Canarias, el peor servicio sanitario público del estado con la sociedad más enferma
Maspalomas News ofrece a sus lectores un artículo de opinión de Catalina Darias Delgado, miembro del Secretariado Nacional de Salud de Intersindical Canaria
Este año 2018, el tema del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el siete de abril y elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es: Cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar. Bajo el lema “salud para todos” y hablando en concreto de Canarias, no podemos evitar recordar, por incumplido, también aquel lema de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre de 1978, que fue el evento de política de salud internacional más importante de la década de los setenta. La conferencia fue organizada por la OMS y UNICEF, y patrocinado por la entonces URSS. La síntesis de sus intenciones se expresa en la Declaración de Almá-Atá, subrayando la importancia de la atención primaria de salud como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. Su lema fue «Salud para todos en el año 2000».
La realidad Canaria en materia de salud, a diferencia de otros países, no viene marcada por estar en vías de desarrollo o por haber sufrido conflictos bélicos recientes; viene determinada por años de pésima gestión de los recursos públicos y por el permanente intento de desmantelamiento a favor del negocio privado de la sanidad. A todo esto se suman las oleadas de recortes presupuestarios que, a partir del año 2010, se tradujeron en una sangría de recursos humanos y materiales auspiciados por la supuesta crisis económica. El resultado es, la población más enferma del conjunto del estado español, principalmente de aquellas patologías consideradas prevenibles con adecuadas políticas de educación sanitaria y que guardan relación con el alto porcentaje (más de un 30% de la población) de pobreza y los hábitos alimenticios a los que pueden acceder, producto todo ello de una situación socioeconómica de bajos salarios, bajas pensiones y altísimos niveles de precariedad laboral y desempleo, con la cesta de la compra de alimentos saludables más costosa.
Según los últimos datos, en Canarias existe una prevalencia del 33,9% de hipercolesterolemia, frente a la media del estado del 23%, siendo la primera comunidad en mortalidad cardiovascular de todo el estado español. La mortalidad por complicaciones de la Diabetes duplica la media estatal, sufriendo la población canaria por esta enfermedad el triple de complicaciones (ceguera, amputaciones, fracaso renal). El 24,4% de la población canaria padece el síndrome metabólico (es decir obesidad, diabetes e hipertensión) que termina por llevar a la insuficiencia renal y a la necesidad de diálisis y de trasplante renal.
Es este contexto, un pilar fundamental sería la existencia de unos servicios públicos potentes, equilibradores, bien financiados y fortalecidos. Desgraciadamente, lo que encontramos en un territorio tan fragmentado como nuestra nación es falta de equidad en el acceso, cuando éste es posible, ya que la falta de camas, el colapso de los servicios de Urgencias y las insufribles Listas de Espera quirúrgica, para pruebas diagnósticas y para especialidades (sobra añadir que las mayores y de más tiempo de espera del estado español), convierten el acceso a los Servicios Sanitarios Públicos en una barrera de obstáculos en cuyo camino se dan la mano las complicaciones y la cronicidad de los procesos, así como el deterioro del proyecto de vida del ciudadano que, en el caso de Canarias, con una población de poco más de dos millones de habitantes, debe compartir estos servicios con los más de 15 millones de turistas que arriban cada año.
Desde Intersindical Canaria abogamos por el derecho a la “salud para todos”, por la salud como derecho fundamental, y por la obligación de los gobiernos, en este caso, el gobierno Canario, de abandonar la asistencia sanitaria como su escaparate de hacer campaña, con “pactos”, “compromisos” y “planes” que siempre duermen el sueño de los justos mientras los profesionales, sin recursos y al albor de los designios de la Consejería de turno, se inmolan en el intento de dar una atención mínimamente digna a la población.
