El ‘caso Quorum 77’ obliga a clausurar dos centros de menores en Gran Canaria y salpica a un dirigente socialista
La presidenta de la ONG y el director de centros, militante del PSOE, han sido detenidos por presuntos delitos de malos tratos a menores migrantes
Dos centros de acogida de menores migrantes no acompañados han sido clausurados en Gran Canaria en el marco de una investigación judicial que afecta a la ONG Quorum Social 77, principal entidad adjudicataria de este tipo de servicios en las islas. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas dirige la operación, que ya ha supuesto la detención de la presidenta de la organización, Delia García, y de su director de centros, Enrique Quintana Ramos, militante socialista vinculado al municipio de Gáldar.
Las diligencias se iniciaron en 2024 tras denuncias de menores sobre agresiones físicas, aislamiento en habitaciones cerradas, intimidaciones y castigos prolongados. Los casos más graves afectan a los centros Fortaleza I, en Santa Brígida, clausurado en mayo, y José García I, en Arinaga (Agüimes), donde 148 menores fueron desalojados el pasado jueves y distribuidos en otros 21 recursos de Gran Canaria.
Registros en centros, sede y domicilios
La operación, declarada secreta, ha incluido registros en varios inmuebles vinculados a la ONG, incluyendo la sede central en Las Palmas de Gran Canaria y los domicilios de los responsables detenidos. La Policía Autonómica ejecutó las órdenes por presuntos delitos de lesiones, amenazas, odio, integridad moral y omisión del deber de impedir delitos.
Según fuentes oficiales, la investigación no solo analiza la actuación individual de trabajadores, sino si existía una dinámica institucional de malos tratos. La organización ha defendido públicamente su labor, negando irregularidades sistemáticas.
La gestión de 2.000 menores y más de 20 millones en adjudicaciones
Quorum Social 77 gestiona actualmente cerca de 30 centros de menores en Canarias, con unos 1.925 jóvenes bajo su tutela, lo que representa más de un tercio del total acogido en el Archipiélago. Desde 2019 ha recibido más de 20 millones de euros en contratos públicos, la mayoría bajo adjudicación directa por razones de urgencia vinculadas a la llegada de cayucos y pateras.
Entre los principales financiadores se encuentran el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pese a la gravedad del caso, el Ejecutivo autonómico ha afirmado que no rescindirá los contratos de forma inmediata, salvo que se demuestre que los malos tratos eran generalizados o institucionalizados.
Impacto institucional y político
La detención del director de centros, Enrique Quintana Ramos, ha generado impacto político, al tratarse de un militante socialista que ocupó cargos orgánicos en el área de política social del PSOE de Gáldar. Su implicación directa en la gestión de los centros y su relación con cargos públicos ha intensificado el seguimiento del caso por parte de medios nacionales y autonómicos.
El Gobierno de Canarias ha activado un plan de contingencia para garantizar la atención a los menores afectados y asegura que colaborará con la Justicia en todo momento. El caso se convierte así en una de las mayores crisis del sistema de acogida de menores migrantes en las islas, con implicaciones sociales, judiciales e institucionales de gran calado.
