Mogán tratará en un pleno extraordinario la crisis de la salmonela
El Juzgado Nº 5 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas declara nulo (en primera instancia) el decreto dictado por el alcalde de Mogán, Francisco González, por el que denegaba a los siete concejales de Ciuca y Nueva Canarias la convocatoria de uno de los tres plenos extraordinarios anuales. Según asegura Ciuca-NC, el Ayuntamiento de Mogán “les imponía el carácter monográfico de la sesión”.
El pleno planteado por ambas formaciones, tenía como objetivo debatir la actuación del grupo de gobierno del PP, ante la crisis sanitaria provocada por el brote de salmonela en la guardería municipal de Arguineguín, y planteaba la apertura de expedientes disciplinarios a los agentes “presuntamente” implicados en la agresión a un ciudadano senegalés.
La coalición recuerda que el pasado 18 de abril del 2013, los siete concejales solicitaron la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar dos temas que tuvieron una gran repercusión en el municipio de Mogán en particular y en la isla de Gran Canaria en general: “La infección de salmonela que se produjo en la guardería de Arguineguín y la agresión a un ciudadano senegalés, presuntamente a manos de dos agentes de la Policía Local de Mogán”.
Entre los asuntos a tratar, Ciuyca-NC incluía la puesta en marcha de un paquete de medidas tendentes a mejorar el servicio sanitario del Ayuntamiento de Mogán, tanto desde el punto de vista de la prevención, como desde el punto de vista de la actuación en casos de emergencias sanitarias. Igualmente se solicitaba la comparecencia del alcalde Francisco González y del concejal de Policía, Tomás Lorenzo, para que dieran explicaciones sobre las medidas disciplinarias tomadas contra los agentes implicados en la supuesta agresión, para lso que solicitaban la apertura de expediente disciplinario.
Ciuca y Nueva Canarias consideran que la actuación del alcalde (negarse a celebrar un pleno extraordinario) obedece a dos razones, “no querer debatir asuntos que ponen en evidencia la mala gestión de la crisis sanitaria, y otra a proteger a su concejal de policía de una comparecencia ante el pleno de la que saldría mal parado”.
Esta sentencia, dictada el pasado 29 de noviembre, “pone otra vez de manifiesto que el alcalde y el respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución son incompatibles”, concluyen ambas formaciones políticas.
