La Educación Infantil de 0-2 años debe ser pública y gratuita priorizando los entornos vulnerables
La Plataforma por el 5% para Educación, tras las reuniones mantenidas con el Consejero de Educación y con la mayoría de grupos parlamentarios para presentar su propuesta de Plan Plurianual para alcanzar el 5% del PIB de inversión educativa en el 2025 -ya prevista por la Ley Canaria de Educación para 2022-, observa con preocupación las dificultades y retrasos sufridos en la puesta en marcha de las 1200 plazas públicas de 0-2 años programadas para este curso escolar y considera desacertada la alternativa planteada por la Consejería de Educación de concertar unidades con entidades privadas. Dicha alternativa, además de poner en peligro su financiación con Fondos Europeos –condicionados a su carácter público-, hará muy complejo e improbable que la iniciativa privada sea una opción eficiente y adecuada para unidades previstas en múltiples municipios o en barrios periféricos con condiciones sociales y económicas precarias. Concertar o suscribir acuerdos con los Ayuntamientos nos parece una alternativa más razonable y adecuada.
Ya en su momento, la Plataforma valoró positivamente que la Consejería de Educación de la anterior administración presentara un Plan estratégico para el Primer Ciclo de Educación Infantil en Canarias, en línea con lo establecido en la Disposición Adicional decimonovena de la Ley Canaria de Educación (2014), aunque fuera con un retraso de más de seis años. Otro valor de dicho Plan fue que ofrecía una previsión de la escolarización por municipios y una previsión de financiación con fondos específicos para su ejecución durante tres cursos académicos, lo cual era esencial para su viabilidad. Sin embargo, también valoramos que el plan era poco ambicioso y su financiación insuficiente para superar en el curso 2024-25 la brecha que tiene Canarias respecto al resto de España.
Para reducir la brecha educativa entre Canarias y el resto de España es necesario incrementar el ritmo de mejora (número de alumnado escolarizado por año académico de 2021-2022 a 2024-2025) y para ello la inversión en Educación debe alcanzar, como mínimo, el 5% del PIB y mantenerse a lo largo del tiempo. Esto hace más imprescindible consensuar y aprobar en el Parlamento un compromiso presupuestario en los próximos dos cursos ( 2023-24 y 2024-25) para incrementar progresivamente la inversión en Educación en relación al PIB y cumplir con lo establecido en la Ley Canaria de Educación. De dichos incrementos presupuestarios se podría concretar la dotación financiera necesaria para crear las 6.965 plazas de 0-2 años que supone el actual déficit en la planificación para poder llegar al 57% de los menores de 0-2 años escolarizados y equipararnos con la tasa de escolaridad previsible para el conjunto de España en 2024-25.
Como venimos reiterando y se evidencia en la gráfica superior Extremadura, una comunidad con menor renta per cápita que Canarias, lleva más de una década invirtiendo más del 5,5% de su PIB en la educación y, en solo tres cursos (2012-2015), ha logrado situar su tasa de escolarización de 0-2 años en la media del estado. Y para que resulte más paradójico y ejemplarizante, dicho salto se realizó potenciando la escolarización en centros públicos con un gobierno del Partido Popular.
La Plataforma 5% para Educación ha venido señalando desde su creación que la educación de los niños y niñas de 0-2 años es uno de los grandes déficits del sistema educativo canario. Conviene recordar que la escolarización temprana no sólo aporta beneficios para compensar las desigualdades socioeconómicas del alumnado y favorecer el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y niñas, sino que es estratégica para cimentar un mayor éxito escolar en años posteriores. Hemos reiterado a los responsables educativos y a los representantes políticos del Parlamento Canario, la importancia de priorizar dicha escolarización en los entornos con mayores déficits económicos y sociales, por su alto valor estratégico en la prevención del fracaso escolar, la mejora de la conciliación familiar y el acceso a la formación permanente y/o recualificación laboral de nuestra población más vulnerable –en particular las mujeres-.
En definitiva, alcanzar el 5% del PIB de inversión en la educación es el compromiso que nos puede permitir reducir considerablemente la brecha que nos separa de las medias del estado en los principales indicadores y colocar nuestra educación al servicio de un progreso económico y social más justo, más sostenible y menos desigual.
Canarias, 25 de septiembre de 2023.
Plataforma por el 5% para Educación
