Drago Canarias alerta de que casi un tercio de los municipios con más vivienda vacacional del Estado están en el Archipiélago
Canarias concentra el 28 % de los municipios españoles con mayor proporción de viviendas vacacionales pese a representar solo el 1,08 % del total nacional
Drago Canarias ha alertado de que 14 de los 50 municipios del Estado con mayor proporción de viviendas vacacionales respecto a viviendas censadas se encuentran en Canarias. El dato, elaborado a partir de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, sitúa al Archipiélago como el territorio con mayor presencia en esta clasificación, en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler de larga duración y el debate sobre el acceso a la vivienda.
Canarias, sobrerrepresentada en el mapa estatal de vivienda vacacional
Según el análisis realizado por Drago Canarias, 14 de los 50 municipios españoles con mayor proporción de viviendas vacacionales están ubicados en el Archipiélago. Esta cifra supone que casi uno de cada tres municipios del ranking pertenece a Canarias, a pesar de que el territorio insular cuenta únicamente con 88 municipios de los 8.131 existentes en España, lo que representa un 1,08 % del total nacional.
La formación subraya que esta sobrerrepresentación evidencia un fenómeno estructural vinculado al modelo turístico y residencial de las Islas, con especial impacto en los municipios más turísticos.
Yaiza y La Oliva encabezan la clasificación estatal
Los dos primeros puestos de esta clasificación corresponden a municipios canarios. Yaiza, en Lanzarote, ocupa el primer lugar con una proporción del 24,36 % de viviendas vacacionales respecto a las viviendas censadas, mientras que La Oliva, en Fuerteventura, se sitúa en segunda posición con un 23,77 %.
Junto a estos, otros municipios del Archipiélago que figuran en el top 50 son Teguise (13), Adeje (18), Haría (19), Antigua (22), Tijarafe (23), Tías (27), Tinajo (29), Hermigua (36), San Bartolomé de Tirajana (41), Mogán (42), Pájara (44) y Santiago del Teide (48).
Comparativa territorial: Canarias, a la cabeza del Estado
En el conjunto del Estado, Canarias es el territorio que más municipios aporta a este ranking, con 14 localidades, seguida de Cataluña (11), Andalucía (6), Castilla y León (5) e Islas Baleares (2).
Drago Canarias destaca que el análisis se ha realizado teniendo en cuenta todos los municipios españoles, independientemente de su tamaño poblacional, lo que explica la presencia de localidades muy pequeñas, como Roncesvalles (Navarra), que ocupa la tercera posición con solo dos viviendas vacacionales. Según la organización, si el estudio se hubiera limitado a municipios de más de 1.000 habitantes, la presencia de Canarias en el top 50 habría sido aún mayor.
Drago Canarias vincula el fenómeno al encarecimiento del alquiler
La portavoz nacional de Drago Canarias, Carmen Peña, ha calificado de “locura y desfase” que casi el 30 % de los municipios con mayor proporción de vivienda vacacional se concentren en el Archipiélago. En este sentido, ha cuestionado que se plantee la construcción de nueva vivienda como única respuesta a la crisis habitacional, sin utilizar las competencias actuales para regular el parque existente.
Peña ha recordado el informe de la organización titulado Vivienda y sectores vulnerables en Canarias, en el que se señala que el precio medio del alquiler de larga temporada ya supera los 1.050 euros, y ha afirmado que “quien no quiera reconocer la relación entre el aumento del alquiler vacacional y del precio de la vivienda es porque a lo mejor está ganando algo por detrás”.
Críticas a la Ley de Vivienda Vacacional de Canarias
En relación con la reciente Ley de Vivienda Vacacional de Canarias, la portavoz de Drago Canarias la ha definido como una “cortina de humo para evitar abordar el problema de raíz”. Según ha señalado, la norma no reducirá el número de viviendas vacacionales, sino que podría consolidar hasta un 10 % del parque residencial bajo este uso.
Asimismo, Peña ha criticado que la ley esté orientada a favorecer la especulación inmobiliaria, al no establecer límites claros a los fondos de inversión, grandes tenedores o propietarios extranjeros, y legislar la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho.
