Corrupción, Participación Ciudadana y Fortalecimiento Democrático
Frenar la Corrupción parece ser una cantinela mil veces repetida, mayormente para referirse a los políticos, menos al funcionariado y, a veces, a empresarios. Este fue el lema de la Conferencia Anual Internacional para la Integridad CAII2023, celebrada en Lima, Perú, el 27 y 28 de noviembre pasado, a la que fui invitado por la Contraloría General del Perú en nombre de la OLACEFS, la organización que representa a los tribunales de cuenta de Latinoamérica y el Caribe, para disertar sobre la participación ciudadana como mecanismo de prevención y lucha contra la corrupción. Parece que la organización entendió que la experiencia acumulada en estos últimos 8 años de implementación de la política pública de Participación Ciudadana en el Cabildo de Gran Canaria podía dar luz sobre cómo implicar a la sociedad en la lucha contra la corrupción y contribuir con ello a construir instituciones de gobierno más sólidas y una Democracia amplia y socialmente legitimada.
Ni que decir tiene que, de entrada, nos resultó llamativo ese interés de los entes fiscalizadores externos latinoamericanos, en España tribunales de cuenta y allí contraloría general, sobre la necesidad del involucramiento de la sociedad civil en la labor fiscalizadora de la acción de gobierno y de las administraciones públicas. En realidad, la sinuosa experiencia acumulada por los gobiernos de esa parte del Planeta en la construcción de sus estados nacionales, sistemas democráticos y administraciones públicas, parece haberles conducido a poner un esfuerzo considerable en sus instituciones fiscalizadoras superiores para que fuesen una salvaguardia de la calidad de los gobiernos, en suma de la gobernanza pública y, por lo tanto, del propio sistema democrático.
Mayor sorpresa nos supuso constatar que en España no se cuenta con un acervo teórico o un bagaje de experiencias directamente vinculadas a la implicación de la ciudadanía en la prevención y lucha contra la corrupción. Algo que, sin embargo, sí está específicamente considerada en el marco de la ONU, que cuenta con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción –CNUCC, acordada en 2004, el único instrumento anticorrupción internacional y jurídicamente vinculante, que establece expresamente el papel estratégico de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Aunque creamos de sentido común que la sociedad civil debe contar con mecanismos para frenar los actos de corrupción (soborno, malversación de fondos, abuso de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero), nos tendríamos que preguntar primeramente si es que a la ciudadanía le importa de verdad la corrupción. De entrada, podríamos adelantar que se trata de un fenómeno mal conocido y casi invisible, una ofensa sin víctimas directas, opaca y sofisticada, y con impactos no apreciados inmediatamente por la mayoría de la gente. Si atendemos a la clasificación de A. Heidenheimer, solamente la considerada corrupción negra es percibida y rechazada, mientras que la corrupción gris goza de cierta permisividad y la corrupción blanca es socialmente normalizada, aunque habría de añadirse que esta coloración sutil de los comportamientos y prácticas corruptas puede cambiar en el curso del tiempo, o si no véase, por ejemplo, las prácticas de enchufismo, donaciones a los partidos o el mismo clientelismo.
Entonces, ¿a santo de qué debería preocuparle a la mayoría social de este país la corrupción? En el plano más puramente material, el conjunto de las prácticas corruptas genera desigualdad: Joaquim Bosch (La patria en la cartera, 2022) cifra en unos 40 mil millones de euros al año lo que le cuesta la corrupción a España, una cantidad que afecta al esfuerzo económico que requieren, por ejemplo, las medidas relacionadas con el escudo social que debe proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En realidad, la corrupción erosiona la solidez de las instituciones públicas y sus mecanismos de control de las actuaciones públicas que contribuyen al desarrollo social y económico por lo que supone un impacto a corto, medio y largo plazo para el conjunto de la sociedad.
Sea cual sea el grado de importancia que la ciudadanía le atribuya a la corrupción en la administración pública y los gobiernos, ésta contribuye ciertamente a debilitar la confianza en las instituciones y al descrédito de la política y a la implicación social en el engranaje democrático, y por lo tanto a que la sociedad se desentienda y deje paso a la impunidad y la corrupción. Este círculo vicioso, corrupción-desconfianza-apatía social-corrupción, se retroalimenta cuando no hay una decidida intervención pública y ciudadana que rompa los eslabones que lo sostienen.
¿Es suficiente el sistema institucional de control de gobiernos y administración pública? Al hilo de lo experimentado en muchos países, también en España y Canarias, no parece que tengamos un sistema institucional sumamente infalible y un suficiente control de los gobiernos que genere la confianza social necesaria para romper ese círculo vicioso lo que abre huecos para que los grupos e ideologías más reaccionarias y autoritarias aumenten su protagonismo poniendo en tela de juicio la importancia del sector público, de la acción política e incluso de la propia democracia.
¿Qué más podemos hacer desde las instituciones públicas para frenar la corrupción y romper ese círculo vicioso que conduce a la deslegitimación de la política y la propia democracia? En el marco de la construcción del Gobierno Abierto, además de asegurar una verdadera rendición de cuentas y la transparencia, consideramos sumamente valiosa una política pública de Participación Ciudadana que fortalezca y haga más eficaces los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción.
Frente a las dudas asiduamente expresadas por políticos, funcionarios o incluso expertos institucionalistas sobre la pertinencia y efectividad del involucramiento de la sociedad civil en el control y fiscalización de los gobiernos, pensamos, junto a organismos internacionales como la ONU o la OCDE, que la construcción de instituciones sólidas e íntegras se fortalece con la implicación y la colaboración de la sociedad civil en las decisiones públicas y la acción de gobierno. Más aún, en el marco de las políticas públicas de Participación Ciudadana se puede fortalecer o activar mecanismos adaptados a la especificidad de las distintas instituciones locales, que además puedan ser construidos de forma participativa y colaborativa entre funcionarios, decisores políticos y sociedad civil. Y para ello, planteamos que hay una hoja de ruta posible y necesaria para hacer que la participación ciudadana complemente la acción de las entidades fiscalizadoras, tanto en el seno de las instituciones, con la digitalización, las oficinas anti-fraude, la facilitación de la rendición de cuentas o el cambio de la cultura institucional, como con la ciudadanía a través de la educación y sensibilización ciudadana sobre la percepción social de la corrupción y los valores democráticos y de convivencia, y el acceso a la información, y también a través del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y su empoderamiento social.
Yendo más allá, habría incluso que promover la implicación directa de la ciudadanía en este ejercicio de control social y fiscalización de la administración pública, de forma tal que no suponga una ralentización de las administraciones públicas, teniendo en cuenta además que contamos con un sistema descentralizado (aparte del Tribunal de Cuentas estatal, en Canarias tenemos la Audiencia de Cuentas de Canarias) que puede conllevar a un control más cercano, directo, inmediato y recurrente que podría facilitar la participación ciudadana en el control social de los recursos públicos y evitar la corrupción, el despilfarro y el fraude.
No somos ilusos ni ingenuos y tenemos que asumir que el despliegue de la participación ciudadana, también en la prevención y lucha contra la corrupción se enfrenta a no pocos desafíos, también resistencias, dentro y fuera de las instituciones públicas. La suspicacia y temores de decisores políticos, el ritmo lento del cambio cultural dentro de la administración pública, la capacidad administrativa real, la normalización social de la corrupción o la apatía ciudadana a tomar parte, pueden afectar en mayor o menor medida a la efectividad y eficacia de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Lo que sí podemos decir es que, con la creciente ola de ultra liberalismo reaccionario y tecnocrático que pretende minimizar la administración y el sector público y hacer un Estado débil y desregulado, por supuesto que al servicio de clases y grupos económicamente poderosos, debemos sí o sí redoblar esfuerzos para afianzar la legitimación de la Democracia y la acción de la política, y para ello la participación de la ciudadanía en la prevención y lucha contra la corrupción se nos antoja una clave de bóveda que es demasiadas veces despreciada y ninguneada.
Jorge Pérez Artiles, director insular de Participación Ciudadana, Cabildo de Gran Canaria
