Caso Góndola, de presunta corrupción política en Mogán (I)
En el momento de escribir esta editorial se están celebrando dos juicios por dos casos importantes de prácticas corruptas que definen toda una época en nuestro país: son los casos Gürtel y Tarjetas Black, donde autoridades y sus amigos, que por serlo ocuparon cargos importantes, están en el banquillo. Desde Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, presidente de Bankia y presidente del Fondo Monetario Internacional, hasta el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa (amigo de Aznar) pasando por el presidente de los empresarios de Madrid, Arturo Fernández, el de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, el diplomático exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno (que exige a los policías que identifiquen o alejen a las víctimas del lugar del juicio porque le molestan sus gritos), y otros personajes de la banca, el empresariado y la casta política corrupta que nos ha saqueado desde la II República sin solución de continuidad, con la dictadura y más en democracia. Son la misma plaga de siempre que con la democracia se emboscaron en una administración mucho más amplia, diversificada, repetida, creando organismos y cargos a discrección y sin ningun control (326 organismos, entidades y fundaciones hay creados solo por la Junta de Andalucía, con miles de “funcionarios”-empleados-trabajadores elegidos por capricho), con lo que la colmena de corruptos derivó en una plaga que ha instalado su propio nido en cada institución, parasita la riqueza del país y de su gente, ajena a la ley porque ellos hacen la ley y controlan el gobierno, el parlamento, la policía y la justicia.
En este clima de rebosamiento de algunas fosas sépticas del sistema (quedan miles y miles de ellas por destapar) llevamos a portada el conocido como caso “Góndola”, que fue bautizado así por considerar los investigadores que el pueblo de Mogán se parecía a Venecia, teniendo además el pueblo un canal de agua interior que hizo denominar las investigaciones con el nombre de los barcos que cruzan las calles de la ciudad italiana; como Gürtel es correa en alemán (bueno, correa es Gurt, Gürtell es cinturón, pero se entiende la similitud), apellido del principal actor del robo, y tarjetas black (negro/a) por el color de las tarjetas y el dinero que gastaban los poseedores de las mismas. Nombres más o menos originales que pasarán a formar parte de la enciclopedia de la corrupción de la democracia española.
En la historia de las investigaciones policiales contra corruptos no hemos conocido procedimientos mafiosos dirigidos para neutralizar a los investigadores como los que se intentaron en el caso Góndola, llevados a cabo de forma anónima pero que coincidían con las declaraciones de políticos afectados y compañeros de partido, todos ellos de la dirección del PP (en especial su “mandamás” en la isla, José Manuel Soria, apoyado por Mariano Rajoy, medios afines y mandos policiales, que con la llegada del PP al Gobierno ocuparon importantes cargos en la Policía). Si recordamos las declaraciones de Federico Trillo, señalando un complot de policías, fiscales y jueces para acabar con el PP, o del mismo juez Garzón, señalando que le constan las maniobras de Federico Trillo contra él, y que Alfredo Pérez Rubalcaba le prometió algún ascenso si el asunto “Gürtel” no llegaba a juicio, no cabe extrañarse de que en este caso Góndola, José Manuel Soria, Rajoy y otros políticos populares alegaran que era un montaje político-policial de López Aguilar y el PSOE, con policías, jueces y fiscales contra los decentes dirigentes del PP de la isla, donde además de este caso había otros como el Eolo, Faycán, Europa, Salmón… sin duda todos organizados por socialistas, fiscales y policías corruptos contra la gente incorrupta del PP.
Se necesita más eficacia investigadora, más agilidad judicial, más compromiso de los fiscales y policías, para acabar imponiendo la ley a los corruptos, y sobre todo, se precisa conciencia ciudadana de que un político que miente, que tolera o consiente por acción u omisión que alguien a su alrededor robe, aunque sea una mínima cantidad de dinero al erario público, no puede seguir en política. Aquí han robado miles de millones de euros con las preferentes a personas que han sido engañadas por los bancos, se ha desahuciado a cientos de miles con leyes injustas, se han regalado 26.000 millones de euros a la banca y el Gobierno parece que no tuviera ninguna responsabilidad en lo ocurrido, y lo que es peor, la ciudadanía no afectada por esos y otros casos de corrupción tampoco parece verse afectada; y hasta el PSOE se ha suicidado con tal de mantener el Gobierno del PP. Que millones de personas hayan sido expulsadas de sus casas con una ley injusta (declarada así por el Tribunal Europeo de Justicia) o robados sus ahorros de toda una vida de trabajo por la banca, no parece tener ninguna importancia ni para el Gobierno, ni para el PP, ni para el PSOE, ni para las instituciones, como si fuera una epidemia de gripe de la que nadie es responsable, nadie del Gobierno ha exigido a las entidades bancarias responsabilidad ni han adoptado medidas urgentes para impedir los desahucios, más bien al revés. Así actúa el Estado pandereta que nos asiste.
Un dato a tener en cuenta en los casos Gürtel, Góndola y Black es que en todos se han iniciado las investigaciones o se han obtenido pruebas concluyentes por personas del entorno de los corruptos. En las tarjetas black, la mayoria de pruebas materiales documentales existentes, fueron conservadas por una secretaria de CajaMadrid a la que Blesa despreció; el caso Gürtel se inicia por un concejal del PP en Majadahonda, José Luís Peñas, que también está acusado y al que la fiscalía solicita una condena de seis años en el juicio; y en el caso Góndola fueron otras dos concejalas del PP, Carmen Delia e Isabel Santiago, quienes denunciaron hechos que consideraban ilegales. En ningún caso ninguno de los denunciantes ha encontrado el apoyo judicial que debería conceder un Estado de derecho decidido a combatir la corrupción protegiendo a quienes la denuncian, al revés, se han encontrado con numerosos ataques, agravios y problemas laborales y profesionales derivados de su comportamiento. Y ocurre lo mismo en otros casos con los denunciantes, como con el criminolo del ayuntamiento de Benidorm, Justo López, o el interventor de Orihuela, Fernando Urruticoechea, y tantos otro/as que se quedan sin trabajo, sin bienes y perseguidos por políticos corruptos que tienen el apoyo de su partido y el dinero de las instituciones para defenderse después de robarnos. Les pagamos el abogado (continuará).
