El gobierno de Mogán aprueba dos reconocimientos de crédito en contra de las directrices de la Audiencia de Cuentas
En el pleno del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al mes de marzo, celebrado este jueves en las Casas Consistoriales del casco, el concejal de Hacienda Artemi Artiles (PSOE) sometió a consideración de la corporación dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, “con el fin de levantar los reparos suspensivos impuestos por el interventor municipal a gastos generados por la concejalía de Deportes y por la concejalía de Aguas por carecer de contrato que justificasen dichos pagos”, informaba Nueva Canarias inmediatamente después de la sesión.
Concejalía de Deportes
En relación al grupo de facturas de la concejalía de Deportes, la portavoz nacionalista progresista Isabel Santiago destaca la contundencia del interventor municipal al afirmar que “no existe contrato en vigor que ampare la prestación del servicio, debido a que en el año 2016 ya se había consumido todo el crédito disponible establecido en el contrato. Asimismo, hace referencia a que en un acuerdo de Junta de Gobierno del 14 de febrero de 2017 se acordó prorrogar la prestación del servicio a cargo de esa misma empresa hasta la adjudicación del nuevo contrato, con expresa mención, por parte de la intervención, de que dicha irregularidad debía subsanarse. Afirma el interventor que desde febrero de 2017 hasta noviembre de 2017 ni se ha aprobado el expediente de contratación, y por tanto no se había producido la nueva adjudicación”.
Según Santiago, “esto implica el incumplimiento del acuerdo adoptado en la junta de gobierno local, especialmente por el concejal de Deportes, que es el responsable directo de la no aplicación de medidas que subsanen y corrijan este gasto descontrolado en la concejalía, que asciende a 271.148,65 euros”.
Concejalía de Aguas
En relación a las facturas derivadas de la contratación de cubas de aguas, la concejala nacionalista progresista informa que según el interventor municipal “nos encontramos ante una falta absoluta de procedimiento que da lugar a una causa de nulidad de pleno derecho. Es decir, se ha omitido el procedimiento legalmente establecido para este tipo de contrataciones así como se superan los límites económicos del contrato menor. La cuantía de lo indebidamente contratado asciende a un total de 36.194,26 euros”.
Isabel Santiago añade “las dudas que genera el informe del coordinador de servicios públicos, cuando plantea en sus informes que el responsable técnico no avisó a los suministradores de agua que se había superado la cuantía de los contratos, que el gasto no se tramitó como marca la ley y que desconoce quién realizó los pedidos de aguas a las empresas suministradoras”. La portavoz de Nueva Canarias pidió explicaciones al respecto al concejal José Martín, “quien se limitó a guardar silencio remitiéndose a lo que se expone en el expediente”.
La concejala de Nueva Canarias recordó el contenido reiterado por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias, quien determina, en sus numerosos informes, que en este tipo de expedientes debe incluirse con carácter básico, una memoria justificativa suscrita por el técnico responsable del servicio y firmada por el concejal correspondiente, informe técnico de valoración en el que se haga constar que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación del servicio, así como la justificación detallada de que los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado; las facturas detalladas de la prestación firmada por el técnico y el político responsable y un informe jurídico-administrativo del servicio correspondiente. Ante la carencia de estos documentos Isabel Santiago solicitó que el asunto se quedase sobre la mesa.
La portavoz nacionalista también recordó que la Audiencia de Cuentas de Canarias ha manifestado que “la resolución administrativa de reconocimiento extrajudicial de créditos debe sujetarse a la exigencia de responsabilidades a las que se refiere el Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial”, motivo por el que ante la inexistencia de referencia alguna a este extremo en el expediente, planteó dos enmiendas a las propuestas de acuerdo, solicitando que “tanto los miembros de la Junta de Gobierno -en relación a las facturas de la concejalía de Deportes-, como el concejal de Aguas José Martín, fuesen sometidos a un expediente de responsabilidad patrimonial para que asuman de su bolsillo el pago de esta deuda”.
Finalmente, el grupo de gobierno Ciuca-PSOE, rechazaron las enmiendas planteadas por Nueva Canarias y optaron por “!apartarse de las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias y aprobar ambos expedientes”, apostillaba Santiago.
