Suspendida la declaración de los testigos en el proceso abierto por la Fiscalía contra dos concejales de Ciuca y PSOE
El Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, responsable de la tramitación del las Diligencias Previas abiertas contra el Secretario Accidental del Ayuntamiento de Mogán, David Chao Castro, el Concejal de Hacienda y Contratación, el socialista Julián Artemi Artiles Moraleda, y el Concejal de Urbanismo y Asesoría Jurídica, y portavoz de Ciuca, Juan Mencey Navarro Romero, a raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas sobre la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa de los artículo 74 y 404 del Código Penal, al haber participado en las sucesivas y reiteradas contrataciones del letrado Miguel Rodríguez Ceballos, amigo y socio del Concejal de Asesoría Jurídica en el despacho que ambos comparten en Arguineguín (“Ceballos-Navarro, Abogados”), para la defensa jurídica del Ayuntamiento en juicio, por la imposibilidad sobrevenida de asistir el representante del Ministerio Fiscal.
Según informaron los funcionarios de justicia a los testigos, Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), el abogado Daniel Reyes Santana, que asume la defensa de dos de los principales investigados, el secretario y el concejal Juan Mencey Navarro (Ciuca), solicitó, a primera hora de la mañana, la suspensión de las declaraciones porque, según información recibida, “se la hacía imposible comparecer por, parece ser, tener que acudir a un congreso”. Por su parte, la titular del Juzgado rechazó la solicitud alegando que no se encontraba en ninguno de los supuestos establecidos en la norma. Sin embargo, la declaración fue suspendida y, finalmente, no pudo desarrollarse, estando prevista para el próximo día 19 de noviembre.
Según expresaron los portavoces Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), “no parece muy imparcial” que el secretario, fedatario público que es, y que debe servir con objetividad la defensa de los intereses generales, comparta representación y defensa letrada con el concejal de Urbanismo y Asesoría Jurídica, Juan Mencey Navarro. Ambos portavoces entienden que “lo mejor para el proceso y para garantizar la neutralidad del funcionario municipal, es que tuviese su propio abogado”.
El procedimiento parte de dos denuncias, una presentada por la funcionaria Patricia Inés Hernández Dávila, exjefa de la Asesoría Jurídica Municipal, y los concejales de la oposición, Isabel Santiago (NC), Maicol Santana (PP) y Domingo Rodríguez (exconcejal de Ciuca), ambas señalan “la manifiesta ilegalidad con vicios de responsabilidad penal ante las reiteradas contrataciones al letrado socio del despacho del concejal de Asesoría Jurídica, Miguel Rodríguez Ceballos, el cual, hasta el día de presentación de las denuncias había sido designado reiteradamente y de forma fraccionada, para esquivar la Ley de Contratos del Sector Público, para, al menos, veintidós procedimientos, llegando a alcanzar en marzo de 2017 una cifra muy próxima a los 60.000,00 euros”.
En el Decreto dictado por el fiscal provincial Manuel Santos Morales, fechado a 4 de junio de 2018, formula, de forma expresa, denuncia contra David Chao Castro, Julián Artemi Artiles Moraleda y Juan Mencey Navarro Romero por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, llegando a afirmar que “la defensa jurídica de un Ayuntamiento no puede considerarse como un contrato a celebrar para cada uno de los juicios que tenga el Ayuntamiento sino que, conforme a lo señalado en el Informe 30/12 de la Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado, tal defensa es una unidad funcional que exige la celebración de un contrato único, más aún cuando todos los contratos menores se están adjudicando al mismo letrado”.
Y, además, continúa diciendo que “Para más inri se da la circunstancia de que Juan Mencey Navarro Romero tiene relación personal y profesional con Miguel Rodríguez Ceballos, participando en la adjudicación de contratos a favor del mismo, infringiendo el deber de abstención establecido en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, con el sólo objeto ya mencionado de beneficiar a esta persona”.
Los portavoces de ambas formaciones políticas (PP y NC), “ante las probables intenciones obstaculizadoras que pudieran realizar de este procedimiento los investigados”, estudian la posibilidad de personarse en este procedimiento, con la intención de que se llegue al fondo del asunto y se depuren las responsabilidades en las que podrían haber incurrido el secretario general accidental de la corporación y los dos concejales del gobierno municipal de la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca).
