Ben Magec pide un 2017 que no suponga un retroceso definitivo en las políticas ambientales
Ben Magec – Ecologistas en Acción teme que 2017, si finalmente es el año en el que se aprueba la Ley del Suelo, sea el año del gran paso atrás en materia de regulación territorial, situando nuestro ordenamiento jurídico a niveles predemocráticos en materia de ordenación del territorio.
Balance del año
2016 ya consolidó algunas medidas en este sentido, como la aprobación de la modificación de la Ley turística de El Hierro, La Gomera y La Palma, que desandó el camino recorrido por los movimientos sociales, avalados por el Tribunal Supremo, en la protección territorial frente a graves amenazas contra el medio ambiente como la construcción de cinco campos de golf en zonas de alto valor ambiental.
También, en 2016, se puso de manifiesto que la mentalidad de los poderes político – empresariales canarios no ha evolucionado ni se han percatado de importantes evidencias que han dado lugar a infinidad de cartas y recomendaciones europeas, y a varios convenios internacionales. Hablamos de la necesidad de diversificar la economía, de dar participación a la ciudadanía, de proteger el medio ambiente y el territorio para preservar los recursos que nos dan vida y salud, de crear ciudades más humanas y accesibles, de reducir las necesidades de transporte, de incrementar la soberanía alimentaria y energética, y un largo etcétera de conclusiones basadas en evidencias que el Gobierno de Canarias sólo recoge para utilizarlas en algunos de sus discursos vacíos.
El ansia por el incremento del número de turistas (a pesar de estar batiendo récords sin que ello redunde en la mejora de la economía local) y de camas alojativas parece ignorar las evidencias en cuanto al rédito real que está dejando este modelo en las islas. Afianzamiento de un monocultivo que ha precarizado al máximo el empleo que genera, y que sobreexplota y masifica los recursos naturales y las infraestructuras sin que se les exija nada a cambio. Es más, se ponen a su servicio espacios naturales de gran valor ecológico como la playa que se quiere construir frente al hotel San Blas, en Tenerife, los hoteles que se quieren construir en la playa de La Tejita o cerca de La Caleta de Adeje, ambos en zonas de elevada calidad paisajística, el balneario de la Fuente Santa en Fuencaliente, un proyecto descontextualizado en un espacio protegido de alto valor geológico, o el nuevo centro de visitantes del Roque de Los Muchachos, en Garafía, ambos en La Palma, o la sobreexplotación de las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, llenas de basura y de gente sin control, y con su palmeral asediado por intereses ajenos a lo colectivo.
Con la vana excursa de fomentar la llegada de turistas se mantiene testarudamente la idea de destruir la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, en una muestra de desprecio hacia los valores naturales, y un obstinamiento contínuo por apostar por proyectos derrochadores e ilegales.
El Gobierno vuelve a retomar la senda de la construcción de infraestructuras, a la vez que allana el camino legislativo, como fórmula para activar al sector de la construcción. Así, vemos cómo se retoman proyectos como el del puerto de Fonsalía, junto a los tan manidos discursos pleitistas exigiendo inversiones para carreteras.
La gestión de los espacios naturales se ha dejado de lado con la excusa de la insuficiencia de recursos económicos (cuando en realidad, se trata más bien de una insuficiencia de interés real). Las únicas intervenciones públicas que se hacen son las que vienen subvencionadas con fondos europeos para proyectos concretos normalmente inconexos y faltos de continuidad temporal. De resto, los espacios naturales presentan un nivel de abandono, unido a una creciente masificación, que los está poniendo en serio peligro. Y las últimas grandes medidas, como el nombramiento de espacios como Reserva de la Biosfera, está sirviendo únicamente como reclamo turístico, en lugar de como figura para su conservación.
Especies altamente invasoras como el rabo de gato se extienden sin control por las islas a pesar de las continuas advertencias y denuncias de los colectivos científicos y ecologistas. De hecho, las únicas campañas serias de erradicación son promovidas por colectivos de personas voluntarias, con más o menos apoyo público. Pero en general, donde no trabajan estos colectivos no hay intervención a pesar de que esta planta está invadiendo espacios de altísimo valor ecológico, incluso algunos con figuras de protección como ocurre en la ladera de Tamadaba, La Caldera de Taburiente o Anaga. Y por supuesto, no se toman medidas para evitar la entrada y la propagación de nuevas especies.
Con alguna excepción en cuanto a proyectos que, al menos, comienzan a tramitarse, la situación de las aguas residuales que se vierten sin depurar sigue suponiendo un problema de salud pública de primer nivel, además de una infracción a la normativa europea que puede suponer una sobrecarga de primer nivel a las arcas públicas.
Pero sin duda alguna, la peor medida ambiental y territorial del Gobierno de Canarias ha sido la elaboración de la Ley del Suelo de Canarias. Esta Ley, que pondrá el territorio al servicio del mercado y de la voluntad, muchas veces indecorosa, de cualquier político, se ha convertido en la mayor amenaza al territorio de la historia democrática de Canarias. Esperamos no inaugurar el 2017 con su aprobación.
