Denuncian que el “interés estratégico” atenta contra los derechos ciudadanos
Ben Magec – Ecologistas en Acción acusa al Gobierno de Canarias de atentar contra el derecho de participación en materia de medio ambiente, y acortar el plazo de exposición pública a proyectos polémicos y de gran impacto ambiental.
La declaración de un proyecto como ‘de interés estratégico para Canarias’ supone la reducción a la mitad de su tramitación, incluído el plazo de exposición pública necesario para que la ciudadanía pueda conocerlo, estudiarlo y, en su caso, presentar alegaciones. Según la Ley 3/2015, y en sintonía con la Ley de Armonización, el Gobierno de Canarias está facultado para “de forma totalmente arbitraria, agilizar los plazos de los proyectos que ellos mismos decidan”, como acaba de ocurrir con cinco proyectos: un hotel, un parque acuático y un parque eólico en el sur de Gran Canaria y dos centrales de biomasa, en Gran Canaria y Tenerife.
Ben Magec – Ecologistas en Acción denuncia que este tipo de leyes atentan contra los derechos ciudadanos al recortar los plazos de participación en asuntos relacionados con el medio ambiente. Estos derechos habían sido adquiridos gracias a la firma de acuerdos internacionales como el Convenio de Aarhus, que fue trasladado al marco jurídico español a través de la trasposición de Dictámenes europeos de obligatorio cumplimiento.
Nada más empezar el curso político, el nuevo gobierno ha declarado ‘De interés estratégico para Canarias’ proyectos como el parque acuático Siam Park y la ampliación del Hotel Lopesan Villa del Conde Resort y Talaso, ambos en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. “Los dos proyectos consumirán una enorme cantidad de territorio y recursos naturales (agua y energía), por lo que deberían ser sometidos a un estudio riguroso y sosegado”.
“Las centrales de biomasa también declaradas y que irían ubicadas en el Muelle de la Esfinge, en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria y en Granadilla, Tenerife, en absoluto están excentas de riesgo ambiental, además de que no tiene ningún sentido instalar en Canarias unas centrales de producción eléctrica cuando aquí sobran recursos energéticos limpios como el sol y el viento para producir energía. Este tipo de plantas se abastece de materia vegetal que suele provenir de territorios arrasados y repoblados con monocultivos como el eucalipto, y la materia prima ha de recorrer miles de kilómetros hasta llegar al destino, con el consecuente gasto energético y la contaminación que conlleva. En el caso de que adquieran materia vegetal en Canarias, lo harán a costa de un elemento que serviría para producir el compost que solucionaría tanto la parte más compleja de la gestión de los residuos, la fracción orgánica, como el elevado índice de desertificación que sufren las islas”.
La Federación ecologista acusa al Gobierno de ser el único responsable de que los plazos de tramitación de los expedientes se dilaten en el tiempo, debido a la infradotación de los órganos administrativos relacionados con medio ambiente y territorio, tantas veces denunciada por esta organización. “El Gobierno de Canarias echa la culpa del caos que ellos mismos han generado, al cúmulo de normativa existente, cuando lo que realmente pasa es que la Administración carece de los recursos mínimos necesarios para que las áreas relacionadas con medio ambiente funcionen con eficacia. Acusando a la normativa es como se han justificado a sí mismos para desregularizar y rebajar la protección del territorio, y éste es el resultado”.
Por último, añaden que “queda bastante claro cómo se defienden como de interés estratégico proyectos que sólo responden a intereses empresariales privados, que no aportan ningún valor añadido y que no benefician económica ni socialmente al conjunto de la la sociedad canaria, pero sin embargo sí que socializan los perjuicios medioambientales”.
