La paradoja de Nueva Canarias y la tasa turística
La política tiene muchas veces un componente paradójico, y lo que está ocurriendo con la tasa turística de Mogán es un claro ejemplo de ello. Nueva Canarias, el partido que históricamente ha abogado por la implantación de una tasa turística en el archipiélago, ahora busca frenar la iniciativa impulsada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, calificándola de «ilegal», «injusta» y «arbitraria». La pregunta es inevitable: ¿por qué lo que era una buena idea cuando la proponían ellos, ahora se convierte en una medida inaceptable?
Es especialmente irónico que Nueva Canarias haya sido el primer partido en llevar la propuesta de una tasa turística a un programa electoral y, más aún, que haya defendido su implantación en el Parlamento de Canarias. De hecho, fue esta formación la que promovió el debate en la cámara legislativa para aplicar un tributo de este tipo en toda la comunidad autónoma, aunque finalmente fue rechazado. Sin embargo, ahora que una alcaldesa decide ponerlo en marcha a nivel municipal, Nueva Canarias cambia su discurso y lo tilda de «impuestasa».
El argumento de ilegalidad que esgrimen los ediles de NC, Juan Manuel Gabella y Javier Romero, radica en que un ayuntamiento no puede crear impuestos y que la tasa de Mogán no tiene un hecho imponible definido ni una contraprestación clara para el turista. Es decir, según su criterio, no responde a la naturaleza de una tasa, sino que funciona más bien como un tributo encubierto. Y aquí es donde surge otra contradicción: ¿por qué en Cataluña, un modelo que tanto han elogiado desde NC, sí es posible aplicar esta medida y en Mogán no?
La doble vara de medir resulta evidente. Cuando la tasa se debatía en el Parlamento de Canarias, era una medida necesaria para redistribuir los beneficios del turismo y garantizar financiación para los municipios con alta afluencia de visitantes. Pero cuando es Onalia Bueno quien la impulsa en su municipio, entonces es injusta e inconstitucional. La incoherencia política de Nueva Canarias queda expuesta con claridad.
Si realmente creen en la necesidad de una tasa turística, lo lógico sería apoyar su implantación y, en todo caso, proponer mejoras en su regulación en lugar de intentar frenarla por cuestiones meramente políticas. Pero lo que parece, más bien, es que la tasa turística solo les resulta válida si son ellos quienes la promueven, y no si otros toman la delantera. La política, una vez más, nos deja un espectáculo de contradicciones y oportunismo.
Más aún, Nueva Canarias debería mirar hacia dentro y replantearse el papel de figuras como Juan Manuel Gabella, quien parece más interesado en asegurarse un puesto que en trabajar realmente por el interés general. Su historial lo delata: siempre buscando el «echadero» sin aportar soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. Si Nueva Canarias realmente quiere defender una política coherente y eficaz, debería empezar por limpiar sus listas de políticos cuya prioridad es su beneficio personal antes que el bien común.
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