La política de personal de Onalia Bueno recibe otro varapalo judicial
- La decisión de la alcaldesa que originó el desmantelamiento de la OMIC, le cuesta a todos los vecinos mas de 20.000 euros
- Nueva Canarias que vio una clara persecución contra la trabajadora municipal, que es hermana de la portavoz de la oposición en el municipio, solicita que sea Onalia Bueno la que asuma el coste de la sentencia
En junio de 2018, hace ahora casi un año, la alcaldesa de Mogán y su concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, a través de dos decretos dictados el mismo día, y con quince minutos de diferencia reorganizaron el departamento de servicios públicos y trasladaron a la trabajadora municipal que, durante diecisiete años, se había hecho cargo de atender a todos los vecinos y turistas de Mogán que necesitaron de esta oficina de información al consumidor, para tramitar sus reclamaciones y hacer valer sus derechos.
La OMIC abreviatura por la cual se conoce a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, es un servicio municipal de atención directa y gratuita a los ciudadanos en su condición de consumidores o usuarios, que inició su andadura en Mogán en abril de 1992, hace ahora veintiséis años. Los servicios que ofrece esta oficina son Información, ayuda, orientación y asesoramiento sobre derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios, recepción de las reclamaciones y denuncias en materia de consumo y traslado de las mismas, en su caso, al órgano administrativo competente para su resolución, propiciar sistemas de resolución voluntaria de las reclamaciones, educación y formación individual y colectiva de los consumidores y usuarios. En general, la atención, defensa y protección de los consumidores y usuarios del municipio de Mogán.
El departamento ha estado funcionando a lo largo de estos diecisiete años, con un técnico responsable del mismo, y una auxiliar administrativo, que se encargaba de la atención, información y tramitación de cuantas reclamaciones y problemas planteaban los vecinos, residentes y visitantes en el municipio de Mogán.
La decisión adoptada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y ejecutada por el concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, supuso “desmantelar irresponsablemente este servicio”, denuncia Nueva Canarias.
Sin embargo, una Sentencia dictada por el juzgado de lo social nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria, del pasado 7 de mayo, deja la decisión de la alcaldesa y su concejal en el aire, y les obliga a indemnizar con más de 20.000 euros a la trabajadora municipal que fue objeto de traslado, Beatriz Santiago Muñoz, hermana de la concejala y candidata a la alcaldía por Nueva Canarias en el municipio.
Para Nueva Canarias, que en aquel momento advirtió que la decisión de Onalia Bueno iba a deteriorar la calidad de los servicios públicos, pues dicho traslado iba a perjudicar los derechos de los vecinos pues quedaban desamparados ante cualquier problema que surgiese, ve en esta sentencia un fracaso más de la política de personal represora de Onalia Bueno.
En este sentido Isabel Santiago ha expresado que es Onalia Bueno, como jefa superior de los recursos humanos del Ayuntamiento, y promotora de la decisión “la que debe asumir el coste de la indemnización a la que le obliga la sentencia”.
La concejala de Nueva Canarias espera que esta sentencia ponga fin a una política de personal de Onalia Bueno, “basada en la persecución de aquellos que no se dejan avasallar”.
