Los ecologistas solicitan conocer el impacto del fuel sobre la pesca local
Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia el silencio de los organismos competentes, en especial de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, ante el riesgo de contaminación del vertido del Oleg Naydenov en el pescado y marisco de las zonas afectadas.
Por encima del impacto visual del petróleo en las playas y sus consecuencias en el turismo hay una cuestión grave que parece pasar desapercibida a las autoridades. La influencia del vertido en los recursos pesqueros y marisqueros es más que probable, sin embargo las autoridades competentes no han informado a la ciudadanía de si se ha evaluado el impacto de los contaminantes sobre los recursos vivos afectados, ni tampoco si se han adoptado medidas para proteger la salud de la población.
El fuel continúa llegando y la dispersión mecánica realizada por los barcos, lejos de eliminarlo lo diluye en el medio natural. El abanico de contaminantes altamente tóxicos del fuel IFO 380 y del resto de hidrocarburos que portaba el buque siniestrado permanece en las aguas y costas afectadas, y aquellos contaminantes más persistentes se acumularán en los tejidos de los organismos que sobrevivan e irán pasando a través de la cadena alimentaria a niveles superiores. Si bien el nivel de contaminación pueda no ser lo suficientemente elevada para matar los organismos marinos, a medida que subimos eslabones de la cadena, también aumentará progresivamente la concentración de contaminantes, por lo que el riesgo para la salud humana, en la cúspide de las cadenas tróficas, es real.
En una comunicación oficial del día 23 de abril de 2015 por el Servicio de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, se hacía público que no era necesario tomar ninguna medida en relación a la pesca y a las zonas de baño en ese momento, de acuerdo a la información que tenían. Sin embargo, el 29 de abril, en una comunicación enviada por el Servicio de Seguridad Alimentaria (Dirección General de Salud Pública de Canarias) a las Cofradías de Pescadores de Gran Canaria, se les advierte de que son ellos, en primera y última instancia, los responsables de controlar que los productos frescos de la pesca que salgan al mercado estén libres de contaminación, proponiéndoles para ello que realicen análisis visuales y olfativos del pescado y marisco que capturen, algo a todas luces ineficaz teniendo en cuenta la naturaleza de los contaminantes. Por otro lado, es importante tener en cuenta que las capturas de los pescadores recreativos, un alto porcentaje de las mismas, no pasan por los puntos de primera venta de las cofradías.
Los recursos pesqueros de la principal área afectada han sido tradicionalmente explotados por pescadores de las cofradías de Mogán y Arguineguín. La zona además tiene una presencia muy importante de pescadores recreativos y de embarcaciones dedicadas a ofrecer salidas de pesca a turistas: en total hay 5 puertos deportivos en la franja costera afectada. El marisco también puede ser recolectado por pescadores profesionales y recreativos en buena parte de la costa desde el pasado 1 de mayo cuando se abrió la veda temporal en toda Canarias.
Sorprende que, transcurrido un mes desde el hundimiento del buque pesquero Oleg Naydenov, ni el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ni la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, se hayan pronunciado en relación al impacto del vertido sobre los recursos vivos de las áreas afectadas, donde además existe una zona vedada para el marisqueo desde 2011. También sorprende que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, además de aparentemente no haber adoptado ninguna medida preventiva para proteger a la población del riesgo de consumo pescado y marisco contaminado, sino que además impone a los pescadores profesionales una tarea que no les corresponde.
Ben Magec- Ecologistas en Acción solicita la adopción inmediata de las medidas necesarias para conocer el impacto del vertido sobre los recursos pesqueros y para proteger la salud de los consumidores. En el caso de que fuera necesario la paralización cautelar de la actividad extractiva se deberán garantizar por la Administraciones competentes medidas económicas compensatorias a la flota pesquera afectada.
