Derecho al Techo critica el rechazo a declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada
El colectivo denuncia la falta de voluntad política para contener el alza de los precios del alquiler y acusa al Gobierno de Canarias de alinearse con los intereses de la patronal inmobiliaria
La organización Derecho al Techo ha emitido un comunicado en el que rechaza el reciente informe publicado por el Colegio de Economistas de Las Palmas, que niega que Las Palmas de Gran Canaria cumpla los requisitos para ser declarada como “zona tensionada” en materia de vivienda. Esta negativa contradice el informe técnico aprobado por el Pleno del Ayuntamiento capitalino en enero de 2025, que sí reconocía la existencia de indicadores suficientes para aplicar medidas de contención de precios, conforme a lo establecido en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda.
¿Qué ha ocurrido?
El Colegio de Economistas ha hecho público un informe técnico que concluye que la capital grancanaria no cumple los criterios necesarios para ser catalogada como zona tensionada, un estatus que permitiría al Gobierno de Canarias aplicar medidas para limitar el precio de los alquileres. Esta postura choca con la adoptada por el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo Pleno aprobó en enero un informe que afirmaba lo contrario.
¿Quién se opone y por qué?
Derecho al Techo, colectivo ciudadano en defensa del derecho a la vivienda, ha calificado esta discrepancia como una maniobra previsible que evidencia la falta de voluntad institucional para intervenir el mercado del alquiler. Según denuncian, “se confirma el compromiso del Gobierno de Canarias con los intereses de la patronal inmobiliaria, los fondos de inversión y la especulación urbanística”.
¿Cuál es el argumento técnico?
El informe del Colegio de Economistas sostiene que existe una “abundancia” de viviendas vacías o sin ocupar en Las Palmas de Gran Canaria, lo que, a su juicio, desactiva la categoría de zona tensionada. Sin embargo, Derecho al Techo cuestiona esta conclusión señalando que muchas de estas viviendas están fuera del mercado tradicional: bien en manos de fondos que las mantienen vacías, bien destinadas a plataformas turísticas o alquileres temporales.
¿Qué consecuencias tiene esta decisión?
Para el colectivo, el rechazo a declarar zona tensionada a la capital grancanaria impide aplicar medidas mínimas de control sobre los precios del alquiler, en un contexto en el que muchas familias destinan más del 40 % de sus ingresos a pagar la vivienda, comparten piso por necesidad o directamente sufren procesos de desahucio. Derecho al Techo advierte de que se pierde así una herramienta útil para frenar la escalada de precios, como ya ha sucedido en otras ciudades como Barcelona, donde los precios cayeron un 6 % tras la implementación de la medida.
¿Qué reclaman desde Derecho al Techo?
La organización reconoce que la declaración de zona tensionada no resuelve las causas estructurales del problema habitacional, pero sí la considera un paso necesario para frenar el deterioro. Exigen que esta declaración venga acompañada de una moratoria para nuevas licencias de vivienda vacacional y de una regulación efectiva del alquiler por temporada, mecanismos que, según el colectivo, están siendo utilizados para sortear cualquier tipo de control público sobre el mercado del alquiler.
¿Qué medidas tomarán?
Lejos de resignarse, Derecho al Techo reafirma su compromiso con la movilización social, la visibilización del problema y el acompañamiento a familias afectadas. “No confiamos en que las instituciones caciquiles de Canarias impulsen políticas valientes. Pero tampoco nos resignamos”, concluye el comunicado. Para el colectivo, el derecho a la vivienda debe ser una conquista social, no una concesión administrativa.
