El Ayuntamiento de Mogán adjudica un contrato de 50 millones en contra del criterio del interventor municipal
En la sesión plenaria de febrero celebrada en las Casas Consistoriales de Mogán, el grupo de Gobierno ha adjudicado el contrato para la prestación del servicio para la recogida de residuos sólidos en el Municipio de Mogán a las entidades Cointier Concesiones, S.L y Proyecto Azatia S.L, amparándose en un informe emitido por el concejal de contratación y primer teniente de alcalde Mencey Navarro, “que además está siendo investigado por prevaricación continuada por el juzgado de instrucción número 3 de los de San Bartolomé de Tirajana”, informa Nueva Canarias en nota de prensa.
En dicho expediente destaca por su claridad el informe emitido por el actual interventor municipal, en el que afirma que “el expediente no está informado por el jefe de la dependencia, tal y como ordenan los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, sino por un miembro de la corporación que no fue elegido en base a criterios de méritos y capacidades para emitir informes de este calado, sino por la confianza depositada por la ciudadanía”. Continúa afirmando el interventor que “ello supone un defecto procedimental que, a todas luces, produce inseguridad jurídica a quienes han de tomar la decisión y merma la eficacia de la fiscalización”.
El interventor añade en su informe que “en el expediente no se establece estimación alguna del precio del contrato valorado según la baja del propuesto como adjudicatario, con lo que por esta intervención se desconoce el importe que se propone deba quedar comprometido en el presupuesto municipal”.
Para Nueva Canarias “resulta rocambolesco que un equipo de gobierno sea capaz de aprobar en el pleno un expediente en el que el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, es capaz de sustituir a un técnico municipal y emitir un informe que es fundamental para poder adjudicar un contrato que ronda los 50 millones de euros”.
La portavoz de NC Isabel Santiago opina que “la gravedad y la temeridad con la que actúa el concejal y la alcaldesa de Mogán es tal que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento, pues en el caso en que algunas de las empresas o algún particular denunciase dicha adjudicación, las indemnizaciones serían inasumibles por la Corporación”.
Santiago añade que “la sustitución del informe del técnico por el que ha emitido en concejal Mencey Navarro, supone que el procedimiento carece de la objetividad necesaria para entender que la adjudicación obedece a criterios técnicos y no políticos”. Y pone de manifiesto que “en el expediente consta de forma explícita que una de las entidades adjudicatarias lleva tres años sin actividad alguna, cuestión esta que a todas luces va a suponer un grave problema para la gestión del servicio”.
NC ha recordado que “a la inseguridad jurídica, a la que alude el interventor municipal, se debe añadir la que se deriva del cierre en falso del expediente abierto al redactor de los pliegos por un posible conflicto de intereses”. Además “es surrealista que el interventor municipal afirme que desconoce a cuánto asciende el contrato y que no sabe cuántos recursos económicos debe comprometer para hacer frente al pago del contrato año a año, en el mismo momento de la adjudicación”.
Ante esta situación de “enorme inseguridad jurídica del expediente, las posibles consecuencias negativas que se derivarían para las arcas públicas, y esta gestión gravosa para los intereses generales de Mogán que está protagonizando Ciuca”, Nueva Canarias ha anunciado que llevará el expediente ante el Tribunal de Cuentas “para que tome cartas en el asunto”.
Subida de tasas de basura
La formación nacionalista ha recordado que desde que la adjudicataria asuma el servicio, entrará en vigor el incremento de la tasa por la prestación del servicio, tal y como advirtió NC en su campaña de información denominada el “Tasazo”. El incremento de la tasa va a afectar a todos los usuarios, por ejemplo los vecinos, que pagan hoy por sus viviendas de hasta 90m2 60,00 euros pasarán a pagar 82,47 euros, y aquellos cuyas viviendas superen estas dimensiones llegaran a pagar 108,38 euros. Lo que supone un incremento de la presión fiscal en un 37,45% a unos y en 81% a otros. Por su parte, los comercios sufrirán incrementos de un 156%, los bares y cafeterías de un 166%, incluso los locales cerrados, que no generan residuos verán incrementada la tasa en un 111,66%, las discotecas de costa en un 238% y en un 237,8% a las de interior.
La portavoz de la formación nacionalista en Mogán Isabel Santiago espera que “el gobierno rectifique, y por lo menos sea un técnico competente, y no un concejal investigado por prevaricación quien informe de los expedientes administrativos, para garantizar un actuación objetiva de los poderes públicos”.
