NC avisa que el bipartito incumplió su deber de prevenir situaciones de incompatibilidad
Un funcionario del Ayuntamiento de Mogán deja en evidencia al gobierno de Onalia Bueno al afirmar que una de sus empresas estuvo activa hasta 2015
A través de un escrito presentado ante el registro del Ayuntamiento de Mogán, el funcionario del Ayuntamiento de Mogán, Salvador Álvarez (simpatizante de Ciuca), “reconoce de forma expresa” que la empresa de la que era apoderado y administrador único estuvo activa hasta hace dos años, informa Nueva Canarias (NC).
Para NC este dato es revelador, pues supone la confirmación de que en el año 2015, siendo alcaldesa Onalia Bueno, el funcionario mantenía un puesto activo en una empresa con actividad económica y “no solicitó en ningún momento ni la compatibilidad ni informó al Ayuntamiento de Mogán de su actividad privada”.
Además, en aplicación del artículo 20 de la Ley 53/1984, pone de manifiesto otro hecho aún más grave, y es que “el gobierno de Ciuca-Psoe no solo eludió su obligación de prevenir y resolver posibles causas de incompatibilidad de los funcionarios, sino que además le subieron el sueldo en unos 27.000 euros anuales y lo designaron coordinador de diversas áreas municipales”.
Ante el conocimiento de este dato, la portavoz de NC Isabel Santiago ha dirigido un escrito a la alcaldesa de Mogán, y a la primera teniente de Alcalde, la socialista Pino González, en el que no solo pone en conocimiento de ambas el contenido del escrito presentado por el funcionario en cuestión, sino que también les insta a que este asunto sea tratado con rigor, ya que el funcionario “se limita a decir que las empresas en las que ostentaba cargos orgánicos, han cesado en su actividad económica, sin aportar documentación alguna que acredite la veracidad de sus palabras”.
En este sentido desde la formación nacionalista, se ha solicitado a las representantes de Ciuca-Psoe, que requieran al funcionario la documentación que acredite que las empresas han cursado la correspondiente baja en el registro mercantil, así como que el funcionario aporte la documentación pública que acredite que ya no ostenta ningún cargo en sus empresas, pues de lo contrario “el gobierno de Ciuca-Psoe estarían incurriendo de forma continuada en un incumplimiento flagrante de las obligaciones que les impone el artículo 20 de la Ley 53/1984, en relación con las posibles situaciones de incompatibilidad en la que podrían estar incursos los funcionarios y que deben prevenir y revertir”, advierte Santiago.
Para NC ha quedado demostrado “el incumplimiento del funcionario en su deber de comunicar al Ayuntamiento el desarrollo de actividades privadas paralelas a sus funciones públicas”, por lo que la nacionalista espera que el secretario “garantice el procedimiento y se le someta al correspondiente expediente disciplinario”.
