Isabel Santiago: ”No es tiempo de buscar culpables, sino de depurar responsabilidades”
En los últimos días se está hablando mucho en nuestro municipio sobre el pago de los más de 5 millones de euros a los que los vecinos de Mogán deberán hacer frente, por haber sido condenado el Ayuntamiento a ello.
Muchas y diversas son las opiniones que he oído, y todas tienen algo de verdad y de razón, y otras no las comparto porque ponen de manifiesto no conocer el problema desde sus inicios.
El problema se origina en 1987, no con la clasificación del suelo como urbano por las normas subsidiarias, sino desde que el Ayuntamiento de la época, con sus políticos de turno, acordaron expropiar los terrenos del cementerio a una familia de Mogán.
Toda expropiación, implica, por ley, la consecuente indemnización, por aquello que siendo propiedad de un particular, la administración pública decide convertirse en propietario de los mismos para prestar servicios públicos a los vecinos, par servir al interés general.
El proceso iniciado en 1987, el de la expropiación y el de la clasificación de los terrenos como urbanos, son el origen de esta situación.
Con el paso de los años, la familia expropiada asiste atónita a como el Ayuntamiento no sólo les privó del uso de sus terrenos, sin que además no se realizaban las inversiones previstas en dichos terrenos, y que justificaron la expropiación.
¿Cómo reaccionaría cualquiera de nosotros cuando nos privan del disfrute de lo que es nuestro, sin ser indemnizados por ello?. Debemos ser sinceros con la respuesta, pues de ella, podremos comprender como actúan los demás.
Años antes del 2003, la familia siempre mostró su predisposición a negociar con el Ayuntamiento, para llegar a un acuerdo, sobre el precio que debían pagar por los terrenos expropiados. El único alcalde que hizo lo mejor pensando en la defensa del interés general, fue D. Silverio Martín, quien al precio de 6.000 pesetas redujo el coste de lo expropiado.
Posteriormente, y existen documentos públicos que así lo acreditan, ofrecieron al Ayuntamiento la posibilidad de saldar la deuda con el pago en especie en solares, y en metálico. Pero en el año 2003, la capacidad negociadora de los responsables políticos, entre los que se encontraba la ahora alcaldesa Onalia Bueno, hicieron que el problema se enquistara y no le quedase otro remedio a la familia que acudir a los tribunales para defender sus derechos. Lo mismo que haríamos cualquiera que sienta lesionado sus derechos.
Así las cosas, desde el Ayuntamiento se fija un justiprecio, el que ahora debemos abonar todos los vecinos de Mogán, y se establece dicha valoración partiendo de la base, que los terrenos son calificados como urbanos tanto por el Ayuntamiento como por el Gobierno de Canarias.
Iniciado el camino del jurado de expropiación forzosa, y rechazada la tasación por el Ayuntamiento, sin que alegase en ningún momento del proceso, y eso está recogido en los documentos que conforman el expediente, que se haya incurrido en un error de clasificación de los terrenos, que a todas todas, hoy sabemos que son rústicos.
La familia, volvió a poner de manifiesto su buena voluntad, a pesar de haber sido maltratados durante 25 años, por unos responsables políticos ciego, sordos y mudos, y le dijo al Ayuntamiento que sus terrenos eran rústicos y no urbanos. Pero a pesar de ello, nuestros representantes no hicieron lo debido.
Para no cansarles, al final la justicia le reconoció un derecho a la familia expropiada que ahora debemos pagar todos. Llegados a este punto, ¿qué es lo que debemos hacer?.
La respuesta a esta pregunta la hemos planteado desde Nueva Canarias, desde hace más de 4 años, porque quiero recordarles que esta situación no es nueva, sino que tiene sentencia desde el año 2011.
En una de las sentencias recaídas en este proceso, concretamente la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, de fecha 13/07/2011, respecto del recurso nº179/2010, interpuesto por este Ayuntamiento contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, el Magistrado Ponente recomienda al Ayuntamiento que ejercite la vía descrita en el art. 145.3 de la Ley 30/1992 del PAC, e inicie el procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial, para que los que se equivocaron paguen por su error, error que hoy debemos asumir todos los ciudadanos de Mogán.
Y esta fue la misma propuesta que planteamos desde Nueva Canarias, a través de una moción presentada al pleno en enero de 2012, hace ahora 3 años. La moción fue suscrita por quienes hoy están en el gobierno, y rechazada por el PP. Esto supone que tanto Ciuca como el Psoe, eran conocedores de la situación, por lo que está fuera de lugar que ahora pongan el grito en el cielo.
Centrándonos ahora en el momento actual, desde Nueva Canarias, presentamos en el mes de septiembre de 2015, una segunda moción en la que solicitábamos que dado que el Gobierno de Canarias, dio el visto bueno a que lo rústico era urbano, le corresponde a éste asumir el coste del pago de la deuda. Por ello, planteamos un acuerdo en el que instábamos a la alcaldesa a que solicitara un informe jurídico a la asesoría jurídica municipal, que determinase el camino legal a seguir para reclamar al Gobierno de Canarias el pago de su error.
La propuesta fue aprobada, pero al día de la fecha la alcaldesa no ha cumplido con lo acordado en el pleno, y no ha solicitado ese informe. Pero no queda ahí la cosa, el grupo de gobierno actual, pasó por alto las recomendaciones del interventor, formuladas por escrito en dos informes, uno de marzo (siendo gobierno el PP) y otro de septiembre (siendo gobierno Ciuca), en el que aconsejaba pedir un crédito, junto con otras acciones conjuntas, para pagar todo lo adeudado y evitar que los intereses continuasen creciendo, pues de lo contrario el total a abonar podría llegar a rondar los casi 8 millones de euros.
Ni el PP, de entonces ni el gobierno de Ciuca-Psoe, siguieron las recomendaciones del interventor, por lo que ahora es la justicia la que les dice que como tienen dinero deben pagar en algo más de tres meses.
Hecho este recorrido, en el que seguro me he dejado detalles en el camino, creo importante centrar el tema en cuestión en varios aspectos:
1.- La familia tiene unos derechos indemnizatorios reconocidos por la justicia.
2.- Existen medios para reclamar la responsabilidad patrimonial de los culpables del error, que permitieron que se llegase a este extremo.
La responsabilidad patrimonial, que es la vía que planteamos por Nueva Canarias, tanto en el 2012, como en el 2015, no ha sido puesta en marcha ni por el PP, cuando tuvo ocasión, ni por Ciuca-Psoe ahora que están en el gobierno, y que era una opción que cuando eran oposición si apoyaron. La realidad de los hechos, pone de manifiesto, que SÍ es posible recuperar este dinero, que existe una vía, la que yo misma planteé en dos ocasiones, al menos, ante el pleno municipal, pero ninguno de los que detentan el poder, ha tenido la valentía de iniciar este camino, para defender los intereses generales de Mogán y de sus vecinos.
No es tiempo de buscar culpables, sino de depurar responsabilidades, para evitar que se use la expropiación como un derecho caciquil, en vez de ser un medio para mejorar las dotaciones básicas de nuestro municipio.
Desde Nueva Canarias, llevamos años, planteando esta opción como una tercera vía, que surge entre dos gobiernos el del PP y el de Ciuca-Psoe. El tiempo, tristemente nos ha dado la razón, pero no alcanzo a comprender porque los que hoy gobiernan en Mogán no son capaces de defender los derechos de los moganeros, y exigir responsabilidades al Gobierno de Canarias.
Esto tiene solución, pero creo que no hay voluntad política para conseguirlo, el gobierno prefiere entregarse al victimismo, aferrarse al pasado, para justificar su incapacidad, y seguir culpando a quien, ciertamente tiene parte del culpa en todo este lío (me refiero a Paco González), para mientras tanto, asistir atónitos y con la boca abierta, y paralizados por el miedo al qué dirán aquellos que miran decepcionados al gobierno de Ciuca-Psoe.
A todos los que estén interesados en conocer el expediente, les informo que es público, pues ya fue sometido a consideración del pleno, y que sólo tienen que pedirlo por escrito en el registro municipal.
Isabel Santiago, portavoz y concejala de NC en el Ayuntamiento de Mogán
