Una nueva etapa
Se abre una nueva etapa. En Canarias y en el Estado. En nuestra comunidad, iniciada hace seis meses con un Gobierno progresista centrado en la mejora de la vida de la gente. Cuya filosofía ya se ha explicitado en unas primeras cuentas publicas, las de 2020, donde crece significativamente, por encima del 6%, el gasto social; aumenta el apoyo a los sectores productivos, un 13,6%, y se mantiene el esfuerzo inversor. Con unos datos que pueden mejorar sensiblemente, unos 200 millones de euros más, cuando contemos con presupuesto estatal.
Una nueva etapa en España, rompiendo por fin con un largo período de bloqueo que hacía imposible establecer mayorías de Gobierno. Un inmovilismo que deterioró la confianza en los partidos y en las instituciones, y que pudo llevarnos a unas terceras elecciones en un año. Pero, afortunadamente, se impuso la sensatez y la responsabilidad. A pesar del tremendismo de las distintas derechas. Una mayor estabilidad ayudará al progreso económico y social.
En nuestra comunidad tampoco fue sencillo. Pero se impuso la responsabilidad para establecer un acuerdo de Gobierno y afrontar los grandes retos de la sociedad canaria. La realidad lo demandaba y PSOE, NC, Sí Podemos y ASG, estuvieron a la altura de las circunstancias. Para comenzar a superar una situación marcada por muy negativos parámetros: elevado desempleo, bajos salarios y pensiones, altos niveles de pobreza y exclusión social. Con una pobreza severa que duplica la media estatal, deterioro de los servicios públicos y, en fin, enormes desigualdades sociales. Junto a graves problemas medioambientales, tanto en la producción energética como en la movilidad o el tratamiento de residuos.
Ello exige actuar con medidas dirigidas a lograr una mayor equidad, luchando contra la pobreza y sus secuelas, incorporando una renta de ciudadanía. A generar más y mejor empleo. A desplegar todos los esfuerzos en favor de la igualdad de género. A incrementar los recursos de los servicios públicos, estableciendo las prioridades y las pertinentes evaluaciones. A llevar a cabo una correcta gestión de los residuos.
Sostenibilidad
A dirigir nuestro modelo económico hacia la sostenibilidad. Trabajando por la descarbonización de la economía. Haciendo de Canarias un destino turístico sostenible, lo que supondrá un atractivo plus de calidad. Diversificando la economía, con una mayor transferencia tecnológica y un mayor peso de la I+D+i. Apostando por una movilidad sostenible, con más peso de un transporte público que debe ser, cada día, más eficiente e incorporando los trenes en las islas más pobladas para acabar con los colapsos y la elevada contaminación y costes económicos que suponen.
Luchando consecuentemente contra la crisis climática y sus efectos, más graves en los territorios insulares. Por eso, una de las primeras decisiones del Ejecutivo ha sido declarar a Canarias en situación de emergencia climática. No basta con la declaración, se precisa poner en marcha una ley y los planes de actuación pertinente.
Con más autogobierno y, asimismo, con un buen Gobierno en Canarias, desde donde se dirigen la mayoría de las políticas -sanitarias, educativas, de aplicación de la ley de la dependencia…- que impactan en la vida de la gente. Desde donde se puede y debe ir modificando la fiscalidad para hacerla más justa y progresiva, como ya comenzamos a perfilar en este primer presupuesto. Al tiempo, estando muy vigilantes con las decisiones que se adopten en Madrid y, en Bruselas, exigiendo el cumplimiento de nuestros renovados Estatuto y REF así como lo que se deriva de nuestro reconocimiento como región ultraperiférica de la Unión Europea; especialmente en el período legislativo 2021-2027.
Considero, en ese sentido, que ha sido muy relevante el acuerdo que Nueva Canarias ha establecido con el PSOE en el marco del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. En defensa de Canarias y en contribución a la estabilidad y el desbloqueo. En el que el Ejecutivo estatal se compromete al pleno desarrollo de nuestro Estatuto -transfiriendo las nuevas competencias con la correspondiente y adecuada dotación de medios-, a que en el nuevo sistema de financiación se mantenga la separación de los recursos del REF de ésta y a situarnos, al menos, en la media estatal en la financiación de los servicios básicos.
Además de resolver en el más breve tiempo posible, y de la forma más adecuada, las sentencias judiciales del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda relativa al convenio de carreteras 2006/2017. Y garantizar los programas presupuestarios para las políticas económicas y sociales incluidas en el REF: planes de empleo, de infraestructuras educativas y turísticas, etcétera.
Pensiones
Sintonizamos, además, con el nuevo Gobierno estatal en su programa con relación a la defensa de la economía y el empleo. Las reformas educativas y laborales. La defensa de los servicios públicos. El compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra la crisis climática. La confirmación de un justo y duradero sistema público de pensiones. El empeño en superar las desigualdades entre mujeres y hombres y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.
También la voluntad de diálogo para afrontar el problema territorial y, sobre todo, el contencioso catalán. Resulta difícil empeorar lo sucedido en la etapa del PP: consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 sin garantías democráticas ni sustento legal ni mayorías que apoyaran la independencia, declaración unilateral de independencia luego suspendida, aplicación del artículo 155 de la Constitución y, por tanto, suspensión temporal de la autonomía catalana…
Más recientemente, y ya con un Gobierno socialista, se produjeron las sentencias del juicio del procés con duras penas para varios dirigentes políticos catalanes. Incrementándose la crispación y alejándose las posibles soluciones.
Una persona con alta responsabilidad en el PSOE me decía hace poco que el conflicto territorial con Cataluña “no tiene solución, pero tiene arreglo”. Lo que supone que las partes busquen lugares de entendimiento, que no son ni la independencia ni el actual estatus, dentro del ordenamiento jurídico. Es posible que sea así pero, si hay alguna solución o arreglo, se encuentra en la política.
Se han abierto dos nuevas etapas. En Canarias y en el Estado español. Con dos gobiernos progresistas. Con programas de transformación de corte socialdemócrata. Legítimos. Avalados por las urnas y por los acuerdos entre formaciones políticas inherentes a un sistema parlamentario. Que tienen ante sí una ingente tarea. En una España que ha retrocedido en equidad en las últimas décadas y que está obligada a fortalecer su estado social. En una Canarias muy distante aún de los parámetros estatales en bienestar. Son los respectivos gobiernos, los máximos responsables a la hora de romper con inercias del pasado y asumir las necesarias transformaciones.
Pero se necesita, también, diálogo, entendimiento, complicidades, compromisos con los diferentes niveles institucionales, con la sociedad civil organizada, con empresarios y sindicatos, para avanzar en el progreso económico y en el bienestar de la ciudadanía. Esa es, sin duda, la razón de la política.
