El pleno de Santa Lucía rechaza una moción de Antonio Ordoñez sobre la abolición de la monarquía
En el último pleno ordinario de la corporación municipal santaluceña, celebrado el jueves 29 de noviembre en el salón de sesiones de las Casas Consistoriales del casco histórico de Santa Lucía, el concejal Antonio Ordoñez de la coalición de izquierdas Canarias Decide – Unidad del Pueblo, presento para su aprobación una moción sobre la abolición de la monarquía titulada “Tener un rey o una reina, o reyes: un ataque a la inteligencia”. La moción solo fue apoyada por el proponente y contó con el rechazo de todos los grupos políticos excepto Nueva Canarias que se abstuvo.
Maspalomas News ofrece a sus lectores la moción íntegra defendida por Antonio Ordeñez Sánchez, miembro del grupo mixto Coalición Canarias Decide – Unidad del Pueblo.
“Tener un rey o una reina o reyes: un ataque a la inteligencia”
- ¿Hay que abrir un debate sobre monarquía o república en el Estado Español?
- ¿Para qué necesita el Estado Español un rey en pleno siglo XXI? ¿Para nada?
Hoy la mayoría de la ciudadanía de los territorios del Estado Español quiere un cambio. Según encuestas de varios diarios, más del 62 por ciento de la población desearía “en algún momento” un plebiscito para redefinir la forma de gobierno y escoger entre monarquía o república. Pero, como siempre, los políticos de la derecha reaccionaria no están escuchando ni quieren escuchar, muy al contrario, hacen una defensa furibunda de la monarquía parlamentaria.
Pero afortunadamente el debate ya está de nuevo en la calle y las nuevas generaciones que no estuvieron, ni votaron en 1978, quieren decidir sobre esta cuestión. Por eso produjo tanta crispación y enfado el cierre en falso, que, con la precipitada ley orgánica de abdicación de Juan Carlos I, se quería resolver la cuestión, sin tener en cuenta que era y sigue siendo el momento idóneo para debatir o haberlo debatido con toda libertad y transparencia.
Ningún historiador o analista político ya pone en duda que la imposición del rey Juan Carlos de Borbón, en el Estado Español por el franquismo, fue la condición sine qua non, porque no fue un proceso rupturista, de garantía de la continuidad entre un régimen y otro nuevo de pseudodemocracia, tras la caída de la dictadura del general Franco y la instauración de la monarquía parlamentaria, que se produjo en 1975 con la muerte de quien gobernó el Estado español durante casi 40 años. Lo inédito del caso del Estado español es que es el único país, en el último tercio del siglo XX, que restauró la monarquía, en principio, con las mismas potestades políticas que tenía el dictador Franco.
La monarquía del Estado Español es cuestionada por cualquier demócrata, porque en sí misma resulta un anacronismo que perpetúa los privilegios de unas personas cuyo mayor mérito es haber nacido dentro de una familia determinada, una figura que representa al pasado, en especial a la Edad Media, al vasallaje, un símbolo en la actualidad de la reacción, convertido en el mejor representante de la oposición al progreso de la humanidad y a la universalización de los derechos individuales.
Más que lo personal en referencia a la monarquía, lo que de verdad debería ser público y transparente son los hechos y noticias que tienen repercusión para la ciudadanía como, por ejemplo, los viajes del rey y rey emérito a Arabia Saudí para hacer negocios y representar al Estado, supuestamente en referencia a la venta de armas, lo que sucedió con la noticia de que el yerno de Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, se habría apropiado indebidamente de fondos públicos al haber desviado para su beneficio dineros de una fundación que presidía, la matanza de elefantes del Rey Emérito y su posible imputación por blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, falsedad documental y fraude fiscal o la Infanta Cristina condenada a pagar una multa por su responsabilidad civil a título lucrativo de forma conjunta y solidaria con su marido, Iñaki Urdangarín. De todas formas, de estos comportamientos lo más grave no es el ridículo, o el cuestionamiento en la prensa sensacionalista, porque de rigor en absoluto se habla casi nunca de la monarquía en los medios, lo más grave es la posible corrupción de la misma que en ningún caso se investiga o se impide investigar; ya hasta los propios monárquicos reconocen que la monarquía tiene los días contados.
El diario The Washington Post calculó que ahora solo quedan 26 monarquías en el mundo y que en el siglo XIX hubo más de 250. Países cercanos al Estado español, como Francia o Portugal, más que con admiración lo miran con estupor; no entienden cómo una democracia del siglo XXI es capaz de mantener una institución tan desfasada y asociada a la épica de los imperios coloniales, cuando hoy realmente los reyes se han convertido en embajadores de las élites económicas y defensores de los valores más retrógrados e injustos de la sociedad.
Apoyar a las monarquías va en contra del avance de toda la población en su conjunto, va en contra del principio de igualdad que promueve la mayoría de las constituciones del mundo. Tener reyes no es moderno, moral, deseable o aleccionador, es desde nuestro punto de vista un terrible prejuicio histórico. Nadie debería tener un puesto solo por ser hijo de un rey, esa no puede ser una regla universal. En una sociedad en que premiamos el talento, el esfuerzo, la creatividad y el valor, ser príncipe o rey por tu día de nacimiento en una familia privilegiada no puede ser un mérito
En esta época nadie debe ser súbdito de nadie e insistir en reyes y reinas es un mensaje equivocado. Pero lo democrático, lo verdaderamente moderno, es que, si don Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia o cualquier otro ciudadano o ciudadana quiere ser jefe o jefa de Estado, que se lance como candidato y se someta a votación, no vale apelar a tu acta de nacimiento, porque ya ésta es la era de las repúblicas, de la democracia, de la igualdad y de los ciudadanos y ciudadanas.
Muchos partidarios de la monarquía parlamentaria indican que no hay que dramatizar y que el Rey es una figura decorativa y que realmente no gobierna, pero nosotros si decimos que el Rey si reina, ya que su figura si juega un papel determinante en la defensa del orden conservador que domina las instituciones del Estado español, dominio que es responsable del gran retraso social y político actual del Estado Español. Según expertos jurídicos a la monarquía le hicieron un traje blindado en la Constitución de 1978, protegida en la Carta Magna en el Título Preliminar y en el Título II, junto a otros aspectos de la Constitución como los derechos y libertades del Capítulo Segundo y los derechos y deberes fundamentales de la Sección primera del Título I.
Como marco de referencia y de blindaje, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes y ejerce directamente el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Y si reina, como indica el Artículo 8.1 de la Constitución, en el que se indica que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia del Estado Español, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Si reina, porque sobre los resultados negativos de las opiniones ciudadanas acerca de la monarquía contrastan de manera llamativa con el silencio que mantiene el principal órgano estadístico de la administración del Estado español, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que lleva tres años sin preguntar por la confianza que la monarquía inspira en sus súbditos.
Para finalizar esta introducción de la moción, decir que el debate está en auge, sobre todo después de los últimos pronunciamientos del Parlamento de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona.
No más reyes.
Por todo lo anteriormente expuesto, este concejal de la Coalición Canarias Decide, como miembro del grupo mixto, somete para su aprobación al pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, los siguientes acuerdos.
Acuerdos
1º.- El pleno de Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana acuerda instar al Parlamento del Estado español y a todos los grupos políticos que lo componen, de la necesidad de la apertura de un proceso constituyente para la elaboración de una nueva Constitución según la voluntad y necesidades actuales de los ciudadanos y ciudadanas, un proceso pacífico, no impuesto por nadie, con una convocatoria de elecciones para la elección de una Asamblea Constituyente en la que se debata la propuesta de un nuevo texto constitucional, elaborada en total libertad, sin el yugo del franquismo, y con participación más amplia de la ciudadanía, para que sea ratificada a través de un referéndum constitucional vinculante y proceso posterior de elecciones generales para la constitución de un nuevo Parlamento; proceso en el que claramente y en libertad se determinaría la forma de Estado en discusión, República o Monarquía Parlamentaria.
2º.- El pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana acuerda solidarizarse con el ayuntamiento de Barcelona y apoyar la declaración institucional que dicho ayuntamiento aprobó el viernes día 26 de octubre de 2018, en la que se rechazó y condenó la actuación del Rey Felipe VI en la crisis independentista en Cataluña, en especial por el discurso de 3 de octubre de 2017, que se calificó como amenazador contra parte de la población que dice representar y con la intención de acabar con la movilización popular, y en la que se abogó por la abolición de la monarquía en el Estado español por caduca y antidemocrática.
3º.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana acuerda denunciar el falso mito creado a través de la llamada Transición democrática, que no ruptura democrática contra el franquismo, de que la salvaguardia del sistema democrático estaría siempre vinculada a una serie de agentes, entre ellos la monarquía heredada del franquismo, que garantizarían el nuevo orden frente al miedo al retorno de la dictadura, mito que volvió a impregnarse en la sociedad con motivo del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y hacer una llamada a romper con ese temor, porque nos ha impedido avanzar hacia una democracia más horizontal en la que todos y todas tengamos los mismos derechos, y a defender en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida la libertad de expresión como el principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad para articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción; en definitiva un derecho humano, recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4º.- Remitir los acuerdos citados en el punto 1º, 2º y 3º, a la Presidencia del Gobierno del Estado Español, a la Presidencia del Parlamento del Estado Español, al presidente de la Generalidad de Cataluña, al presidente del Parlamento de Cataluña y a la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Barcelona.
Resultado de la votación
- Votos a favor: 1 Canarias Decide
- Votos en contra: 11 ( 3 Partido Popular, 3 PSOE, 4 Coalición Fortaleza y 1 Plataforma por Santa Lucía)
- Abstenciones: 10 Nueva Canarias
