González: “Canarias ha dado un no rotundo al quebranto de los derechos de nuestra tierra”
La portavoz económica de NC agradece el esfuerzo y la generosidad de todos los grupos del Parlamento y del Ejecutivo para paralizar la vulneración del REF
La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, afirmó hoy que, con la aprobación unánime del Legislativo del informe desfavorable a la vulneración del diferencial fiscal del sector audiovisual de las islas amparado en el Régimen Económico y Fiscal (REF) que tramitan las Cortes Generales, “Canarias ha dado un no rotundo al quebranto de los derechos de nuestra tierra, ha marcado un hito histórico”. La parlamentaria del grupo nacionalista progresista agradeció el esfuerzo y la generosidad de todos los grupos y del Gobierno canario para paralizar la tramitación del conflictivo proyecto de ley y, en consecuencia, que Canarias y el Estado se sienten a negociar las discrepancias, durante dos meses.
Un “sincero y profundo agradecimiento” a todos los grupos parlamentarios por el “enorme esfuerzo, colaboración, predisposición y generosidad” para alcanzar un acuerdo unánime. Con estas palabras comenzó hoy su intervención la diputada de NC, en la sesión plenaria extraordinaria, durante el debate previo a la votación.
Para Esther González, emitir una opinión desfavorable de todos los grupos significa manifestar un “rotundo no al quebranto de los derechos de nuestra tierra”. Canarias demostrará, tal y como puntualizó, que “estamos todos de acuerdo, que estamos todos unidos, en la defensa de nuestros derechos”.
La portavoz económica reconoció la “indignación y el orgullo” sentido hasta llegar a la votación de hoy. Indignación, explicó, “porque, una vez más, otros intentan vulnerar nuestro fuero, incumplir nuestro REF”. Orgullo “profundo”, agregó, por el acuerdo contra el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, sancionado por el Senado y pendiente de aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados. Una iniciativa legislativa que vulnera el diferencial fiscal de las producciones audiovisuales de las islas un 80% superior al vigente para el resto del Estado.
Este informe desfavorable, en su opinión, supone además “otro hito histórico, una unidad de acción” lograda por el Legislativo y el Ejecutivo, para defender los derechos de la comunidad ante la Administración del Estado. “Canarias emite un voto desfavorable a que otros vulneren nuestros derechos, porque los derechos no se infringen, los derechos no se violan, los derechos se respetan”, exigió.
Además, Esther González hizo hincapié en que, con esta decisión del Parlamento, se activará, por primera vez, el nuevo modelo de relaciones bilaterales entre Canarias y el Ejecutivo estatal, fijado en el Estatuto de 2018, para resolver las discrepancias surgidas con las propuestas legislativas del Gobierno y las Cortes Generales, que afectan al régimen económico y fiscal.
La unanimidad del Legislativo y del Ejecutivo ha dicho por primera vez, reiteró, que la tramitación del proyecto de ley en las Cortes Generales tiene que “paralizarse hasta que se nos escuche”.
La deducción por inversiones en producciones cinematográficas del REF, según la portavoz económica nacionalista, ha permitido que esta industria se haya convertido en una actividad estratégica en Canarias, con un claro potencial para la creación de empleo, para la promoción internacional de la economía canaria y reconocida en toda Europa. Los efectos de esta singularidad en la regulación fiscal, añadió, han dado como resultado un notable incremento en las producciones estatales y extranjeras en los últimos años.
Nueva Canarias, recordó, ha tratado de solucionar este problema desde que, hace 14 meses se produjera esta vulneración, a través de sendas enmiendas e iniciativas de control del diputado en el Congreso Pedro Quevedo, comunicaciones de la Consejería de Hacienda de Román Rodríguez con el correspondiente departamento ministerial y otras iniciativas en el Parlamento de Canarias.
El diferencial fiscal del sector audiovisual canario, como establece la norma canaria reconocida por la Constitución y amparada en el Estatuto, tiene que “ser un 80% superior al del resto de España, 18 millones de euros, y no 12,4 millones de euros”, como consta en el proyecto de ley aprobado en el Senado, y sobre el que el Parlamento de Canarias ha emitido el informe desfavorable.
