Becas, distribución de riqueza y realidad social
Es comprensible que los cargos de responsabilidad del PP no tuvieran en cuenta esta barrera puesto que ellos nunca han vivido bajo ese umbral y ellos y sus mismos hijos/as están en su mayoría dentro del sistema privado de educación. ¿Qué les parecería que sus vástagos vivieran y estudiasen un mes en Schaman, Las Rehoyas, Cruz de Piedra o La Paterna, por citar unos pocos ejemplos?. Quizás así vieran desde otro punto de vista la ayuda a lo público. Las becas suponen así un mecanismo de distribución de la riqueza y un intento de corrección de los desequilibrios sociales. Las mayores exigencias no suponen un estímulo. El aumento de los requisitos para acceder a una de ellas supone un atentado contra esa compensación, no hace distingos entre gente que tiene disponibilidad económica de la que no lo tiene; se alejan de la justicia social.
Para que las becas cumplan con su función deben ser eficaces. Por ello no puede ser que algunos alumnos/as tenga que esperar casi un curso para cobrar un dinero que además ha sido recortado. También debemos recordar el aumento de tasas universitarias en un 40% el pasado curso o la obligación de matricularse en un mínimo de asignaturas. Eso las hace gravemente injustas y muchos/as optan por tener finalmente que dejar sus estudios al no tener para vivir. Otros/as recurren a ponerse a trabajar durante el curso hasta recibir la beca, con lo que sus rendimientos posiblemente bajen al tener que compaginar estudios y trabajo. Esto merma también sus resultados pero luego el PP les exige que sean excelentes para poder optar a la beca del siguiente curso, dando por sentado que todos/as partimos de la misma línea. El responsable de dirigir y encauzar estas becas es el Estado. Las opciones aplaudidas por algunos rectores y por sectores cercanos al PSOE consistentes en encontrar financiación privada para cubrir estas carencias nos alejan del camino y nos acercan a una mayor privatización y a una cada vez mayor toma de decisiones de empresas en las universidades canarias. Si la medida es subir los impuestos a esas “generosas empresas” con altísimos beneficios y que ellos los gestione el Estado dedicándolos a educación, estamos de acuerdo.
Las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, comprometiéndose a descender la nota para obtener una beca, al cinco, son algo más positivas. Esperemos que este compromiso no se quede en un brindis al sol y tenga la correspondiente partida presupuestaria por detrás para llevarlo a cabo, al igual que las nuevas contrataciones de profesorado prometidas y otras medidas. A pesar de estas promesas, debemos lamentar que anteriormente no se cubriesen las plazas del profesorado que se había jubilado. Por desgracia estamos acostumbrados a estas declaraciones para obtener titulares de periódicos sin que luego se plasmen en la realidad. El Estado debe, por supuesto, exigir responsabilidad a quien disfruta de una beca pero también debe tener en cuenta la realidad para superar determinado tipo de carreras. No sería lógico que en aquéllas donde la media de años para terminar los estudios sea ampliamente superior a las demás, se exigiese lo mismo que en las otras. Tendríamos que estudiar los casos concretos para conceder una beca con un 5 o menos. Por otro lado, resulta contradictorio que la misma persona y el mismo Gobierno que hace estas declaraciones apoyen desde hace años a los colegios, universidades e institutos de formación profesional privados.
Tanto Coalición Canaria, como el PP y el PSOE han sido actores principales durante décadas del desmantelamiento de la calidad del sistema público de enseñanza. Todos estos partidos han apostado claramente por la empresa privada, detrayendo fondos de la pública en su favor. Han desviado y desvían enormes cantidades de dinero público a centros privados a través de la concertada, a la que han aupado, han concedido mejores condiciones a las universidades privadas que a las públicas para que se puedan instalar (por ejemplo exigiéndoles para su creación un menor número de titulaciones que a las públicas en su creación o intercediendo a través de los ayuntamientos en los que gobernaban para la concesión de suelo público donde poderse instalar). Han favorecido y están favoreciendo a los Institutos de Formación Profesional privados al no ser capaces de cubrir la demanda de plazas y dejando ante los carros de la privada a miles de estudiantes. Han eliminado estudios de idiomas con demanda en las Escuelas de Idiomas y limitado el número de plazas para así favorecer también a las costosas academias privadas. En Canarias todo el mundo se lleva su pellizquito en educación. Es un escándalo que en los actos oficiales y festivos canarios estos concertados, estas universidades y estos institutos privados se publiciten con el mismo escudo del Gobierno de Canarias. En nuestro archipiélago la educación se ha venido llevando, en última instancia, como un gran negocio, más allá de las operaciones de maquillaje del Gobierno del señor Rivero. En los últimos cuatro años, las inversiones en la educación pública se han reducido un 15% (clic en 3).
