Más y mejor democracia
El viernes se aprobó en el pleno del Cabildo de Gran Canaria el primer reglamento orgánico de participación ciudadana de la historia de la institución. Aunque puede parecer un dato anecdótico, demuestra que nos encontramos ante una nueva política pública a la que, hasta hace bien poco no se le había prestado mucho interés, pero que va a ser fundamental en el presente y futuro de las administraciones públicas. Es una muestra, asimismo, del compromiso del actual grupo de gobierno con la participación y el gobierno abierto, en suma con el protagonismo ciudadano en la transformación de Gran Canaria.
El documento también es el primer reglamento orgánico de los que se aprueban en el Cabildo que ha sido sometido a un proceso de participación. Durante más de dos meses toda la ciudadanía de Gran Canaria pudo hacer llegar sus propuestas al borrador de reglamento tanto a través de la plataforma de participación digital del Cabildo de Gran Canaria, participa.grancanaria.com, como en las seis sesiones presenciales que se hicieron en distintos puntos de la isla, así como a través de reuniones con colectivos y organizaciones interesadas.
Se trata de un reglamento innovador que recoge todos los derechos, herramientas y mecanismos de participación que contempla la actual legislación, tanto estatal como autonómica. Asimismo hace una interpretación amplia y flexible de la misma, sentando un precedente para que muchas administraciones locales puedan ejecutar nuevas políticas en este ámbito. En ese sentido el actual reglamento se engloba dentro de lo que podríamos denominar “reglamentos de participación de nueva generación” como los que se han aprobado o reformado en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y sitúa al Cabildo de Gran Canaria en el grupo de cabeza de las instituciones punteras en la mejora de la democracia a través de la implementación de nuevos mecanismos de participación.
En este artículo no hay espacio para entrar en el detalle del articulado, pero sí podemos destacar algunas cuestiones especialmente relevantes, como la facilitación de la participación de la ciudadanía en el Pleno, que ya no tendrá que recurrir obligatoriamente a los grupos para canalizar sus demandas, la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas que de alcanzar un determinado número de apoyos serán de obligado cumplimiento para el Cabildo, la posibilidad de realizar consultas tanto a iniciativa del gobierno insular como de las personas si reúnen un determinado número de firmas (un mecanismo fundamental de democracia directa), y la extensión de los derechos de participación contemplados en el reglamento a las personas mayores de 16 años, una incomparable herramienta de educación cívica para implicar a la juventud en las decisiones públicas.
El reglamento de participación no es estrictamente imprescindible para desarrollar una política de participación ciudadana, de hecho, en esta legislatura este gobierno ha implementado un considerable número de mecanismos de participación (proceso participativos, foros, consejos insulares) sin el reglamento. Sin embargo, su aprobación sí que es imprescindible para garantizar que la participación ciudadana no dependa únicamente de la voluntad de los distintos gobiernos, y para que las ciudadanas y los ciudadanos de Gran Canaria vean reconocidos sus derechos a participar de manera libre, individual y permanente en las decisiones de esta institución.
Sería ingenuo pensar que un reglamento va a generar participación por sí solo. Pero es una pieza importante de una nueva política pública que va a ser fundamental en la gobernanza y futuro de las instituciones. Las deficiencias y carencias de la democracia se solucionan con más y mejor democracia. Ante la crisis de credibilidad y confianza de las instituciones y la política, el ascenso de la extrema derecha en Europa y el cuestionamiento del sistema de libertades por parte de gobiernos autoritarios, necesitamos más que nunca enviar mensajes claros de reforma, apertura y compromiso con la mejora de la democracia, para aumentar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y por lo tanto su implicación en el proceso de toma de decisiones públicas.
Este gobierno insular de Gran Canaria asumió por primera vez en esta legislatura la creación e implementación de la política pública de Participación Ciudadana, con el objetivo último de situar el protagonismo ciudadano en el centro de la acción de gobierno, convirtiéndose con este reglamento en garante de la participación. No obstante, somos perfectamente conscientes de que en última instancia es la ciudadanía la determinante para hacer valer sus derechos consolidar la participación en las instituciones de las islas.
Como consejera, y el nombre de todo el equipo de Participación Ciudadana del Cabildo, quiero mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas, profesionales, funcionarios, colectivos y organizaciones sociales y políticas que han contribuido para que tengamos un reglamento avanzado de participación ciudadana, un reglamento que desde luego tiene una clara vocación de futuro y que constituye un logro colectivo de la ciudadanía de Gran Canaria.
