Los concejales de NC denuncian un presunto fraude en el servicio municipal de tanatorios y cementerios
Samuel Henríquez, Ángel López, Elena Espino y Mercedes Díaz (foto), ediles de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, han destapado un presunto fraude en el servicio municipal de tanatorios y cementerios “donde se pretende cobrar de forma ilegítima a los vecinos una tasa de 30 euros por el mantenimiento anual de los nichos funerarios”, informa NC en una nota de prensa.
Los propios concejales de Nueva Canarias acudieron a los documentos oficiales para analizar el problema y descubrieron que en el presupuesto de 2016 en el apartado de ingresos no se contemplaba el dinero que se estaba recaudando en el cementerio municipal a razón del mantenimiento de los nichos.
La concejala Mercedes Díaz trasladó esta cuestión al pleno de la corporación anunciando el malestar de los vecinos y las extrañas circunstancias en las que se estaba cobrando dicho servicio. El alcalde contestó a la pregunta de Mercedes Díaz argumentando que “ya tiene abierto varios expedientes administrativos sancionadores a la empresa funeraria Alianza Canaria S.L.” Además el propio alcalde dijo en el pleno que el cobro de 30 euros por el mantenimiento de los nichos era “ilegítimo”.
Sin embargo, el Ayuntamiento de San bartolomé de Tirajana, que según las palabras del alcalde en el pleno sabía lo que estaba pasando, no ha alertado a los vecinos del “presunto fraude que se está cometiendo con este cobro”. De hecho, los concejales de Nueva Canarias tienen constancia de que durante la tarde del lunes 10 de julio de 2017, “se seguía exigiendo a los vecinos ilegítimamente los 30 euros”, afirma la formación nacionalista progresista.
Para ofrecer una visión global del problema NC aclara que dicho servicio tiene un coste de 6 euros en Santa Lucía y 3 euros en Agüimes. La comparación con los 30 euros que ya han debido pagar varios vecinos de nuestro municipio resulta odiosa. Sin lugar a dudas estas son las consecuencias de tener al PP gobernando y privatizando los servicios públicos, sentencia NC.
