Los trabajadores de recogida de basura en Mogán comunican sus reivindicaciones a las licitadoras del concurso
El pasado 22 de febrero, los representantes de los trabajadores en Caseur S.A, en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Mogán, comunicaron a la Dirección General de Trabajo, su intención de ir a la huelga de forma indefinida por la inmovilidad o falta de respuesta de la dirección de empresa a la demanda de la plantilla de negociar el Convenio Colectivo que obliga a las partes.
Así las cosas, el 25 de febrero los representantes de los trabajadores comunicaron tanto a Caseur S.A como al Ayuntamiento de Mogán su intención de ir a la huelga indefinida, por las razones expuestas, forzando el inicio de las negociaciones que se iniciaron el pasado 4 de marzo.
Ante el inicio de las negociaciones, los representantes de los trabajadores han dirigido un escrito a las empresas licitadoras del concurso Urbaser, FCC, Cointer Concesiones y Proyecto Azatia y Ayagaures Medio Ambiente, en el que comunican que se encuentran en el proceso de una negociación colectiva, adjuntando las reivindicaciones que los trabajadores han puesto sobre la mesa.
Entre las reivindicaciones de los trabajadores destacan la mejora de las condiciones laborales en la que deben desarrollar su trabajo, de las instalaciones en deplorable estado, así como los vehículos que se encuentran en iguales condiciones; también revisar los sueldos que rozan el salario mínimo interprofesional, el impago del complemento de nocturnidad recogido en el convenio del sectorial a nivel nacional…, etc. A estas demandas, la representación también pone sobre la mesa para su negociación la falta de control del peso de los camiones con las posibles sanciones administrativas que pueden sufrir los trabajadores, y el vertido del lixiviado sobre la calzada, que puede ocasionar graves problemas sanitarios a los trabajadores y al resto de ciudadanos, con independencia de la mala imagen que ocasiona en un municipio que vive prácticamente del turismo.
Según los trabajadores, estas son solo algunas de las razones que han motivado la exigencia, a la vez que necesidad, de negociar un nuevo convenio, creando un marco laboral más justo que en estos años de recesión económica y leyes tan regresivas como las reformas laborales de los años 2010 y 2012, especialmente virulentas en este sector, donde durante años se ha visto reducidos los derechos sociales y económicos.
Finalmente, la representación de los trabajadores, en un acto de buena fe, ha dado este paso “porque creemos que las licitadoras deben conocer que los costes laborales incluidos en los pliegos se verán afectados al alza tras el proceso de negociación; cuestión que sucederá de manera inminente, por lo que no puede servir de excusa el desconocimiento a quienes con legitimidad optan por realizar dicho servicio”.
