“Las familias dicen basta: Exigen una educación inclusiva real y convocan movilizaciones en Canarias”
Las familias con menores con diversidad funcional en Canarias han dicho “basta” a la falta de inclusión en el sistema educativo. A través de la Plataforma por la Educación Inclusiva, denuncian que los derechos de sus hijos están reconocidos por ley, pero la administración sigue sin garantizar su cumplimiento. Así lo expusieron Carolina Buriticá e Irene Valeron en una reciente entrevista, donde anunciaron la convocatoria de una concentración simultánea en varias islas el próximo 20 de febrero.
Una lucha por la inclusión real
Durante la entrevista, las representantes de la plataforma criticaron la segregación educativa que sufren muchos menores con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), quienes son ubicados en aulas enclave sin una verdadera integración en la dinámica escolar. “Nos venden inclusión cuando en realidad están apartando a nuestros hijos del resto de los alumnos”, denunció Buriticá.
Según expusieron, muchos niños pasan la mayor parte del día en aulas separadas sin compartir espacios de aprendizaje con sus compañeros. Esta práctica dificulta su socialización y autonomía, además de vulnerar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha suscrito.
“Si pones a un niño con discapacidad en un aula con cinco niños más con discapacidad, ¿cómo va a aprender a integrarse en la sociedad? Si lo incluyes en un aula ordinaria con 20 niños, al menos dos o tres compañeros lo conocerán y entenderán su realidad. Pero nos están quitando esa posibilidad”, explicó Valeron.
La falta de recursos y personal especializado
Otro de los grandes problemas que enfrenta la educación inclusiva en Canarias es la insuficiencia de recursos humanos y materiales. Entre las principales demandas de la plataforma, se encuentran:
Más auxiliares educativos para atender a los alumnos con diversidad funcional.
Personal de enfermería en los centros para niños con condiciones médicas que requieren atención constante.
Formación en educación inclusiva para docentes y auxiliares.
Adaptación del currículum escolar a las necesidades de estos alumnos, para garantizar un aprendizaje efectivo.
A pesar de que la administración ha reconocido estos déficits, las soluciones no llegan. “Nos dicen que no hay auxiliares, pero en realidad sí hay personal cualificado que no acepta las condiciones precarias que se les ofrecen. Si de verdad quisieran solucionar esto, renovarían los contratos y mejorarían las condiciones de trabajo”, afirmaron.
Procesos judiciales y abandono administrativo
Muchas familias han optado por la vía judicial para reclamar los derechos de sus hijos. Sin embargo, Buriticá y Valeron denuncian que la Consejería de Educación alarga los plazos deliberadamente, provocando un desgaste tanto emocional como económico en los afectados.
“Nos hemos dado cuenta de que la Consejería de Educación, liderada por Poli Súarez, tiene una estrategia clara: dilatar los procesos hasta que las familias se cansen y tiren la toalla”, denunció Buriticá. Esta situación deja en una posición de indefensión a los padres y madres que solo buscan una educación digna para sus hijos.
“Nos hacen creer que nos están ayudando, nos dicen ‘esto es lo mejor para tu hijo’, pero cuando ya estás dentro del sistema, te das cuenta de que no hay vuelta atrás”, explicó Valeron.
Concentración el 20 de febrero: Un grito por la educación inclusiva
Ante esta realidad, la Plataforma por la Educación Inclusiva ha convocado una concentración en varias islas para el próximo 20 de febrero a las 10:00 horas.
En Gran Canaria, la manifestación tendrá lugar frente a la Consejería de Educación en Las Palmas, en la Calle Granadera Canaria nº2.
En Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, la protesta se replicará en diferentes puntos, con el objetivo de visibilizar el problema en todo el archipiélago. También están organizando transporte desde Mogán y otras zonas del sur para facilitar la asistencia de las familias.
“Queremos hacer ruido, que se nos escuche. La inclusión no puede seguir siendo solo una palabra bonita en el papel. Exigimos que se cumpla”, sentenciaron las madres.
Un llamado a la acción
Además de la concentración, la plataforma sigue trabajando en iniciativas solidarias. En este momento, están recaudando fondos para ayudar a Andrea, una niña con parálisis cerebral que necesita viajar a Guadalajara para recibir un tratamiento especializado de 6.000 euros.
“La administración debería garantizar estos tratamientos, pero seguimos viendo cómo las familias tienen que recurrir a donaciones y sorteos para costearlos”, lamentaron.
El mensaje de Carolina Buriticá e Irene Valeron es claro: las familias no deben quedarse en silencio. “Si no denunciamos, nada cambiará. Nuestros hijos tienen derechos y vamos a pelear hasta que se respeten”.
Para más información : https://sites.google.com/view/inclusioncanarias/inicio
