Antonio Morales habla sobre la “preocupante sanidad canaria”

El Estado del Bienestar es un elemento indisociable de la democracia. La provisión pública, universal y gratuita de servicios y derechos fundamentales para el desarrollo de una vida plena es uno de los mayores logros históricos de la humanidad. De hecho, el debilitamiento del sistema social en las últimas décadas está íntimamente relacionado con la crisis de la democracia.

Los estados del bienestar tienen que afrontar múltiples retos, como el envejecimiento poblacional y la multiplicación de las personas que necesitan asistencia, pero sin duda hay tres elementos que siguen siendo la columna vertebral de cualquier sociedad próspera: la educación, las politicas sociales de protección a las personas más vulnerables  y la sanidad públicas. El objetivo de este artículo es exponer la que a mi juicio es una preocupante situación de la sanidad en las islas.

Veamos algunos datos. Quizás el más elocuente sea la mala valoración que los propios canarios y canarias le dan a su sanidad. Según el barómero sanitario del CIS, la valoración de seis sobre diez que los canarios ponen a su sistema sanitario es la segunda nota más baja de España, solo empeorada por la de los andaluces (5,9).

Y parece que hay razones suficientes para la insatisfacción. El tiempo medio que un paciente espera para una cita con un especialista es de 122,8 días de media, el segundo peor dato de España y que supone un incremento de más de 20 días en un año. Para las intervenciones quirúrgicas la situación es incluso peor, un paciente canario espera 153 días de media para una operación de este tipo lo que supone un aumento de 9 días respecto al pasado año. Fíjense que el dato se refiere a una media, la realidad es que en muchas especialidades e intervenciones quirúrgicas  el tiempo de espera puede estar entre seis meses y un año. Los indicadores de atención a la salud mental son de juzgado de guardia. Los hacinamientos en las urgencias de los hospitales son inhumanos. Vemos que las cifras no solo indican un mala situación sino un deterioro continuado de la atención sanitaria en las islas.

En estos momentos hay en Canarias 36.395 pacientes en listas de espera (casi 3.500 más que hace un año) y casi 145.000 esperando consulta con un especialista. Es una situación insostenible y  su solución tiene que convertirse en la prioridad absoluta del Gobierno de Canarias, porque las consecuencias sobre la salud pública son demoledoras.

No obstante, la atención primaria es un área donde las cifras son aún más graves por sus consecuencias. La atención primaria en los centros de salud es una de los fundamentos de nuestro sistema, si falla este primer paso no se pueden realizar derivaciones a un especialista y comienza a fallar toda la cadena de atención. Según datos de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública Canaria (ADSPC), solo el 10,8% de los pacientes consiguen cita en atención primaria en 24 horas y la espera suele ser de unos 7 a10 días, pero se llega a más de 14 días en algunos casos. Esto también tiene como consecuencia que algunas dolencias se agraven y se comiencen a saturar las urgencias.

La asociación en defensa de los servicios públicos de salud viene denunciando insistentemente la escasez de personal sanitario para hacer frente a esta situación. Reclaman que se bajen los cupos actuales para pasar de 1.500 pacientes por médico de familia a 1.300. Además exigen acabar con la temporalidad y precariedad de personal sanitario que en más de 60% no tiene plaza fija, y que van encadenando contratos temporales en muchos casos durante más de 10 años.

Las consecuencias del desprestigio del sistema de salud público ya se están empezando a ver. Según un informe sobre la situación de la atención especializada en las comunidades autónomas, el 54,7% de la población prefiere ser atendida por un especialista en la sanidad privada antes que en la pública. Y es que el estado de la sanidad pública obliga a las clases medias que pueden permitírselo a contratar un seguro privado (su contratación no para de aumentar) y abandona a su suerte a las familias más pobres que ven drásticamente reducida su calidad y esperanza de vida. Si esto lo unimos a los conciertos crecientes entre la sanidad pública y la privada estamos ante un escenario de privatización paulatina y encubierta de nuestro sistema sanitario público.

También me gustaría detenerme en un hecho que en ocasiones pasa desapercibido pero que tiene un efecto brutal en el sistema sanitario y son los preocupantes datos de salud pública, en especial en lo que se refiere a sobrepeso y obesidad. El 24,5% de la población de entre 6 y 9 años de Canarias tiene sobrepeso y el 18,5%, obesidad. Somos la segunda comunidad autónoma de España con mayor prevalencia de obesidad infantil. En el caso de los adultos, el 17,5% de la población canaria mayor de 18 años tiene obesidad y el 39,87% sobrepeso.

Además, esto no es un problema individual de las personas y/o las familias, sino que se trata de un fenómeno que está directamente ligado a la pobreza. Las personas (sobre todo niños y niñas) de rentas más bajas sufren en mucha mayor medida este problema. Es la consecuencia de  la falta de recursos económicos para acceder a alimentos de calidad, falta de tiempo para dedicar a la alimentación (como consecuencia de la precariedad), falta de educación en materia nutricional, etc.

Todo eso implica que la incidencia de dolencias relacionadas con el sobrepeso y la vida sedentaria (hipertensión, colesterol, diabetes, enfermedades coronarias, cáncer, etc.) será muy alta especialmente a partir de determinadas edades, lo que sin duda implica una mayor demanda de servicios sanitarios para paliar estas consecuencias que en muchos casos son crónicas.

Necesitamos un gran pacto por la sanidad y la salud pública en Canarias. Como defiende la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en su manifiesto, la Sanidad Pública universal y de calidad es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, y más dentro de una sociedad empobrecida y desigual como la canaria.

Este pacto tiene que ser amplio y tener una mirada integral. Hay que elaborar un plan de choque para acabar con las listas de espera, proporcionar una dotación adecuada de personal al sistema de salud, acabando con la precariedad y la temporalidad, frenar los conciertos de crecimiento galopante con la privada, reforzar la atención primaria y construir las infraestructuras sanitarias adecuadas para la descongestión del sistema (el sur y sureste de Gran Canaria necesitan un hospital comarcal, por ejemplo).

Pero también es importante asumir la dimensión social de la salud, invirtiendo en prevención, en educación nutricional, con una red de comedores públicos escolares que proporcione alimentación de calidad basándonos en nuestros agricultores y ganaderos locales. Hay que fomentar el deporte de base, incluso en los colegios, y reforzar las infraestructuras deportivas públicas en barrios y pueblos, con precios bajos o gratuidad para las rentas más bajas, etc, etc.

En definitiva, necesitamos un compromiso colectivo para abordar un problema complejo pero que tiene una gran incidencia sobre la vida de los y las canarias. La alternativa supondría sin duda, un agravamiento de los datos de salud pública, una quiebra en una pieza fundamental de nuestro Estado del Bienestar y un aumento de la desigualdad.