Avanti la canaria Ley Trans
Maspalomas News ofrece a sus lectores un artículo de opinión de María del Río Sánchez, presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias
Esta semana en el Parlamento de Canarias se han dado pasos definitivos para entrar ya en la recta final de la tan esperada Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, pues la Mesa de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha calificado y aprobado las enmiendas que fueron registradas por los grupos políticos.
Ahora ya sólo queda el último paso, la fase de ponencia, que tal como está trabajado el texto, y con el nivel de consenso alcanzado en el proceso de enmiendas por la mayoría de las fuerzas políticas de la Cámara, estamos convencidas de que será un trámite corto y que muy pronto podremos celebrar el nacimiento de esta esperada y necesaria Ley Trans en Canarias.
Una Ley que ya tendría que haber estado aprobada y en vigor desde hace meses, pero que las especiales circunstancias del año 2020, complicado y difícil en todos los ámbitos -también en el parlamentario- han ralentizado.
Este retraso no ha sido irrelevante, desgraciadamente ha tenido consecuencias negativas en las personas trans e Inter sex que tanto tiempo llevan esperando para que esta ley, imprescindible para el reconocimiento de sus derechos, por fin vea la luz.
Así nos lo han ratificado esta semana con su presencia en las comparecencias llevadas a cabo en la Comisión de Derechos Sociales Igualdad, Diversidad y Juventud distintas representantes de asociaciones LGTBI, especialmente implicadas y comprometidas con la necesidad de garantizar, cuanto antes, la igualdad de derechos de las personas trans e intersex, tal como han dejado de manifiesto tanto en él impuso y elaboración del borrador del proyecto de la llamada ‘Ley Trans’, como en el trámite de enmiendas que en este mes de febrero acaba de terminar.
Asociaciones como Gamá y Diversas que, entre otras, son un ejemplo de sociedad civil organizada y un motor imprescindible para quienes desde los espacios públicos, en este caso el Parlamento, tenemos que recoger y elevar las demandas de la ciudadanía a la que nos debemos y representamos.
El confinamiento y las consecuencias de la pandemia derivadas del coronavirus han puesto de relieve cómo en los momentos difíciles las personas más vulnerables se ven aún más despojadas de sus derechos, incluso de los más básicos como un techo y comida; cómo la exclusión se ensancha y ensaña en personas que ya estaban en los márgenes y cómo el sufrimiento se hace aún más profundo y desgarrador.
Las asociaciones que trabajan con personas LGTBI lo saben muy bien, por eso es tan importante escucharlas y que representantes de todos los grupos políticos tengan la ocasión de conocer, de primera mano, testimonios que no siempre les son familiares.
No podemos ignorar, como las legisladoras y legisladores que somos, por qué, para qué y para quienes hacemos las leyes, hacia qué personas van dirigidas las palabras que se encierran en un artículo, qué circunstancias se esconden detrás, y les aseguro que si les ponemos rostro, si les ponemos nombre, si conocemos y reconocemos sus obstáculos, sus sentires, su dolor, sus enromes dificultades para una integración plena, quizá nuestras reticencias serían menores y nuestros pasos serían menos lentos.
Estamos viviendo tiempos extraños y convulsos en los que las personas trans parecen estar en el punto de mira, señaladas por una corriente ideológica con cierta influencia mediática que ha decidido considerarlas una amenaza contra las mujeres.
Como si las mujeres trans tuvieran vidas fáciles, como si no sufrieran todo tipo de discriminaciones, como si no fueran ellas las que están en la cola de casi todo lo bueno, y a la cabeza de lo peor, pobres entre las más pobres, precarias entre las más precarias, excluidas entre las más excluidas.
Poco privilegio he visto yo en ellas, de todas las que conozco solo una minoría, muy minoritaria, viven vidas dignas, gozan de una buena profesión y son respetadas como personas. La mayoría están atrapadas en vidas duras y difíciles, y con muy pocas posibilidades de salir.
Nadie que conozca estas realidades puede ponerse de perfil y no entender que reconocer sus plenos derechos es una prioridad, que es urgente, que no se puede esperar más.
Que mientras desde nuestros confortables sillones, o escaños, debatimos y nos enzarzamos en debates intelectuales y esencialistas sobre el género, ellas siguen mal viviendo en condiciones miserables, en muchos casos con la prostitución como única salida, ahogadas en penurias, soledad, rechazo y tristeza. A ellas las siguen negando, o como a Iratxe las siguen matando.
Esta ley que ahora entra en su recta final no habla de otra cosa que no sea eso, el reconocimiento de plenos derechos para todas, todos y todes.
