagar un alquiler de 600”, espeta un posible arrendador en la página. Todos y todas con sus particularidades pero con el mismo problema, la imposibilidad de encontrar un espacio en el que arraigarse.

Realicé la misma búsqueda, pero esta vez en una conocida plataforma de viviendas de alquiler vacacional, también en Vecindario. Localizo 283 referencias distintas, con un alquiler medio de 40 euros por día. Es decir, la oferta de vivienda turística representa casi el triple de la oferta de vivienda residencial.

Analizando estos datos podemos concluir que es más fácil encontrar una vivienda en la que pasar unas vacaciones en Vecindario que encontrar una vivienda en la que residir en Vecindario, a no ser que tengamos los ingresos suficientes para afrontar el gasto que supone el pago del alquiler. Evidentemente no es el caso de uno de cada tres trabajadores y trabajadoras pobres, que según el informe que emite la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de 2017, existen en España.

El alquiler vacacional se está convirtiendo en la gallina de los huevos de oro para unos, una forma de mejorar los esquilmados ingresos familiares para otros y una preocupación importante para muchas personas que tienen dificultad para acceder a una vivienda.

Ordenar esta cuestión no es fácil, sobre todo porque existe el derecho a la libre competencia y al desarrollo del mercado y porque existe el derecho de acceso a una vivienda. Estos derechos no deben ser incompatibles, sino complementarios y la solución pasa por garantizar la sostenibilidad y la conjugación de ambos, regulando el aspecto turístico e incluyendo cláusulas que minimicen el impacto en la dimensión social de este fenómeno, por un lado, y por otro el aumento de controles de calidad del Servicio de Inspección Turística del Gobierno de Canarias.

En la actualidad, desde la Administraciones los esfuerzos se centran en la dimensión económica del conflicto. Sin embargo, dar la espalda a las repercusiones sociales de este panorama, no parece que sea la mejor salida. Es necesaria la aplicación de medidas integrales que permitan la armonización de ambas realidades, por ello resulta vital la participación de agentes del ámbito social en la búsqueda de alternativas.

Un ejemplo de ello lo encontramos en la normativa de Vivienda Vacacional de Canarias regulada a través del Decreto 113/2015 del Gobierno de Canarias, en la que no aparece ningún tipo de cláusula que minimice el impacto del alquiler vacacional sobre el residencial. El decreto tan solo hace referencia a cuestiones técnicas relacionadas con las garantías de calidad del alojamiento y su identificación.

En la actualidad se trabaja un borrador que permita mejorar el anterior decreto y que contempla la posibilidad de establecer un techo al número de viviendas de alquiler vacacional, que en la actualidad asciende a más de 30.000 en Canarias, correspondiendo a Gran Canaria cerca de 7.000. Tal vez, no sea suficiente la inclusión de este aspecto. Tal vez sea necesario, la inclusión de profesionales en la redacción de esta normativa que aporten la visión y repercusión social de esta cuestión, regular el aspecto turístico e incluyendo las necesarias cláusulas mencionadas anteriormente.

Por otro lado, en el Boletín Oficial del Estado del pasado 10 de marzo (Real Decreto 106/2018) no se hace referencia a los efectos que produce el auge de la vivienda vacacional en el acceso de la ciudadanía a la vivienda, ni tan siquiera en su capítulo V, sobre el Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler. Tan sólo recoge ayudas para fomentar el parque de vivienda en alquiler únicamente para las viviendas de nueva construcción o fruto de un proceso de rehabilitación. Tampoco vinculan a este programa ninguna acción encaminada a la reconversión social de las más de tres millones de viviendas vacías que existen en España.

Mientras se mira para otro lado, una gran parte de la ciudadanía espera la oportunidad de poder alquilar una vivienda. La solución pasa por la puesta en marcha de alternativas que permitan el abordaje integral de esta situación en particular y de la vivienda en general, con una visión interdisciplinar. Disfrutar de unas vacaciones confortables no debería estar reñido con encontrar un hogar digno. A falta del segundo, lo demás es secundario. Cuestión de prioridades.

Source: Julio Ojeda Medina
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