NC solicita a Onalia Bueno copia del informe que justifique el recurso ante el Supremo contra la anulación de Plan de Modernización de Costa de Mogán
- La formación nacionalista progresista sostiene que “este recurso podría acarrear mayores indemnizaciones y perjudicaría gravemente a las arcas municipales”
- NC exigirá responsabilidad patrimonial al concejal de urbanismo y a la alcaldesa para que sean ellos los que abonen las posibles indemnizaciones
El concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, ha manifestado reiteradamente que la intención del Ayuntamiento de Mogán es la de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la Sentencia dictada el pasado 3 de noviembre por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario, que tumba el Plan de Modernización de Costa de Mogán, por incurrir en los mismos errores que supusieron la nulidad tanto del plan de playa de Mogán como el de Maspalomas, informa Nueva Canarias (NC) en una nota de prensa.
NC ha recordado que la decisión de recurrir o no cualquier sentencia judicial debe estar sustentada en un informe técnico que aconseje adoptar dicha decisión. “La decisión arbitraria, basada en la simple voluntad de la alcaldesa sería ilegal”.
En este sentido, la formación local nacionalista progresista ha presentado un escrito ante el registro municipal solicitando copia del informe que debe haberse emitido al respecto, y en el que los responsables políticos sustenten su decisión.
A pesar de la situación de nulidad del Plan de Modernización de Costa de Mogán, “el concejal de Urbanismo, se ha reafirmado en la intención de seguir adelante con la tramitación de 24 convenios urbanísticos más, junto a sus respectivas licencias, no solo aludiendo a la no firmeza de la Sentencia, sino a que está obligado a dar tramite a las pretensiones de los promotores por los derechos que le genera el plan”, aclara NC.
Para NC, es evidente que “el concejal esta faltando a la verdad de forma descarada”, pues es de público conocimiento que en el momento de la aprobación del plan, este no incluía ni un solo convenio urbanístico firmado, por lo que no existen derechos reconocidos a terceros más allá de los generados a partir de la firma de los convenios urbanísticos que han sido tramitados, única y exclusivamente bajo el mandato de Onalia Bueno. Es decir, que son los convenios y no el plan de modernización los que sí generan derechos a terceros.
Dicho esto, desde NC a través de su portavoz Isabel Santiago, se ha recordado al concejal de Urbanismo Mencey Navarro, el contenido de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo en relación a los efectos que despliegan las sentencias de nulidad de documentos de planeamiento, y las consecuencias indemnizatorias que podrían derivarse de seguir concediendo licencias al amparo de los mismos. Así lo recoge la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 17 de septiembre de 2008 y que reconoce eficacia inter partes a las sentencias que declaran la nulidad de un plan, de forma que la Administración autora de dicho plan no puede adoptar actos de aplicación del mismo (por ejemplo, la concesión de una licencia) mientras se sustancie el recurso de casación.
Ante esta más que probable “actuación temeraria e irresponsable” del concejal de Urbanismo, que insiste en dar continuidad a la tramitación de convenios y licencias al amparo de un plan declarado nulo, desde NC se ha presentado un segundo escrito en el que advierte a la alcaldesa Onalia Bueno y a Mencey Navarro, de que en el caso de que el Tribunal Supremo confirme la nulidad, y esto implique tener que indemnizar a los promotores con cargo a las arcas públicas, la formación nacionalista exigirá que se inicie el proceso de responsabilidad patrimonial para que sean los políticos y no los ciudadanos de Mogán, los que asuman con cargo a su patrimonio personal el pago de las indemnizaciones.
Según ha expresado la concejala de NC Isabel Santiago “lo prudente, ante una sentencia como esta, es suspender la tramitación de licencias y convenios para evitar graves problemas a los inversores y al municipio”.
Desde NC desean que esta sentencia, de cuyas consecuencias advertieron en 2015 y 2017, no suponga ni la destrucción de puestos de trabajo, mas de 2000 empleos directos e indirectos, ni la ejecución de millonarias indemnizaciones. “Es un mazazo para el municipio, y consecuencia de la irresponsabilidad y soberbia con la que actúa Onalia Bueno”, sentencia Isabel Santiago.
