COVID 19: un acercamiento a otras crisis globales y políticas económicas
Este artículo reflexiona sobre el papel del Estado en las diferentes crisis sanitarias, militares y económicas que se han producido a lo largo de la historia y la necesidad de refortalecer el Estado y empezar a sentirlo como algo propio de la sociedad, así mismo, también se plantea un breve recorrido por las decisiones políticas más importantes de los últimos 20 años, su impacto en la sociedad y aquello que aún queda por corregir para tener un “Estado del bienestar” que permita dar respuesta a este tipo de situaciones al mismo tiempo que lucha contra la desigualdad y la pobreza.
COVID 19: un acercamiento a otras crisis globales y políticas económicas
Se entiende por Estado la comunidad social con una organización política común y un territorio. Es decir, es una forma de organización política que nos damos todos y a la que otorgamos soberanía e independencia. Para aquellos eruditos que reniegan de la necesaria fuerza del Estado quizás debamos partir del ejemplo más simple y más antiguo de forma de organización política, la tribu. Una de las mayores características además de la organización de tareas es la de tener un cierto sentido de solidaridad común frente a los extraños o los problemas propios de la tribu. Se considera uno de los primeros peldaños del Estado, la unión de tribus creaban pueblos y los pueblos son el antecedente cultural del Estado actual.
En las tribus había una división del trabajo entre agricultores, ganaderos, cazadores, cuidadores, constructores, etc., además, existía una serie de jerarquías que se producían, principalmente, en función de la edad y el sexo, pero lo más importante es la cooperación y distribución equitativa entre los miembros del conjunto social, ninguna profesión era más importante que otra. Existía un principio universal del cooperación casi altruista, cooperación que va desapareciendo poco a poco cuando crece la dominación territorial, así, hasta la actualidad.
Ahora, parece que esa capacidad de cooperación desinteresada había desaparecido, cada vez lo común, lo que nos protege a todos era menos importante. Parece que aunque los servicios no den para cubrir a los que más lo necesitan los impuestos son muchos, las empresas no se hacen cargo de su parte y hemos perdido la noción de lo que más importa, un Estado, una colectividad o una tribu que se proteja en estas situaciones. Quizás este virus nos haya hecho a todos iguales y quizás eso nos ayude a empatizar, a recuperar ese principio universal de altruismo. En los últimos días, se ha visto en redes una reflexión de la antropóloga Margaret Mead, quien preguntada por los primeros signos de civilización dijo que el primer signo era un fémur que se había roto y luego sanado. Ningún animal vive con un hueso roto, y un fémur sanado es la evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo necesario para cuidar al malherido. Esperemos que con todo esto volvamos a ser civilizados.
La semana pasada R. Rex Parris, alcalde de Lancaster (California), denunció que un centro de atención de urgencias denegó atención médica a un joven de 17 años por carecer de seguro de salud. Esta semana, el chico moría a causa del COVID-19. La privatización de la Sanidad ataca a los más débiles, y nosotros como sociedad debemos impedir la corriente privatizadora que ha inundado nuestro país en los últimos 8 años. Esta crisis nos ha hecho ver cómo el Estado tiene que asumir todas las pérdidas o reducciones de beneficios del sistema productivo, cómo se encarga de sus trabajadores y cómo tiene que inyectar dinero en el mercado para tener la oferta preparada cuando todo esto acabe; es decir, el gasto de esto lo pagamos todos nosotros. De hecho, muy probablemente también lo paguen las generaciones futuras. Sin embargo, en un año esas mismas empresas que han pasado la pelota al techo del Estado pedirán una reducción de sus impuestos, amenazarán con irse a otros países y, aún así, tendrán unos beneficios millonarios. En síntesis, los beneficios se privatizarán.
La asunción por parte del Estado y las administraciones gubernamentales de distinta índole de la necesidad de poner soluciones a las consecuencias económicas y sociales de las crisis sanitarias, bélicas y políticas ha sido una constante a lo largo de la Historia. La pandemia contra la que luchamos ha puesto de manifiesto la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado y las administraciones den pronta respuesta a las necesidades de la población. Remontémonos, por ejemplo, a la pandemia conocida como Peste Negra, que asoló Oriente y Occidente en la primera mitad del siglo XIV.
La Peste Negra, como el COVID-19, no surgió en el centro del continente europeo sino en el limes con Oriente, en Fedosia (antiguamente Caffa) según se dice traída por el ejército Mongol que asediaba la ciudad en el año 1346. Rápidamente, la epidemia se convirtió en pandemia debido al comercio y al movimiento de personas y animales infectados, sobre todo a través del mar. Esto llevó a que las urbes comerciales se convirtieran en foco de ingentes contagios, extendiéndose la peste por toda Europa; salvándose únicamente Islandia y Finlandia se libraron de ella. En total, casi un tercio de la población mundial pereció a causa de esta. En Florencia, por ejemplo, más del 75% de sus habitantes murieron como consecuencia de la peste y aunque la pandemia se extendió con rapidez y millones de personas murieron a causa de la misma, en diversas ciudades las administraciones locales pusieron en marcha medidas de prevención y contención, lo que aminoró el impacto de la enfermedad.
En nuestro país, Lleida fue una de las ciudades en las que se dictaron medidas preventivas, pues se promulgaron disposiciones higiénicas y ordenanzas referidas a la limpieza de las vías, y se impusieron multas a quienes “contaminaban” las acequias vertiendo los orines y dejaban los residuos en lugares públicos. Los carniceros de los mercados de abastos de muchas ciudades, las peleterías y batanes, y los productores de vino también sufrieron los cambios dictados por los concejos en pos de una mayor salubridad para la prevención y contención de la epidemia. Sin la actuación de las administraciones las consecuencias de la peste habrían sido muchísimo peores.
Seis siglos después, otra pandemia causaría estragos parecidos a los de la peste: la Gripe Española. Esta enfermedad, que no surgió en España sino en Estados Unidos según las últimas investigaciones, acabó con la vida en 1918 y 1919 de en torno a cincuenta millones de personas (casi veinte millones más de los caídos en la Gran Guerra). Esta enfermedad se caracterizaba por tener entre sus síntomas la fiebre, insuficiencia respiratoria, lo que causaba un color azulado en el rostro de los afectados, hemorragias internas y encharcamiento de pulmones. La muerte por esta enfermedad era espantosa y sobre todo afectó a la población joven. La Primera Guerra Mundial facilitó su rápido contagio, pues muchos jóvenes americanos que viajaban al frente europeo la llevaron consigo, siendo un foco importante para su propagación los centros de instrucción. En esta ocasión, en la lucha contra la epidemia las administraciones públicas tuvieron un papel clave. Estas aconsejaron a la población civil, como hoy, el uso de mascarillas para evitar el contagio y muchas ciudades establecieron medidas de confinamiento. De hecho, se ha comprobado que las localidades, sobre todo estadounidense, donde las autoridades adoptaron rápidamente medidas de restricción de movimientos, se cerraron colegios y se prohibió la celebración de actividades no esenciales la mortalidad disminuyó sobremanera. Se comprobó, además, que tales acciones aminoraron el golpe económico posterior y ayudaron a que las ciudades responsables crecieran con mayor rapidez tras la epidemia en comparación con las que no tomaron medidas. Nuevamente, el papel de lo público y lo político evitó una catástrofe todavía mayor.
Si bien estas dos pandemias evidencian el importante papel de las administraciones en la lucha contra las epidemias y en la protección de la sociedad, existen en la historia más reciente dos eventos que suponen un punto de inflexión en la demostración de la importancia de poseer un Estado y unos gobiernos fuertes: la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial.
Como todos saben, en 1929 tuvo lugar en Nueva York un evento que dejó en shock a la mayor parte del mundo, la caída de la bolsa de valores. El conocido como Crack del 29, es considerado como la mayor recesión económica que haya sufrido el sistema capitalista a lo largo de su historia teniendo importantes repercusiones sociales, políticas, morales e ideológicas que pusieron en entredicho el modelo económico liberal hasta entonces vigente. El descalabro bursátil llevó a la ruina a los inversores, más de 32.000 empresas desaparecieron, la banca quebró y los créditos se suspendieron. Más de quince millones de personas se quedaron sin empleo y el comercio mundial se redujo en dos tercios. En Estados Unidos, el P.I.B disminuyó más de un 25%, la producción industrial en un 50% y el desempleo alcanzó la cota del 25%. La intervención del Estado se tornó esencial para la recuperación de las economías y sociedades afectadas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Analicemos este último caso: En 1933 llegó a la Casa Blanca el demócrata Franklin Delano Roseevelt quien ya en su discurso inaugural habló de la desregulación y la mala praxis de los bancos y empresas que velaban por el interés personal y beneficio particular en lugar del colectivo.
“Ha de ponerse fin a esa conducta en la banca y en el mundo empresarial que, demasiado a menudo, ha dado a una confianza sagrada la apariencia de prácticas crueles y egoístas.”
Roosevelt tomó importantes medidas para paliar los efectos de la depresión económica que se había iniciado 4 años antes. Estas medidas significaron el freno al capitalismo ultraliberal y sentó las bases del Estado del Bienestar. Se inició un cierto control de los bancos por parte del Estado a través de la Banking Act, se concedieron créditos para la inversión empresarial y creación de empleos, se devaluó el dólar en un 41% para potenciar la exportación americana y se otorgaron subvenciones a la industria para proteger el sector. Por otro lado, se incrementaron los derechos laborales; por ejemplo, a través de la National Labor Relations Act se regularon las relaciones entre patronos y obreros, reglamentando un salario mínimo y la jornada horaria máxima. Con la disminución del paro gracias a los créditos y subvenciones, la fijación del salario mínimo y la tendencia al alza de los sueldos, se creó una masa de asalariados con cierto poder adquisitivo que multiplicó la demanda interna. En materia social, mediante la Social Security Act, se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones. En síntesis, el Estado americano desplegó toda su maquinaria para reflotar la economía a la par que las condiciones de vida de la masa social como hicieron diversos países europeos pero con mayor fuerza.
El Crack del 29 significó un shock económico sin precedentes para el mundo, pero la Segunda Guerra Mundial ha sido el acontecimiento más devastador social, humanitaria e incluso ideológicamente. El conflicto bélico más cruento y traumático de nuestra historia tuvo como principal consecuencia la muerte de 50 millones de personas, quizá muchas más, además de la destrucción de ciudades enteras, el éxodo de poblaciones y la destrucción de las economías de los vencidos, por supuesto, así como de los vencedore, especialmente Francia y Reino Unido.
Analizado el escenario, los líderes políticos observaron que el sistema económico imperante hasta entonces no era viable para la protección de la población y el desarrollo social y colectivo. La puesta en marcha del European Recovery Programm, comúnmente conocido como Plan Marshall, por parte de los Estados Unidos, ayudó a que en el continente europeo se sentaran las bases del Estado del Bienestar. El modelo basado en la desregulación económica propugnada por el liberalismo debía dejarse de lado. El estado pasó a intervenir en la economía, entregando servicios y beneficios y otorgando mecanismos y recursos que devienen en certidumbre, seguridad y control en el manejo económico. El caso del Reino Unido es uno de los más interesantes. La administración de Clement Attle, premier laborista, se basó en los informes Beveridge y en las políticas keynesianas para la consolidación del bienestar social y económico británico, apuntalándose la Seguridad Social (creada durante el gobierno de coalición en plena IIGM), creándose el Sistema Nacional de Salud (National Health Service) y nacionalizándose sectores clave para la reducción de las diferencias sociales como los muelles, las minas, el transporte, la electricidad y el gas. Se crearon, además, grandes grupos de vivienda pública para fomentar la natalidad -la población había sido diezmada por la guerra- y el acceso a un hogar digno por parte de la mayoría social. Asimismo, Attlee y su gobierno hicieron efectiva la Educación gratuita hasta los 15 años. En síntesis, el Estado volvería a salvar a los más vulnerables tras un evento de consecuencias devastadoras para el pueblo británico y, sobre todo, para la clase trabajadora teniendo la justicia social, la igualdad y la recuperación económica como objetivos.
Decía Cicerón el el siglo I a.C. que la Historia era la magistra vitae, algo que no podemos poner en duda. La Historia nos demuestra que solo a través del fortalecimiento del Estado podemos hacer frente a los retos que se nos presentan, creciendo todos y todas juntos de manera justa y sin abandonar a nadie en la cuneta. Las experiencias de debilitamiento del Estado y de ultraliberalización de la economía, como ocurrió en el Reino Unido de Thatcher y los Estados Unidos de América, tienen consecuencias devastadoras, especialmente para la clase trabajadora, principal afectada del capitalismo salvaje que reduce sus derechos y su poder adquisitivo. Un Estado fuerte es aquel en el que se protege a la mayoría social, se asegura el bienestar del país, se reduce la desigualdad social y cuyos servicios públicos no se encuentran desmantelados en pro del sector privado y de unos pocos. Recordemos que el Estado lo conformamos todos y todas.
Hay muchas cosas sobre las que reflexionar y lo bueno de la cuarentena es que nos permite hacerlo, nos permite coger la distancia suficiente como para ponerlo todo en perspectiva. Es evidente que necesitamos una mejora del Estado del Bienestar, debemos abandonar el cortoplacismo y abandonar las plazas de debate público -ubicadas en las redes sociales- y buscar soluciones, proponer, proponer y no dejar de proponer. Es lo que tenemos que pedirle al Gobierno y a la oposición.
Miren, habrán escuchado y volverán a escuchar lo de las pensiones, que no se podrán mantener, que la hucha está vacía, que ahora se jubila la generación del baby boom y que eso hará insostenible el sistema. Pero no es menos cierto que la generación del baby boom lleva trabajando toda su vida y que tuvieron que mantener una generación que era menor que la de ellos y además, avanzar el Estado en cuanto a infraestructuras. De hecho, en el año 2000, por ejemplo, la Seguridad Social cerraba el año contable con un superávit de 486.251 millones de pesetas y el superávit se mantuvo hasta el año 2010. En esos años la hucha de las pensiones llega hasta 66.815 millones de euros, es decir, quizás los baby boomers habían hecho ganar suficiente dinero a la Seguridad Social como para sostener el déficit que se produciría con el cambio generacional. Sin embargo ese dinero, los grandes gestores de la derecha española lo movieron a cubrir gastos de los PGE y la reserva se vació al mismo tiempo que la deuda respecto al PIB crecía hasta el 97,6%. Un ejemplo de manejo de la economía sin parangón. Lo peor es que nos hemos tragado su mentira.
En cualquier caso, ahora hay que articular los mecanismos para hacer sostenible el Estado del Bienestar y eso parte de la necesidad urgente de asumir, como sociedad, que el Estado somos todos y todas y que el que roba al Estado te roba a ti, que el que hace parte de la factura en B está ayudando a que tus pensiones no se revaloricen con el IPC. Esa necesidad de corregir el fraude es apremiante, más que porque vayamos a ganar grandes cantidades de dinero porque nos hará crecer como sociedad y mejorará el concepto que tenemos de nación. Pero más allá de eso es importante corregir lo que podemos denominar como “fraude legal”. Según la ley de sociedades las empresas tienen que pagar a Hacienda un 25% de sus beneficios, sin embargo, las grandes sociedades pagaron el impuesto a un tipo efectivo del 7,88%, es decir, en España pagan menos, proporcionalmente, las grandes empresas. Un impuesto que en vez de ser progresivo es regresivo, maravilloso. ¿La clave de todo esto?, las exenciones fiscales. Si contratas a menores de 30 años, deducción por inversión de beneficios, gasto en innovación tecnológica, etc.. Ese tipo de inversión que se permiten las grandes empresas. Además de todos aquellos ajustes por consolidación y otro tipo de ingeniería fiscal. Por cierto, de esto es de lo que se quejan los rojos con las donaciones de Amancio Ortega.
En definitiva, tenemos un crecimiento -COVID aparte- sostenido aproximadamente en el 2%, nuestra deuda es casi lo que generamos en el país en un año y dependemos demasiado de la financiación exterior y de los tipos que haya en el momento de la compra. De hecho somos de los países más dependientes de los mercados financieros exteriores. Además, ha quedado demostrado que la vía de la austeridad para salir de este tipo de situaciones conlleva inevitablemente un aumento de la desigualdad, así, en 2008 en España, el 10% de la población con menos ingresos contaba con 9,7 menos ingresos que el 10% de la población con más ingresos mientras que a finales de 2017 esa diferencia era de 12,8 veces.
La reforma fiscal del estado y su estructura tiene que ser revisada, tenemos que entender que la fortaleza del Estado es clave para la redistribución de la riqueza y el mantenimiento del famoso “estado del bienestar” que tanto costó alcanzar tras eventos dolorosos como los citados. Debemos ser generosos, cooperativos, pensar colectivamente, y darnos cuenta de que no podemos devaluar los servicios que el Estado nos garantiza, educación, sanidad, seguridad, obras públicas y limpieza. La valentía que Roosevelt tuvo en el 33 o Attlee en 1945 son más necesarias que nunca. Decía Martin Luther King que “somos propensos a juzgar el éxito por el índice de nuestros salarios o el tamaño de nuestros automóviles, en lugar de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad”. Seamos capaces de cuidarnos, de poner el foco donde se debe, seamos capaces de fortalecer el Estado.
Carlos Carrión Marrero, secretario general del PSOE de Santa Brígida, y Adrián Santana García, secretario del grupo socialista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
