El Cabildo defiende la continuidad de los servicios sociales municipales
El Cabildo de Gran Canaria ha mostrado este jueves su rechazo a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entra en vigor el 1 de enero porque desmantela los servicios sociales municipales que son los más cercanos y accesibles a la ciudadanía para cubrir sus necesidades básicas.
Personal del área de Política Social y miembros de la corporación insular se han sumado a la iniciativa del Colegio de Trabajo Social con una concentración en la que la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez, defendió el sistema público de servicios sociales.
“La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pone en jaque a los servicios sociales municipales porque les quita competencias en un momento de crisis socioeconómica y cuando más personas los necesitan”, añadió.
La consejera explicó que la Ley elimina la autonomía local, materializa el desmantelamiento de los servicios sociales pues no se garantiza la ficha financiera de sus costes, y cuestiona la base del sistema público de servicios sociales, por lo que pidió su retirada en lo que afecta a las competencias de políticas sociales municipales.
“Los ayuntamientos son la puerta de entrada para las personas que tienen dificultades, son servicios de proximidad, atienden no solo la emergencia social sino también la prevención, y eso no va a ser posible con esta Ley”, aseveró.
Máñez insistió en que sin un sistema público que garantice los derechos de ciudadanía no se logrará la cohesión y justicia social que en estos momentos demanda.
Por otro lado, Máñez expresó la repulsa del Cabildo por el último asesinato machista que se ha producido en Canarias y condenó cualquier forma de violencia contra la mujer.
