Los autónomos del alquiler vacacional en Canarias se integran en ATA para reforzar su representación y acceso a servicios
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) formaliza su incorporación a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) para proteger los intereses del sector ante futuras regulaciones
La autogestión da paso a un modelo profesionalizado con impacto económico en el Archipiélago
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) se ha integrado oficialmente en la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) con el objetivo de reforzar la defensa de los autónomos que gestionan viviendas vacacionales en el Archipiélago. La firma del acuerdo tuvo lugar en Madrid el 23 de julio, y contó con la participación de la presidenta de Ascav, Teodora Borrego, el secretario general de la asociación canaria, Javier Valentín, y el secretario general de ATA, José Luis Perea.
¿Qué supone esta integración para el sector?
La alianza con ATA permitirá a los trabajadores autónomos asociados a Ascav acceder a los servicios de la federación nacional, como formación continua, asesoramiento jurídico y fiscal, acompañamiento en trámites, participación en proyectos europeos y programas de digitalización. Asimismo, se busca fortalecer la interlocución institucional del colectivo frente a posibles cambios legislativos que puedan afectar a la actividad del alquiler vacacional.
¿Quiénes integran el sector de la vivienda vacacional en Canarias?
Según los datos de Ascav, el 89 % de las viviendas vacacionales en Canarias pertenece a pequeños propietarios que disponen de entre una y cuatro unidades. De ellos, un porcentaje significativo delega la gestión de sus inmuebles a profesionales del sector, en su mayoría trabajadores autónomos. Actualmente, se estima que el 15 % de las viviendas vacacionales en las islas está gestionado por este tipo de profesionales, una cifra que se encuentra en aumento.
¿Por qué aumenta la profesionalización?
La evolución del sector muestra una clara tendencia: muchos comienzan gestionando sus propias viviendas vacacionales, pero ante el incremento de exigencias legales, fiscales y de calidad, optan por profesionalizar los servicios o constituir empresas. Esta dinámica ha creado oportunidades de empleo en distintos perfiles, incluyendo jóvenes, mayores de 50 años y personas con responsabilidades familiares, configurando un tejido económico diverso.
¿Cuál es el impacto económico de esta actividad?
Ascav estima que la vivienda vacacional genera un impacto económico directo superior a los 1.700 millones de euros anuales en Canarias. Este modelo se consolida así como un complemento a la oferta turística tradicional y como una vía de autoempleo con peso creciente en la economía insular.
¿Cómo valoran las entidades firmantes el acuerdo?
“La integración de Ascav en ATA nos permite reforzar la defensa de los autónomos de este sector ante las administraciones públicas y acceder a más recursos para formación, asesoramiento y proyectos”, señaló Teodora Borrego, presidenta de la asociación. Por su parte, José Luis Perea, secretario general de ATA, destacó que “la vivienda vacacional no es sólo una tendencia turística, es una vía real de emprendimiento y generación de ingresos. Y como tal, merece una representación firme ante las instituciones”.
¿Cuál es el contexto normativo actual?
La incorporación de Ascav a ATA se produce en un momento en el que el sector muestra preocupación ante posibles regulaciones que puedan afectar al modelo de negocio. En distintas comunidades autónomas y municipios turísticos se han planteado propuestas normativas que buscan modificar las condiciones de explotación de las viviendas vacacionales, lo que ha llevado a parte del sector a organizarse para garantizar su continuidad con garantías jurídicas y económicas.
Una representación con alcance nacional
La integración en ATA representa un nuevo escenario para los autónomos del sector en Canarias, que buscan visibilizar su aportación a la economía insular, consolidar su profesionalización y acceder a servicios especializados que fortalezcan su actividad frente a los desafíos del entorno normativo.
