Más Nunca: “10 años de impunidad e injusticia”
Diez años ya desde que se produjera la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido la isla de Gran Canaria en este siglo. Diez años en los que, un simple fósforo, cercenó 18.000 hectáreas, calcinó cuatrocientas viviendas y alpendres, carbonizó varios miles de animales, abrasó otros tantos frutales, acabó con centenares de puestos de trabajo y se llevó, por doble negligencia, el símbolo natural del pino de Pilancones.
Diez años en los que no ha habido justicia, no se han depurado las negligencias, no se han analizado las causas y consecuencias más allá del hecho. No se ha pedido perdón a las víctimas por el daño causado. No se ha reconocido nada. Antes éramos depredadores del medio (cuando tratábamos de pedir un simple permiso de quema que en el mejor de los casos tardaba seis meses), después delincuentes (por gastarnos las ayudas en lo que no debíamos) y ahora, a los pocos que quedamos, se nos pide que limpiemos los alrededores de nuestras casas (no nos dicen si la de segunda residencia también).
Escuchamos decir a quienes tuvieron responsabilidades en la extinción de ese terrible incendio que no hubo que lamentar la pérdida de ninguna vida humana. Tan abrazados a las estadísticas, se les olvida lo que significa realmente la “vida humana” y qué sucedió con el medio centenar de víctimas y afectados que, tras la barrabasada cometida por uno de sus compañeros, entraron en depresiones profundas para hallar la muerte, sin poder ver la recuperación de lo que con tanto esfuerzo lograron y perdieron en cuestión de horas.
Si, como denunciamos en su momento, la extinción de este incendio fue caótica, penosa y lamentable, no menos lo fue la gestión post incendio. No hubo un protocolo que seguir y todo se convirtió en un espectáculo bochornoso en el que las administraciones demostraron su ineficiencia más extraordinaria: pérdida de expedientes, peritaciones a voleo, descoordinación, desinformación….
Y nos tocó ser víctimas por partida doble: de la catástrofe y de la burocracia de las administraciones. Todas las promesas realizadas a pie de fuego se convirtieron en cenizas que se llevó el viento.
A nuestra desgracia, a quemarnos la vida, nos pusieron plazos y condiciones, como si fuéramos los responsables de nuestra tragedia. Nos criminalizaron hasta el punto de hacernos devolver las mezquinas ayudas por miserias como no tener las cinco gallinas y solo tres, por el diámetro diferente de tuberías, por mangos en lugar de aguacateros, por estar la finca a nombre de tu cónyuge, por haber muerto el titular y no darte prisa con la herencia, o por instalar válvulas barométricas como obliga la propia normativa dictada tras el incendio.
Por no cumplir se nos amenazó con embargos y retenciones que, quienes tuvieron la fortaleza y fortuna de litigar ganaron con sentencia firme y la administración aún no se ha dignado a devolver lo retenido.
Tampoco teníamos la opción de reclamar el daño si, en la mayoría de viviendas de tipología tradicional y familiares, su uso era de segunda vivienda. Es decir, pagas los impuestos, la administración te quema la vivienda, pero si no acreditas que vives en ella de manera habitual no tienes derecho a ser indemnizado. O peor aún: si los ingresos de la unidad familiar superan el baremo, tampoco tienes derecho. De esto te enteras cuando eres víctima, no lo dicen en los pomposos anuncios a pie de fuego.
La esperanza que habíamos puesto en la justicia se diluyó en un marasmo burocrático incapaz de, ¡y siete años después!, cerrar tan siquiera la fase de instrucción del caso.
Una justicia de la que esperábamos simplemente eso: justicia. Casi diez años han transcurrido para, ahora, tratar de cerrar el caso con un acuerdo de prisa y corriendo y que el juicio se celebre en tiempo récord; no sea que tome el mismo camino que la fase de instrucción y tome otros siete años en llevarse a cabo.
En este tiempo hemos sufrido, padecido y entendido lo que es ser víctima en este país: no tener derecho a nada, ser ninguneada. Lo hemos constatado y seguido con las víctimas del accidente de Spanair JK5022, las víctimas del accidente de Angrois, víctimas del accidente del metro de Valencia, víctimas de otros incendios…….
También ha hecho muy bien su trabajo la administración medrando las fuerzas del colectivo de víctimas. A la burocracia extrema y desquiciante, también se añadió el intento de instrumentalización de algunos partidos políticos en función de sus intereses. Cuando les trasladamos nuestras demandas, nunca más volvieron a acercarse.
Aquel simple fósforo con el que el autor confeso pretendía salvarse del precariado, también dejó claro que nadie se responsabilizaría de la presión social que llevó al infeliz a realizar tan nefasto gesto.
Diez años después nos seguimos preguntando: ¿ninguno de sus jefes directos, superiores o la cadena de mando ha tenido responsabilidad alguna?; ¿de verdad la administración quiere que pensemos esto?.
Las víctimas no nos prestamos a este juego y nos sentimos traicionados por quienes callan y no sancionan, por los jueces que no condenan y por quiénes con su proceder se hacen cómplices de que mañana se pueda repetir la misma tragedia. Mientras tengamos fuerzas seguiremos clamando ¡MÁS NUNCA!.
Somos menos, sin duda. Diez años de batalla y de lucha, porque esto no vuelva a suceder, nos ha desgastado. Pero quienes seguimos, continuamos luchando por la justicia y, sobre todo, por nuestra dignidad.
La memoria es difícil de arrebatar. Ni la justicia ni las administraciones públicas tienen el poder de hacernos olvidar. No podemos. Nos lo grabaron a fuego. ¿Ya no lo recuerdan?
