Maspalomas reclama al Gobierno de Canarias prestaciones sociales dignas
En protesta a la nueva normativa del Gobierno de Canarias que modificará la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una mayoría de los trabajadores sociales que apoyan el servicio municipal de San Bartolomé de Tirajana tomó parte en la concentración que, como parte de la Marea Naranja convocada a nivel regional, se celebró ante el edificio municipal de Servicios Sociales. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana mostró su apoyo en la persona del concejal del área, Roberto Martel, que se sumó a concentración de trabajadores y colectivos familiares.
Los colegios oficiales de Trabajo Social de Canarias y Redesscan han estado presentando constantemente propuestas de mejora, entendiendo que el proyecto de modificación del Gobierno de Canarias supone un retroceso en aspectos relevantes de las políticas sociales del Archipiélago. Afortunadamente, gracias a esta denuncia pública y el auxilio reclamado a los grupos parlamentarios, se ha podido lograr el aplazamiento temporal de la aprobación del proyecto de Ley.
‘No nos den la espalda’ fue el lema de la concentración llevada a cabo a las puertas del edificio de Servicios Sociales en Maspalomas, exigiendo voluntad y medios para una PCI digna y eficaz. Las principales partes afectadas, familias y trabajadores entienden que la nueva ley debe incluir directamente a todos y cada uno de los colectivos en situación de exclusión social. Se entiende que “es necesario acortar los procedimientos y dar prioridad a los intereses, necesidades y potencialidades de las personas en función de sus circunstancias; en este apartado, los servicios tienen que ser dotados de personal, recursos y servicios para garantizar el acceso a los servicios”.
Dentro de la reclamaciones de los profesionales y la Concejalía de Servicios Sociales de San Bartolomé de Tirajana se estima imprescindible “revisar y reforzar la ratio de profesionales necesarios, tanto en la Dirección General de Política Social como en los Servicios Sociales Municipales, según la población afectada”. Ello lleva apareado garantizar la estabilidad del personal contratado para la aplicación de la PCI y la consolidación de fórmulas para alcanzar una financiación “estable y suficiente entre las distintas administraciones responsables”, con un aumento en los importes, para lograr que las personas no continúen estando por debajo del umbral de la pobreza.
