El pleno exigirá responsabilidad patrimonial al alcalde de Mogán por negligencia
Los partidos Ciuca y Nueva Canarias (NC) han convocado un pleno extraordinario de la corporación del Ayuntamiento de Mogán para proponer iniciar un expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial del alcalde Francisco González, sus tenientes de alcalde y al secretario de la corporación, por “adoptar acuerdos sin asesoramiento previo”, que le han supuesto a las arcas municipales un perjuicio cercano a los 30.000 euros
La Junta de Gobierno local, acordó el 5 de marzo del 2013 la contratación del letrado Eligio Hernández para la interposición de un recurso de revisión y un incidente de nulidad, contra una Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 25/11/2012 y contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de fecha 5 de marzo de 2008, por importe de 18.000 euros, igic no incluido.
Ambos acuerdos, adoptados por la Junta de Gobierno moganera, se enmarcan en la actuación “perretosa” y nada “razonable” del alcalde, “Paco” González, en el caso de los terrenos expropiados a la familia Sánhez Valerón. Esta expropiación le ha supuesto a las arcas municipales un gasto de 4,2 millones de euros, sin contar los casi tres millones de euros que deberán abonar a la familia en concepto de intereses. Confirmado el pago a la familia de dichas cantidades, el TSJC aceptó la petición del Ayuntamiento de Mogán, para realizar el pago fraccionado a los particulares, por importe de 300.000 euros al año, lo que supone el incremento anual de la cuantía total de los intereses que también deberá abonar el consistorio moganero a la familia expropiada.
Ciuca y Nueva Canarias han mantenido desde el principio que esta situación se podría haber resuelto de otra manera, menos gravosa para los intereses municipales, si el alcalde González hubiese estado a la altura de las circunstancias y se hubiese sentado a negociar con los vecinos expropiados, que siempre han mostrado su predisposición para alcanzar acuerdos.
Los portavoces de Ciuca y NC, Mencey Navarro e Isabel Santiago, respectivamente, advirtieron al grupo de gobierno del PP, que la mejor opción era abonar en un solo pago todo lo adeudado a la familia, pues supondría pagar menos intereses, y por lo tanto sería una opción “menos mala” para las arcas municipales, a la vez que se exigiese responsabilidad patrimonial a los responsables de la expropiación de unos terrenos, que tal y como afirma el primer edil de Mogán “son unos terrenos que no valen para nada”. El colmo fue, cuando ambas formaciones tuvieron conocimiento del contenido de los acuerdos de Junta de Gobierno, en los que el grupo de gobierno, siendo fiel al carácter nada dialogante del alcalde, decidieron dar una vuelta de tuerca más, e interponer un recurso de revisión y un incidente de nulidad, a sabiendas de que estaban condenado al más estrepitoso de los fracasos, pues no solo se presentaron fuera de plazo, sino que no hubo ni un solo informe técnico que avalase tal decisión, ni un asesoramiento verbal del secretario de la corporación, en el que se advirtiesen de los inconvenientes de su adopción.
En este sentido, técnicos adscritos a la asesoría jurídica municipal han confirmado verbalmente a los concejales de Ciuca y NC, que en el expediente de adopción del acuerdo referido, no existe informe o dictamen jurídico alguno que aconseje la interposición de tales recursos jurídicos.
Tras conocer los fallos judiciales, de fecha 18 de julio de 2013 y 17 de julio de 2014, dictados por el TSJC, y por el TS, respectivamente, por medio de los cuales se desestiman las pretensiones municipales, los portavoces de Ciuca y NC han presentado la convocatoria de un pleno extraordinario de la corporación del Ayuntamiento de Mogán para exigir que los políticos del grupo de gobierno que han participado en la toma de ambos acuerdos paguen de su bolsillo los casi 30.000 euros a los que asciende la interposición de estos recursos.
Igualmente, los portavoces de ambas formaciones han presentado sendos escritos por los que recusan tanto al alcalde, como a los tenientes de alcalde y al secretario de la corporación, en la participación en dicho pleno, pues son parte interesada en el expediente por el que se les exige responsabilidad patrimonial (art. 28.2.b de la LPAC).
Mencey Navarro e Isabel Santiago manifestaron que no podemos tolerar este modo de actuar, tan a la ligera y despreocupado, con el que el grupo de gobierno del PP moganero toma las decisiones, sobre todo, si estas decisiones suponen un “atraco” a las arcas públicas, que se sustentan con los impuestos de todos los vecinos de Mogán.
