Mayores, pobreza, desigualdad y derechos sociales
Hace unas semanas reflexionaba en mi artículo semanal sobre el drama que se ha vivido durante esta pandemia en las residencias de mayores en toda España. Se calcula que han muerto más de 15.000 personas en estos centros. Los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían al 67 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Y eso que no tenemos los datos completos dada la imposibilidad de realizar pruebas a todas las personas fallecidas por lo que podemos suponer que el número puede ser incluso mayor.
El virus está produciendo un daño superior en la población mayor de 60 años, pero también es consecuencia de una escasez en toda España de centros públicos para atender a una de las poblaciones más envejecidas del mundo. De centros públicos y de recursos suficientes para la dependencia, la atención domiciliaria, los centros de día… Según los datos del IMSERSO el 75% de las residencias de mayores que hay en España son privadas. Muchas de ellas están en manos de fondos buitres. Hay más de 4.000 centros privados, frente a unos 1.400 públicos. Esta misma semana el diario “Público” informaba de que los trece mayores grupos de residencias de mayores de España están controlados por fondos de inversión (algunos con sede en paraísos fiscales como Jersey), multimillonarios y empresarios implicados en el caso Gurtel. Todos ellos alrededor de un negocio que mueve más de 4.500 millones de euros al año y que tiene un ritmo de crecimiento de casi un 4% anual. Madrid, Aragón y Asturias son las comunidades con más plazas privadas que públicas. En Canarias el porcentaje es también alto, sobre todo en Tenerife: en un informe reciente CanariasAhora.es apuntaba que Tenerife dispone de 63 residencias (el 92% privadas) y Gran Canaria 38 (el 42,1% privadas).
Es una muestra de las políticas económicas neoliberales de las últimas dos décadas que han ido desmantelando paulatinamente el Estado del Bienestar y despojándonos de derechos sociales a través de privatizaciones para el lucro de fondos de inversión, multinacionales y grandes empresas. Si el impacto social de la crisis generada por la pandemia del coronavirus está siendo tan fuerte (Cáritas lleva semanas llamando la atención sobre el aumento de las demandas de peticiones de ayudas en sus oficinas) es por la situación de precariedad, desigualdad y pobreza que vivimos, incrementada por las políticas del Gobierno del Partido Popular durante la crisis que empezó en 2008 y duró hasta 2015 aproximadamente.
Para el neoliberalismo el Estado del Bienestar es un lujo inaceptable que alimenta a los ociosos y desincentiva a la iniciativa emprendedora. Entienden la democracia como un instrumento para favorecer la iniciativa privada y nunca como un elemento corrector de las desigualdades, que es un fenómeno natural. Friedman, refiriéndose a Pinochet en Chile, decía que prefería una dictadura liberal a una democracia social. La justicia social, según Hayek, anula la responsabilidad personal, eleva el poder del Gobierno sobre los ciudadanos y limita sus libertades.
A finales del año pasado se publicó el último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en el archipiélago elaborado por la Fundación Foessa y publicado por Cáritas. Revelaba que en Canarias el 29% de la población está en situación de exclusión social. Otro informe, también de 2019, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias) establecía que el 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, es decir un total de 773.422 personas. Pese a estos datos el gasto en protección social en Canarias es inferior a la media española, ya que gastamos 2.714 euros por persona y año frente a los 3.214 euros, que se destinan en el resto del Estado.
Pero en perspectiva comparada, la situación es aún más grave si cabe, ya que somos la única comunidad autónoma donde los niveles de exclusión han crecido en los últimos 5 años. Desde el 2013 a 2018 ha pasado del 28,6% al 29%. Pero es que además la mayoría de la población coincide en que “los pobres son cada vez más pobres”. Hay 330.000 personas en situación de exclusión social severa que han pasado de representar un 10,7% de la población canaria en el año 2013 a un 15,7% en el año 2018, porcentaje muy superior al del conjunto de España y al resto de las comunidades autónomas.
Si nos fijamos en los ámbitos en los que más dificultades encuentran las personas que están en riesgo de pobreza severa el informe destaca la vivienda, el empleo y la salud, justamente tres ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar, especialmente si contemplamos la estrecha relación existente entre educación y empleo. En nuestras islas la imposibilidad de acceder a una vivienda ocupa el primer lugar tanto para el conjunto de la población como para la población en desventaja social. El 68,1% de las personas en exclusión severa se encuentran afectadas por esta situación. Parece evidente que los 10 años que lleva Canarias sin construir una sola vivienda pública tienen bastante que ver con las dificultades de acceso a este bien básico.
Si nos fijamos en el empleo vemos que no se trata tan solo de un problema de paro, ya que aparte de los problemas para la integración laboral, el 20,4% de las personas que trabajan está en situación de pobreza en Canarias, por lo que tener un empleo ya no es sinónimo de salir de la pobreza, consecuencia de las políticas de desregulación del mercado laboral y desprotección de los trabajadores. Por último nos encontramos con las afecciones a la salud ya que por ejemplo el 12,8% de la población reside en hogares que han dejado de comprar medicinas y/o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
Si esta era la situación antes de la pandemia, después de un lustro de crecimiento moderado en el que tanto España como Europa se estaban recuperando de los efectos de la crisis económica de 2008, no es difícil imaginar la terrible situación que nos podemos encontrar tras la crisis del COVID que ha paralizado completamente por tiempo aún desconocido el sector que produce el 35% del PIB de las islas y proporciona el 40% del empleo. La exclusión y la desigualdad tienen efectos muy graves sobre la cohesión de las sociedades y si no hay un plan de actuación ambicioso, rápido y decidido las consecuencias de la actual situación son imprevisibles y la desafección ciudadana con la política y la democracia puede ser irreversible.
Como he repetido en varias ocasiones últimamente, no podemos volver a cometer los errores de 2008. Ni Europa, ni por supuesto Canarias pueden encarar otra década de recortes en el estado del bienestar y de políticas de austeridad. Más bien al contrario, además de los planes de reactivación económica que se están elaborando y en los que tenemos que trabajar de manera conjunta todas las instituciones y la sociedad civil, urge igualmente en Canarias un plan de recuperación y ampliación de derechos sociales que se sustente en los tres ejes que marcan nuestra exclusión y sobre los que pivota la cohesión social: el acceso a una vivienda digna, la sanidad y salud públicas (incluyendo políticas preventivas de fomento de alimentación saludable y ejercicio físico y la dimensión sociosanitaria de atención a mayores y dependientes) y la educación pública, que además de un garante de cohesión y futuro tiene una incidencia determinante en el acceso al empleo.
Estamos asistiendo y vamos a asistir a los mayores programas de intervención estatal en la economía en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. A la espera del acuerdo que se adopte en la UE es evidente que la actual crisis va a cambiar, aunque sea transitoriamente, el papel que el Estado ha venido desempeñando en la economía. Prácticamente nadie discute la necesidad de planes de estímulo públicos, lo que se discute ahora es su dimensión y a qué sectores deberían ir dirigidos. Con todas las cautelas, podemos afirmar que esta crisis ha creado la oportunidad propicia para avanzar hacia un “nuevo acuerdo verde” de inversión pública para garantizar una transición ecológica socialmente justa.
Canarias se encuentra ante un punto de inflexión y, de no actuar en la dirección correcta y con la intensidad requerida, la degeneración de la situación social y económica nos va a situar ante un escenario de consecuencias graves e imprevisibles. En Gran Canaria tenemos una dirección y un compromiso indiscutibles, los recursos del Cabildo de Gran Canaria, todos, incluidos los remanentes y el endeudamiento, tenemos que destinarlos a mejorar estas condiciones sociales. Pensamos que los servicios públicos son una garantía de bienestar y de progreso y no un gasto insostenible. Es posible mantenerlos con un gran compromiso de quienes más tienen y de las administraciones públicas. Estoy convencido de que el futuro de las islas pasa por un modelo de desarrollo sostenible integral que contemple como objetivo estratégico la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad y que eso solo puede hacerse con inversión pública para la mejora y ampliación de nuestro modelo de bienestar, a partir de un gran consenso del conjunto de la sociedad.
