6 de diciembre. Las garantías constitucionales ignoran a los trabajadores canarios
En el contexto de un limitadísimo marco competencial para el ejercicio del autogobierno en materia fiscal, territorial o laboral, y aparte de una deficientísima financiación estatal por habitante tolerada por el gobierno autonómico, en Canarias continúa produciéndose una grave quiebra del principio constitucional de la equidad como fundamento básico de la carta magna española, situación esta hasta ahora inamovible y verificada por las condiciones laborales de los trabajadores de las islas con los peores salarios y mayor número de horas trabajadas, pero también con el mayor número de desempleados, y de estos, el más elevado índice de los que no cobran prestación alguna. Como efecto ignominioso de lo anterior, Canarias arrastra la plaga de cerca de la mitad de su población en situación de pobreza o en riego de padecerla sin que tampoco el gobierno local reaccione ante este drama.
Es por ello por lo que Intersindical Canaria es este 6 de diciembre, día de la Constitución, alza su voz para denunciar que la “ley de leyes” de la monarquía española, ha institucionalizado a los canarios como ciudadanos de tercer nivel con derechos inferiores frente al conjunto de españoles con unas garantías y derechos de mayor rango.
Indefectiblemente, y aunque no contemos en la actualidad con un gobierno que haga respetar los derechos de los canarios, el ejecutivo del Estado viene obligado a cesar en los agravios históricos que sufren los trabajadores canarios mediante fórmulas de financiación especial, mucho más justificadas que las que realiza en Euskadi o Cataluña.
Intersindical Canaria, además no puede pasar por alto, la deriva autoritaria que durante los últimos años sufre Canarias y el conjunto del Estado español, primero con el hurto y drástica limitación de derechos laborales que incluyó una reforma constitucional para dar prioridad al pago de la deuda pública, y luego, con la arbitraria interpretación de la carta magna para sustituir gobiernos autónomos legítimos como el catalán. Resulta especialmente grave la existencia de presos políticos o la igualmente despreciable cruzada nacional-españolista del PP contra el derecho a decidir y el nacionalismo democrático de las comunidades y pueblos con personalidad propia.
