La oposición se moviliza contra la ampliación millonaria del contrato de la obra del aparcamiento de Arguineguín
PP y NC, en la oposición del Ayuntamiento de Mogán, consideran que la ampliación del contrato a más de 10 millones de euros es contraria a la nueva ley de contratos del sector público y lesiva a los intereses municipales
Las dos formaciones políticas anunciaron que agotarán todas las vías, a su alcance, para frenar esta obra y evitar que Mogán caiga en la bancarrota
El pasado 13 de noviembre la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, convocó de forma extraordinaria y urgente un pleno para aprobar y adjudicar la modificación del contrato del aparcamiento de pago, lo que significó pasar de los 6,9 a los 10,2 millones de euros.
Según consta en el expediente, la construcción del aparcamiento de pago se adjudicó a la entidad mercantil Oproler por un importe de 6,9 millones de euros, sin embargo, el gobierno alega que tras la licitación del mismo, se detectaron unos imprevistos, que afectaban a la seguridad y a los cimientos de los edificios de la zona, viéndose obligados a iniciar este trámite de modificación del contrato, que hace que el coste de la obra se eleve por encima de los 10 millones de euros.
En aquella sesión plenaria, los portavoces de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), expresaron, de forma nítida, que el expediente “no cumplía con los requisitos recogidos en el art. 205 de la nueva ley de contratos, pues todos los argumentos expuestos por el gobierno de Onalia Bueno, se podrían haber evitado en el momento de la licitación”. Es más, fue la propia adjudicataria la que, en el acta de replanteo suscrita por el Ayuntamiento el 23 de agosto, “advirtió de los errores durante la licitación, justo en el momento en el que presentó su oferta al concurso abierto por el consistorio moganero, lo que supone que este modificado podría haber sido evitado, confirmando la actuación negligente de la administración que dirige Onalia Bueno (Ciuca)”.
En este sentido se manifiestan en el recurso presentado, y en el que afirman que lo que procede es resolver el contrato y realizar una nueva adjudicación, pues esta modificación utiliza una vía excepcional, sin justificar que se cumplen todos los requisitos para poder realizarla. Pero es más, los técnicos municipales no desarrollan, ni explican, ni justifican en sus informes que se cumplen con los requisitos legales, limitándose a reproducir el contenido de la ley, incumpliendo así con la doctrina del Tribunal Supremo sobre el contenido de los informes, plasmadas en Sentencias como la del 17 de junio de 1990.
Para ambas formaciones políticas (NC-PP), constituye un hecho muy grave, que la alcaldesa de Mogán, mirase para otro lado, e ignorase el escrito presentado por el redactor del proyecto un día antes de la celebración del pleno, en el que ponía de manifiesto la posibilidad de optar por una solución constructiva de bataches, mucho más económica, como medio para garantizar la seguridad de los edificios colindantes con el aparcamiento, ademas de señalar los errores cometidos por el Ayuntamiento en todo el procedimiento.
Tanto para la portavoz de NC, Isabel Santiago, como para el portavoz de PP, Maicol Santana, la actitud de la alcaldesa es incomprensible, pues “no sólo ignora las recomendaciones del proyectista, sino que además prefirió incrementar el coste de la obra en casi 4 millones de euros, antes que buscar alternativas menos gravosas para las arcas públicas”.
Además recuerdan, que la situación que ha generado este proyecto en el seno del gobierno de Ciuca-Psoe es insostenible, pues los concejales socialistas cambiaron de opinión después de votar la aprobación del proyecto y de su adjudicación de la obra, y dejaron que Ciuca, aprobase en solitario esta modificación millonaria, motivo por el que la oposición pidió a los concejales del Psoe que se marchasen del gobierno y rompiesen con Onalia Bueno, pues es el único camino que le queda para evitar que se sigan perjudicando los intereses de Mogán y de sus vecinos.
Tanto NC como el PP, han recordado que no se oponen a la construcción de aparcamientos en Arguineguín, y reconocen que son necesarios, pero el proyecto de Onalia Bueno (Ciuca) y de Pino González (Psoe), “perjudica a los intereses generales, pues empuja al municipio hacia la bancarrota”.
Ambas formaciones políticas esperan que con el recurso presentado se paralice la obra y que se tenga que resolver el contrato, para poner punto y final a un “proyecto megalómano” de una alcaldesa y de unos socios de gobierno que “han perdido el norte”.
