La banca, el negocio del siglo
Según informó recientemente el Tribunal de Cuentas (el órgano supremo de fiscalización de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público), desde 2009, la Administración Pública, para intervenir las entidades financieras en quiebra (principalmente, cajas de ahorros), ha aportado 122.122 millones de euros en forma de inyecciones de capital, garantías contra pérdidas, líneas de crédito para liquidez y avales. Al cierre del ejercicio de 2015, estas operaciones le habían supuesto al Estado unas pérdidas de casi el 50% (60.718 millones), resultado del quebranto de valor de las participaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en las entidades intervenidas. El FROB, habiendo aportado 53.553 millones de ayudas financieras al sistema bancario español, solo ha recuperado, tras su nacionalización y subasta, 2.686 millones, menos del 5% del total.
El mayor volumen de ayudas fue para la Caja de Ahorros del Mediterráneo, donde, para terminar otorgado su propiedad al Banco Sabadell al coste de 1 euro, se inyectaron 26.302 millones. Y las mayores pérdidas se han ocasionado con Catalunya Banc -ya vendido a BBVA por 1.187 millones-, pues, de 15.510 millones de euros invertidos, se dan por perdidos 12.676 millones, el 81%.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas ha criticado los procedimientos y la falta de transparencia del FROB, por “insuficiencias o deficiencias de tipo formal en la tramitación de los contratos” y “notables deficiencias” en el cálculo del coste de financiación de los activos captados, lo que ocasionó un notable despilfarro –no cuantificado- de recursos públicos.
El órgano público de “rescate” bancario controlado por el Ministerio de Economía, ha respondido airadamente a estas críticas, afirmando que, en su determinación por “evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero”, siempre procuró maximizar el retorno de ayudas públicas y una “completa neutralidad” ante los potenciales compradores.
El Gobierno mayormente responsable de las medidas de “rescate” de la banca, en boca de su presidente, mariano Rajoy, dijo, en su momento, que el proceso “no costará un euro al contribuyente”. Todavía, en 2014, el ministro de economía, Luis de Guindos, “sacando pecho”, afirmaba que los rescates habían supuesto un ahorro de 14.000 millones de euros al Estado. Y ¿ahora? Ahora, “Pelillos a la mar”.
En el mundo occidental en general y en la Unión Europea en particular, actualmente el negocio bancario consiste en que empresas multinacionales, que tienen como único fin el ánimo de lucrarse, se encarguen, mayoritariamente, de las muy cruciales actividades financieras del crédito y el ahorro, sin tener que comprometer sus fondos en caso de tener que responder ante operaciones fallidas, como se ha puesto en evidencia con los “rescates” masivos, ni aportarlos en los préstamos.
Ahora, el dinero ya no responde a patrones de riqueza material, como el oro: para los emisores es una transacción “fiduciaria”, movimiento de apuntes bancarios basados en la confianza y, excepto en un porcentaje menor, los fondos son aportados por el Banco Central, cada vez que acepta una propuesta de deuda realizada por una entidad financiera.
Y, además de gestionar el crédito y el ahorro de las personas y las empresas, estas macroentidades tienen otorgada, en exclusiva, la función de suministrar el crédito público, el de las Administraciones de los Estados, recibiendo los fondos de los propios Estados -que los aportan al banco Central y éste los entrega a la banca privada- y obteniendo pingües comisiones por ello. Todo ello, sin riesgos. Lo dicho: ¡el negocio del siglo!
