NC-BC presenta 34 enmiendas a la ley de vivienda vacacional para proteger a las familias en zonas turísticas
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha registrado un total de 34 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas —la conocida ley de vivienda vacacional— con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y proteger a miles de familias residentes en zonas turísticas de Canarias. Las diputadas canaristas Esther González y Natalia Santana presentaron estas propuestas este martes en el Parlamento de Canarias, subrayando que el texto actual “ni resuelve el acceso a la vivienda ni respeta la realidad social y jurídica de miles de familias canarias”.
NC-BC sostiene que la norma promovida por el actual Gobierno autonómico (coalición CC-PP) “ha errado el tiro” en su planteamiento. Según denunciaron González y Santana, la nueva ley no solucionará la falta de vivienda asequible en los municipios turísticos ni llegará a regular de forma justa el alquiler vacacional; por el contrario, advierten de que podría incluso agravar el problema habitacional. Las parlamentarias critican que el proyecto “criminaliza a miles de familias” canarias que utilizan legítimamente sus inmuebles en suelo turístico, mientras “concentra el poder en los de siempre” — en alusión a los grandes operadores hoteleros — También señalan que la ausencia de una moratoria antes de la aprobación de la ley ha disparado en torno a un 40% las solicitudes de nuevas viviendas vacacionales, generando el efecto contrario al deseado.
“Regular la vivienda vacacional, sí, pero no de esta manera”, declararon tajantes las diputadas en rueda de prensa. NC-BC se declara a favor de establecer orden y límites al alquiler vacacional, pero “no de esta manera”, insistieron, abogando por “poner límites al descontrol” en lugar de mantener “en el limbo jurídico a miles de viviendas”. A continuación, detallaron una serie de medidas alternativas mediante enmiendas, dirigidas a corregir los aspectos más polémicos del proyecto de ley.
Principales propuestas de NC-BC
Las enmiendas registradas por NC-BC incorporan diversos cambios para garantizar los derechos de los residentes y evitar abusos en el alquiler vacacional, entre ellos:
- Derecho a la residencia habitual en suelo turístico: reconocimiento explícito de que las familias que llevan años viviendo en zonas turísticas puedan seguir residiendo en sus viviendas como hogar habitual.
- Protección de segundas residencias en áreas mixtas: creación de un régimen específico para primeras y segundas viviendas situadas en suelos mixtos (turístico-residenciales), muy comunes en los municipios del sur de las islas.
- Límites en zonas tensionadas: limitación objetiva de la oferta de alquiler vacacional en las zonas residenciales tensionadas (áreas con alta demanda y escasez de vivienda) para prevenir la expulsión de residentes por efecto de la demanda turística.
- Evitar la conversión masiva a uso vacacional: prohibición de transformar edificios o bloques completos de un único propietario en alojamientos vacacionales, impidiendo así la conversión masiva de vivienda residencial en turística.
- Distinción entre pequeños y grandes tenedores: diferenciación legal en el tratamiento de los pequeños propietarios particulares frente a los grandes tenedores o empresas, de forma que la normativa no penalice por igual a familias con una sola vivienda que a operadores inmobiliarios con múltiples propiedades.
Asimismo, NC-BC rechaza la idea de vetar el alquiler vacacional en inmuebles clasificados fuera de ordenación cuando estos puedan integrarse en su entorno urbano, recordando que la condición de fuera de ordenación “no es sinónimo de ilegalidad”. Esta aclaración busca evitar que se considere ilícito el uso residencial o vacacional de determinadas viviendas por meros tecnicismos urbanísticos.
En sus declaraciones, Esther González enfatizó que “otra ley es posible”, defendiendo una normativa alternativa que respete a quienes residen o han heredado propiedades en municipios turísticos, reparta de forma más justa la riqueza generada por el sector y ataque las verdaderas causas de la tensión habitacional. Según González, el enfoque debería centrarse en combatir “la especulación y la falta de una política real de vivienda pública o a precios asequibles”, en vez de culpabilizar a las familias residentes. En línea con este argumento, NC-BC advirtió que el proyecto actual “nace muerto” al repetir errores del pasado y perpetuar un modelo excluyente que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. Como ejemplo de la desconexión del texto con la realidad social, NC-BC aludió a una reciente sentencia judicial favorable a una propietaria de un apartamento turístico en Gran Canaria que había sido sancionada por residir en él: la vecina recurrió la multa y los tribunales le dieron la razón, reconociendo la legalidad del uso residencial en suelo turístico. Este fallo judicial refuerza la posición de los canaristas de que la ley debe adaptarse a la realidad social y jurídica existente.
Respaldo institucional y ciudadano en San Bartolomé de Tirajana
El municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) –que abarca enclaves como Maspalomas y Playa del Inglés– es uno de los escenarios donde esta problemática cobra especial relevancia. En esta localidad del sur de la isla surgió la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), que reúne a numerosos vecinos propietarios de apartamentos en suelos de uso turístico. Este colectivo ciudadano lleva años defendiendo el derecho a la residencia en dichas zonas y reclamando seguridad jurídica para las familias, oponiéndose a que se les obligue a abandonar sus hogares por imperativos legales. De hecho, la PALT celebró como “una victoria jurídica” y “un acto de justicia” una reciente sentencia que reconoce la legalidad del uso residencial en suelo turístico, al considerar que cientos de propietarios ejercen su derecho a vivir en sus viviendas sin incurrir en infracción alguna. Dicha resolución judicial –la misma citada por NC-BC– supuso un hito en la defensa del derecho de propiedad y de la libertad de residencia en municipios turísticos.
A nivel institucional, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también ha mostrado apoyo expreso a estas reivindicaciones sociales. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha trabajado junto a la PALT para trasladar las demandas de los afectados a las administraciones insular y autonómica. En junio de 2024, Marichal acompañó a representantes de la plataforma a una reunión en el Parlamento de Canarias, donde abogaron por una Ley de Turismo “socialmente sostenible” que no provoque el desplazamiento forzoso de la población residente de las zonas turísticas. En ese encuentro se enfatizó la importancia de respetar la libertad de residencia, el derecho a una vivienda digna y la confianza legítima de quienes invirtieron en apartamentos en áreas turísticas, evitando que se impongan multas “sin sentido” a pequeños propietarios particulares.
La portavoz de la PALT, Maribe Doreste, ha agradecido públicamente el respaldo del consistorio sureño y el “enfoque inclusivo” de Marichal, señalando que su postura –favorable tanto a quienes explotan turísticamente sus propiedades como a quienes optan por el alquiler de larga duración o la residencia– es fundamental para lograr un modelo turístico sostenible e integrador en el municipio. Tanto la plataforma vecinal como el gobierno municipal coinciden en que el turismo debe desarrollarse respetando la identidad de la comunidad local, “evitando convertirnos en actores de un parque temático”, y permitiendo la convivencia armónica entre la industria turística y la vida residencial.
Las propuestas de NC-BC presentadas en el Parlamento conectan directamente con esta realidad de San Bartolomé de Tirajana. Al reconocer el derecho de los vecinos a permanecer en sus viviendas ubicadas en suelo turístico y al enfocar la regulación en combatir la especulación en vez de penalizar a los pequeños propietarios, las enmiendas canaristas buscan que la futura normativa autonómica tenga en cuenta la complejidad territorial y social de los destinos turísticos. De este modo, se pretende lograr un equilibrio entre el desarrollo turístico y la protección de las familias residentes, un objetivo compartido tanto por los colectivos ciudadanos como por las instituciones locales del sur de Gran Canaria.
