Interrogantes y temores ante las decisiones por Covid-19
Los epidemiólogos no son políticos, son profesionales que trabajan en base a evidencias científicas y protocolos basados en la misma. He escuchado a epidemiólogos jugar a ser políticos respaldando decisiones políticas sin fundamento científico alguno y a políticos recomendar y opinar sobre procedimientos médicos y científicos sin la mínima autoridad para ello.
A riesgo de caer en el grupo de los segundos, me atrevo a plantear una serie de interrogantes que no me permiten “dormir tranquilo”, quizá sea por deformación profesional.
La Sanidad Española, no ha podido ofrecer datos objetivos sobre la incidencia y prevalencia del coronavirus, más allá de la incidencia en pacientes diagnosticados con sintomatología, confirmados por microbiología. Lo ha impedido las carencias de un modelo sanitario desmantelado y con grandes limitaciones de recursos para poder hacer las serologías masivas o al menos necesarias para conocer la realidad de esta pandemia en Nuestro País. El Gobierno de España, desconoce las dimensiones de esta pandemia y carece de datos fiables. Por estos motivos el Centro Nacional de Epidemiología, CNE, propone llevar a cabo una “Encuesta Sero-Epidemiológica de la Infección por SARS-CoV-2 en España”, que estudiaría a 62.400 personas, para obtener los fundamentos objetivos, que le permitan analizar la situación y tomar decisiones objetivas, en beneficio de la salud y de la economía del país.
Para Canarias el estudio contempla la inclusión de “un brazo” con mil doscientas personas, de diferentes grupos de población y riesgos, a las que se les hará tres serologías, una cada quince días, para una vez terminado el mismo y analizados los resultados, poder tener criterios para la toma de decisión concienzuda y objetiva.
Ante las decisiones anunciadas, tanto por el Presidente del Gobierno, (no solo de flexibilizar el confinamiento a los niños menores de 12 años) y del Presidente Canario, de experimentar con Canarias por la baja incidencia de coronavirus en las Islas, me planteo varios interrogantes:
¿Están definidos estos grupos del estudio? ¿Se conocen? ¿Quiénes son los profesionales que participan o van a participar en este estudio? ¿Los han formado para que utilicen los mismos criterios, parámetros, test, procedimientos, etc. y eviten sesgos en el estudio? ¿disponen de todos los recursos necesarios para ejecutar el mismo?
Si la encuesta se encarga para tener datos sobre los que actuar, ¿por qué se anticipan medidas sin fundamentos, sin haber llevado a cabo la encuesta y desconociendo los datos reales de la prevalencia de la enfermedad?
¿En base a qué datos y criterios científicos hay que permitir, primero la movilidad a los menores de 12 años? Alemania recomienda primero a los adolescentes, ¿En que se basan unos y otros? ¿Quién tiene más razón y argumentos científicos?
¿Por qué el Gobierno de Canarias pide experimentar con el desconfinamiento de Nuestra Población si no tiene datos objetivos, si no tiene criterios científicos y médicos, para actuar? Y, si van a actuar sin criterios científicos y datos objetivos, entonces, ¿Para qué hacen el estudio?
Si para las autoridades, primero es la salud, ¿por qué toman medidas sin rigor científico, para satisfacer los deseos de grupos y acallar las propuestas de la irresponsable oposición política?
¿No es una temeridad desconfinar a la población en base a criterios subjetivos?
Es verdad que la incidencia en términos globales es menor en Canarias. Pero si el Gobierno de Canarias quiere ser pionero en facilitar la movilidad a su población, en concretar las medidas locales a implantar en esta movilidad, en instaurar medidas sanitarias, mejor que lo haga con criterios científicos, para lo que sería recomendable que utilizara el estudio epidemiológico estatal propuesto por el CNE y lo amplíe, con recursos propios, incrementando el número de canarios a incluir en “el brazo del estudio estatal para Canarias”, que permitiría tener criterios científicos para tomar decisiones de cuándo desconfinar, que recomendaciones sanitarias y medidas de prevención aplicar, qué medidas locales de control implantar, etc.
Cualquier decisión, no basada en criterios científicos, sería una temeridad, un jugar a la ruleta, que puede salir bien o puede salir mal, pero donde nos la jugamos, tanto a nivel de salud, como económico y político.
Un repunte de la enfermedad por improvisaciones sería imperdonable y tendría un alto coste.
MN ofrece a sus lectores una reflexión de Manuel Rodríguez Hernández, activista social, miembro de la RSP de Jinámar y militante comunista